★ La administración libertaria planea presentar durante las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de reforma laboral que tiene como ejes centrales la habilitación de acuerdos con pérdida de derechos salariales y la limitación del derecho de huelga. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien trabajó durante 35 años como abogado del Grupo Techint, es uno de los principales arquitectos de la iniciativa junto a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo.

La estrategia oficial consiste en utilizar como punto de partida el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez, una iniciativa que recicla varios artículos del capítulo laboral del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia del Trabajo tras un amparo de la CGT en enero de 2024.

La desarticulación de las negociaciones colectivas

El objetivo central de la reforma pasa por atomizar las negociaciones paritarias hasta ahora concentradas en los sindicatos de alcance nacional por rama de actividad. El proyecto prevé dar prioridad a los convenios por empresa o región sobre los acuerdos nacionales, lo que implica la pérdida del poder centralizado que mantienen los sindicatos y empodera a las comisiones internas en las compañías.

Este cambio representa una inversión de la jerarquía normativa vigente: en lugar de que los convenios nacionales establezcan pisos mínimos que no pueden ser perforados por acuerdos de menor alcance, los convenios de ámbito menor (empresa o regionales) se impondrían sobre los convenios de actividad.

Salarios «dinámicos» y aumentos reversibles

Los salarios pasarían de tener un piso obligatorio basado en la evolución inflacionaria a ser un mero indicio de la base de ingresos. El esquema de «salarios dinámicos» que promueve el Gobierno implica un valor general atrasado contra la inflación, con la posibilidad de incorporar premios por productividad o estímulos destinados a trabajadores de mejor rendimiento.

La reforma también incorporaría la noción de subas reversibles o a plazo fijo, que dejarían de ser la base de la siguiente negociación. El secretario Julio Cordero busca que las paritarias se discutan por productividad y por empresa, un modelo similar al implementado en la década de los noventa durante el gobierno de Carlos Menem.

El fin de la irrenunciabilidad de derechos

Uno de los puntos más críticos es la eliminación del principio de irrenunciabilidad, una garantía inherente a la legislación laboral argentina que prohíbe la firma de contratos individuales o colectivos peores que los vigentes. Este criterio asume como constitutiva la desigualdad de fuerzas entre el capital y el trabajo, una distinción que los libertarios rechazan.

Con el fin de esta salvaguarda, se dejaría a las partes «la libertad» para modificar condiciones por otras peores para los asalariados, lo que en la práctica habilitaría acuerdos con pérdida de derechos conquistados.

Limitación de la ultraactividad y cuotas solidarias

El proyecto mantiene la ultraactividad para las denominadas cláusulas normativas que definen condiciones de trabajo, pero las cláusulas obligacionales (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos) se caerían al vencimiento del convenio. Para la CGT, esta medida «rompe la paz social y desarticula acuerdos históricos».

En cuanto al financiamiento sindical, el proyecto establecería que no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente, lo que afectaría directamente la estructura financiera de los sindicatos. Mientras Sturzenegger impulsa fervientemente su eliminación, funcionarios como Cordero entienden que esto implicaría una confrontación total con el sindicalismo.

El cerco al derecho de huelga

La reforma insistirá con el contenido del DNU 340/2025 que la CGT logró frenar con un amparo en la Justicia laboral. La jueza Moira Fullana suspendió los artículos 2 y 3 del decreto que ampliaba al máximo las actividades consideradas «esenciales» y establecía una prestación mínima del 75% en una huelga para esos rubros.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de primera instancia que suspende el DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo se excedía en sus facultades y vulneraba el principio de división de poderes.

El decreto también creaba una nueva figura, la de «actividades de importancia trascendental», obligadas a garantizar un 50% de prestación ante una medida de fuerza. La CGT señaló que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto sino a través de ley sancionada por el Congreso.

Extensión de jornada y fraccionamiento de vacaciones

Para ambos ítems la reforma prevé flexibilizaciones supuestamente voluntarias mediante acuerdo entre el empleador y el dependiente. Se introduce la figura del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral en base a promedios semanales, pensados para extender hasta 12 horas una jornada que actualmente está limitada a 8 horas diarias.

También se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes. La CGT teme posibles abusos del sector empleador y la virtual eliminación de las horas extra.

La posición de la CGT y el rol del Consejo de Mayo

Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, integra el Consejo de Mayo en nombre de la CGT, pero hasta ahora rechazó las principales propuestas del proyecto. En un comunicado, Martínez expresó que «la pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta que fue oportunamente rechazada por la CGT y judicializada con éxito».

El dirigente de la UOCRA señaló que «en las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23».

El Gobierno quiere que la reforma laboral esté terminada el 15 de diciembre en el Consejo de Mayo para que se debata en las sesiones extraordinarias del Congreso. La nueva conducción de la CGT se reunió para definir la estrategia frente a un texto que, según advierten sus dirigentes, recupera medidas del DNU 70 que el sindicalismo ya rechazó y logró frenar en la Justicia.

Los antecedentes judiciales

El camino de confrontación judicial no es nuevo para esta administración. En enero de 2024, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 mediante una medida cautelar a pedido de la CGT. Posteriormente, la Sala de feria de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucional toda la reforma laboral del capítulo IV del DNU 70/2023.

Los fallos argumentaron que no sólo no había impedimento para que sesionara el Congreso, sino que cuatro días antes de que el DNU entrara en vigencia ya había empezado el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente, por lo que no se daban los requisitos excepcionales para que el Ejecutivo ejerciera funciones legislativas.

El presidente Javier Milei imaginó el proyecto como un atajo para incorporar a la formalidad a cerca de 8 millones de trabajadores que están en la economía informal, como paso previo antes de avanzar con una reforma tributaria. Sin embargo, Gerardo Martínez subrayó que el capítulo laboral del acuerdo con Estados Unidos establece que Argentina debe prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y reforzar el cumplimiento de leyes laborales, lo que podría contradecir convenios de la OIT sobre libertad sindical y derecho de huelga.

Puntos clave de la reforma laboral libertaria:

• Desarticulación de paritarias nacionales: prioridad de convenios por empresa o región sobre acuerdos nacionales
• Salarios «dinámicos»: aumentos atados a productividad individual y no a inflación, con posibilidad de subas reversibles
• Fin de la irrenunciabilidad: habilitación de acuerdos con pérdida de derechos
• Limitación de ultraactividad: caída de cláusulas obligacionales al vencimiento de convenios
• Restricción del derecho de huelga: 75% de prestación mínima en servicios esenciales, 50% en actividades de «importancia trascendental»
• Jornada extendida: bancos de horas que permitirían jornadas de hasta 12 horas
• Fraccionamiento de vacaciones: períodos de al menos 7 días con supuesto acuerdo de partes
• Cuotas solidarias: eliminación de aportes obligatorios de no afiliados