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Legislativo

Diputados siguen sin dar de baja el decretazo de Milei que padece el país

La fecha para el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados aún no está definida y, según aseguran fuentes parlamentarias, es probable que la sesión no sea convocada hasta que se apruebe o rechace la nueva versión de la Ley Bases que el Gobierno nacional presentó en el Congreso.

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La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación sin precedentes en la economía argentina se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que aún no ha definido una fecha para su tratamiento, mientras los legisladores opositores buscan garantizar el quórum frente un Congreso dividido, el oficialismo se concentra en conseguir apoyos para aprobar una nueva versión de la Ley Bases.

La fecha para el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados aún no está definida y, según aseguran fuentes parlamentarias, es probable que la sesión no sea convocada hasta que se apruebe o rechace la nueva versión de la Ley Bases que el Gobierno nacional presentó en el Congreso.

El éxito o el fracaso de este proyecto va a condicionar lo que ocurra con el DNU –si no logra ser tratado antes para su tratamiento- y podría ser determinante especialmente en los sectores más indecisos.

Hasta el momento,  los apoyos y rechazos están divididos y depende en gran medida de cuáles sean las posturas que adopten los  distintos integrantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF).

A pesar de que el Gobierno se ha mostrado públicamente confiado en que el DNU no va a ser “volteado”, por el momento se niega a garantizar el quórum para su tratamiento. 

Tras el rechazo expresado en el Senado y la caída del primer proyecto de ley Bases, la estrategia oficialista pareciera ser la de postergar indefinidamente un debate sobre esa normativa firmada por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023. 

Las críticas al DNU

Los rechazos que estarían garantizados son los 99 votos que corresponden al bloque de Unión por la Patria (UxP), los cinco de los legisladores del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), y los diputados Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón, que integran la bancada de HCF, y un sector de la UCR referenciado con el senador nacional y titular del partido Martín Lousteau.

“Hay un número importante de diputados que entendemos que debe ser rechazado, pero en la última sesión de movilidad jubilatoria no alcanzamos a los 129 diputados para sesionar. No estamos lejos, difícilmente alguien dé quórum y vote a favor del DNU”, afirmó Fein en declaraciones a Somos Télam a la vez que advirtió que “es fundamental seguir conversando” para lograr el rechazo.

“Es grave que un Gobierno que le dio la espalda al Congreso haya degradado la función del Parlamento y que ha sido descalificatorio, se maneje exclusivamente por DNU. Son mecanismos que plantean saltear uno de los poderes de la democracia que es el legislativo. Es un sistema muy cuestionable”, añadió Fein.

La legisladora socialista advierte que solo puede expresar opinión en su nombre y en el de sus compañeros del partido (el socialismo santafesino), ya que el resto del bloque de HCF mantiene posturas distintas respecto al DNU, que se evidencian en la cercanía que mantiene el presidente de esta bancada, Miguel Ángel Pichetto, con el Gobierno.

Esteban Paulón, uno de los que se manifestó en contra del DNU. /Foto X@EstebanPaulon

La semana pasada, UxP, el FIT-U y el Partido Socialista convocaron en la Cámara Baja a decenas de constitucionalistas para exponer sobre la inconstitucionalidad del DNU donde también participaron cinco diputados de la UCR (Pablo Juliano, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti, Pedro Galimberti y Marcela Coli).

El radicalismo se encuentra muy dividido respecto a qué postura adoptar frente al Decreto. Luego que Lousteau votara su rechazo en la Cámara Alta, el partido emitió un comunicado respaldando esta decisión del economista.

La postura expresada en el comunicado va en sentido contrario a los legisladores que votaron ratificar el DNU en el Senado y a pesar de otras posturas como la expresada públicamente por el jefe del bloque en la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo.

En ese marco, fuentes partidarias aseguran que por el momento “todos los diputados de la UCR están abocados a la nueva Ley Ómnibus” y desconocen hasta qué punto pueden escalar las tensiones internas y diferencias de posturas dentro del bloque.

Por su parte, desde el FIT-U insisten en que la sesión debe ser convocada rápidamente, independientemente de si esté o no garantizado el quórum.

“No depende de nuestra voluntad, pero se puede llamar todas las semanas y esto serviría para que queden en evidencia quienes no se quieren sentar. Ahora están todos cómodos porque no dicen ni que sí, ni que no, pero el DNU debería ser declarado nulo. Para lograrlo tiene que haber movilización de los trabajadores que genere presión en los diputados”, aseguró el legislador del FIT-U Christian Castillo a este medio.

La vigencia del decreto

Lo que finalmente ocurra en la Cámara de Diputados será determinante para el DNU. Este martes la Corte Suprema rechazó los planteos contra la totalidad del Decreto presentados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo.

También piden que el tribunal supremo se pronuncie sobre la bicameralidad del rechazo al DNU.
La Corte rechazó los planteos en general contra el DNU.

 El resto de las presentaciones en la justicia son realizadas sobre capítulos en particular como ocurrió la modificación de las leyes laborales que por el momento se encuentran frenadas gracias a una medida cautelar dictada en enero por la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo.

En esa línea, la Cámara Nacional del Trabajo volvió a declarar este jueves la inconstitucionalidad del capítulo que contempla la reforma laboral a raíz de un amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico.

Sin embargo, los otros capítulos del Decreto que desregulan la economía siguen vigentes y habilitaron –entre otros puntos- aumentos en el precio de los alquileres, medicamentos, comida y cargos en las tarjetas de crédito.

Uno de los puntos más controversiales fue la modificación que habilitó a las prepagas a disponer subas en los precios de las cuotas. Luego de que  el ministro de Economía, Luis Caputo, expresara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, el Gobierno dio marcha atrás e intervino para retrotraer los aumentos dictados a partir de diciembre de 2023 y reajustar las cuotas teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida adoptada contradice la postura del Gobierno que defiende la autorregulación del mercado a toda costa, un argumento que fue clave en la elaboración del DNU y que el oficialismo tendrá dificultades para mantener cuando eventualmente deba debatir en la Cámara Baja.  FUENTE: somostelam.com.ar

Legislativo

La definición de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado

El oficialismo cuenta los porotos y espera un tratamiento express. Los senadores ya ponen reparos en el voto articulado de ambos proyectos.

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Los senadores que podrían inclinar la balanza en favor del Gobierno en la votación general.

El Senado de la Nación iniciará este martes el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal en comisiones, luego de que obtuvieran la media sanción de la Cámara de Diputados el martes pasado. En este contexto, el oficialismo ya comenzó con el juego de seducción para abroquelar una mayoría que le permita contrarrestar a los 33 senadores que componen el bloque kirchnerista sobre 72.

La Libertad Avanza arranca con la cancha más que inclinada con siete senadores. A este pelotón, al menos para la votación de ambos proyectos en general, contaría con el apoyo de los seis del PRO y de, al menos, 11 de la Unión Cívica Radical (UCR), de un bloque compuesto por 13. Las dudas en el radicalismo marchan por la postura que podrían adoptar tanto Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

A estos dos, se le suman los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ambos responden directamente al gobernador Claudio Vidal, quien ya le mostró los dientes al Ejecutivo en marzo, durante la votación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Por su parte, los misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que pertenecen al Frente Renovador de la Concordia Social, también tendrán un rol preponderante. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó un guiño para la Casa Rosada y llamó a «no entorpecer el camino del Gobierno».

Mientras tanto, los de Unidad Federal (peronismo no kirchnerista) todavía no manifestaron ni dejaron entrever sus posiciones para la votación en general. Se trata de Edgardo Kueider (Corrientes) y Carlos Espínola (Entre Ríos). El bloque también lo integra Alejandra Vigo (Córdoba) quien se inclinaría por la afirmativa.

Por otro lado, el bloque Cambio Federal, que lo integran las senadoras Andrea Cristina y Edith Terenzi (ambas de Chubut) y el senador Juan Carlos Romero (Salta). De estos tres porotos (en la votación general), dos acompañarían al oficialismo: Cristina y Romero. Terenzi, en duda. Fue una de las que se plegó al rechazo del DNU.

En este contexto, quedan los unibloques de Comunidad Neuquén, en representación de Lucila Crexell (Neuquén); Juntos Río Negro con Mónica Silva (Río Negro) y Por la Justicia Social con Beatriz Ávila (Tucumán). De los tres votos, el Ejecutivo encontraría apoyo en general de Silva y Ávila.

Por lo que el poroteo, para la votación general en favor del Gobierno, quedaría con 29 escaños casi asegurados: Cambio Federal (2); PRO (6); Juntos Somos Río Negro (1); La Libertad Avanza (7); Por la Justicia Social (1); Unidad Federal (1); UCR (11). Son 10 los votos que aún están en aire y por los que el Ejecutivo deberá negociar para contrarrestar los 33 del kirchnerismo.

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