Judiciales ⚖️
«No soporto más», dijo Carrizo a los jueces, y la querella pidió confirmar su procesamiento
«No soporto más», dijo Carrizo a los jueces de la Cámara Federal porteña en unas breves palabras dichas de manera presencial en los tribunales de Retiro luego de más de dos horas de audiencia, en la que se escuchó el planteo de la querella de la Vicepresidenta para que se confirme su procesamiento como supuesto partícipe secundario del intento de asesinato del 1 de septiembre último.
Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, dijo hoy a los jueces que no soporta más estar preso y que los mensajes referidos al atentado fueron producto de su «humor negro», al tiempo que la querella que representa a la Vicepresidenta reclamó que se confirme su procesamiento y el de otra acusada, Agustina Díaz.
«No soporto más», dijo Carrizo a los jueces de la Cámara Federal porteña en unas breves palabras dichas de manera presencial en los tribunales de Retiro luego de más de dos horas de audiencia, en la que se escuchó el planteo de la querella de la Vicepresidenta para que se confirme su procesamiento como supuesto partícipe secundario del intento de asesinato del 1 de septiembre último.
La defensa de Carrizo pidió por su parte que se le otorgue «la libertad total» o se morigere su detención con, por ejemplo, una prisión domiciliaria, y que se declare la nulidad del procesamiento.
La defensa de Díaz reclamó a su turno que también se revoque el procesamiento por «prematuro» y «antojadizo» y se disponga su inmediata libertad, mientras que la querella también reclamó confirmar el procesamiento.
Por la mañana, Carrizo fue trasladado desde la cárcel donde cumple prisión preventiva, mientras Díaz siguió durante casi tres horas la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens escucharon al abogado Marcos Aldazabal, por la querella de la Vicepresidenta, y a los defensores de los dos detenidos: Gastón Marano, en el caso de Carrizo, y Javier Molina, por Agustina Díaz.
El tercer integrante de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, no asistió a la audiencia en el segundo piso de Comodoro Py 2002 por estar de licencia, pero luego tendrá acceso a su grabación, antes de resolver si confirman los procesamientos con prisión preventiva que dictó la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
«Estoy ahí encerrado, pensando todos los días por qué hice una joda así. Yo pensé que Brenda (Uliarte, otra de las detenidas) no tenía nada que ver», dijo Carrizo de frente a los jueces en breves palabras al final de la audiencia.
El dueño de la máquina con la que se fabricaban copos de nieve que vendían los detenidos como coautores del intento de homicidio -Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma y su novia Uliarte- dijo que esta última «vino con otra versión»
«Nunca sospeché, yo quiero irme de ahí (por la cárcel). No soporto más», dijo a los jueces, sentado en una de las cabeceras de la mesa ovalada de la sala de audiencias en cuyo lado opuesto se ubicaron los magistrados.
Carrizo dijo además que las personas que lo conocen «saben el tipo de humor que tengo. He hecho peores bromas, no soy lo que dicen los medios».
Después del atentado y de la detención en el lugar de Sabag Montiel, Uliarte «decía que tenía que visitar a Nando» en la cárcel cuando en días posteriores el grupo de vendedores de copos de nieve planeaba «trabajar en la costa en enero»
Desde el penal de Ezeiza, Agustina Díaz se dirigió a los jueces para pedirles que «tomen la decisión adecuada» y que le permitan «volver» a su casa con su familia.
«Mis papás en ningún momento me dejaron sola, pido volver con mi familia», concluyó.
Al inicio de la audiencia, poco después de las 10, el abogado de la Vicepresidenta, Marcos Aldazabal, sostuvo que «está más que acreditada» la intervención de Carrizo como partícipe secundario en el hecho.
La querella de Cristina Fernández pidió «rechazar nulidades» que plantea la defensa de Carrizo porque «se respetaron todas las garantías constitucionales» del debido proceso y consideró que el imputado «está inmerso en la planificación del hecho».
«La planificación existió y fue relevante; a medida que avance la investigación esperamos que se esclarezcan más cosas», sostuvo el letrado al fijar la postura de la querella que representa en esta audiencia.
Aldazabal postuló como querella en que se rebaje el embargo impuesto a cada acusado y que se descarte la figura de la «alevosía» en lo ocurrido pero que la decisión se confirme en todo lo demás.
Por su parte, Javier Molina, abogado de Díaz, pidió que se revoque el procesamiento al alegar que «no sabía lo que estaba pasando» en relación a la planificación de un ataque contra la expresidenta.
Por eso, el letrado reclamó que «se revoque el procesamiento, se recaratule como encubrimiento y se la excluya de punibilidad» en virtud de su relación de amistad cercana con Uliarte y se ordene la inmediata liberación.
«Ella no es parte de nada» y sus mensajes con Brenda Uliarte, su amiga procesada como coautora del intento de magnicidio, no prueban un rol de partícipe secundario «de un delito de esta gravedad institucional»
«A la jueza le faltó coraje» para dictarle la falta de mérito y liberarla, dijo además sobre el procesamiento que dictó Capuchetti.
El abogado sostuvo que Díaz y Uliarte eran amigas y se preguntó: «Uno no puede tener un amigo mentiroso?» sobre los mensajes que intercambiaban por WhatsApp vinculados a la decisión de Uliarte de atentar contra la Vicepresidenta.
Díaz es la amiga de Uliarte que después del ataque fallido contra Fernández de Kirchner le sugirió que borrara toda la información de su celular y que, según los mensajes que intercambiaron en el sistema de mensajería WhatsApp, sabía que ella había adquirido una pistola.
En tanto, Gastón Marano, abogado de Carrizo, proclamó la inocencia de su defendido y aseguró que en su procesamiento «se violaron sus garantías constitucionales»
«Está en un estado de indefensión absoluta. No hizo ningún aporte para el hecho», señaló el abogado, y pidió que se dicte la nulidad del procesamiento y se dicte en todo caso la falta de mérito «hasta poder producir la prueba faltante como citaciones de testigos y acceso a legajos reservados»
Sobre los mensajes de WhatsApp que se encontraron en su celular y fundamentaron su procesamiento la defensa de Carrizo dijo lo mismo que el acusado: que se trató de «humor negro» en el marco de intercambios con un grupo que manejaba los mismos códigos
Carrizo ingresó a la sala de audiencias de la Cámara Federal porteña en el segundo piso de Comodoro Py 2002 en medio de un estricto operativo de seguridad y protegido por efectivos del Servicio Penitenciario Federal que lo taparon con dos escudos.
El acusado permaneció sentado a la misma mesa junto a los abogados y jueces, salvo en un breve cuarto intermedio en el que pidió ser trasladado a un baño, lo que se concretó en medio de una fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal.
Díaz y Carrizo están procesados con prisión preventiva por la jueza Capuchetti como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicidio del 1° de septiembre.
La magistrada consideró al procesarlos que «los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».
La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» con embargos por 100 millones de pesos a cada uno.
Sagab Montiel, quien gatilló el arma contra la Vicepresidenta sin que saliera el disparo, y su novia Uliarte no apelaron los procesamientos, que ya quedaron firmes, ni las prisiones preventivas, por decisión de sus defensas oficiales. En su caso quedaron acusados como coautores del intento de homicidio.
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El juez Mahiques denuncia “persecución mediática” y amenaza con querellar a periodistas críticos
El padre del ministro de Justicia denunció «acoso y persecución mediática» ante el tribunal de Diego Barroetaveña. Pero el historial del magistrado habla por sí solo: un vuelo privado con directivos del Grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis, un operativo de encubrimiento con facturas apócrifas, una cumpleaños en la quinta del tesorero de la AFA mientras tramitaba su causa, y un hijo ministro que le extendió el mandato por cinco años más. El «Partido Judicial» en su versión más cruda.
Del avión de Clarín a la quinta de Toviggino: el historial del juez que ahora denuncia “persecución mediática”
★ El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, presentó esta semana ante el tribunal presidido por Diego Barroetaveña un escrito en el que denuncia haber sufrido «acoso y persecución mediática» por parte de colegas del Poder Judicial y de periodistas que trabajan con fuentes reservadas. Calificó ese vínculo como «promiscuidad informativa», lo definió como una práctica «oportunista y mercenaria» y advirtió que podría iniciar acciones penales contra comunicadores que difundan información que considera falsa. La presentación es llamativa en sus términos. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es el contexto que la rodea: el magistrado tiene un prontuario de episodios que ninguna denuncia formal puede borrar.
El vuelo del «lawfare»: Bariloche, Joe Lewis y los directivos de Clarín
El capítulo más documentado del historial de Mahiques es el que hoy los involucrados prefieren no mencionar. El 13 de octubre de 2022, un vuelo privado operado por la empresa Flyzar partió desde el aeropuerto de San Fernando con rumbo a Bariloche. A bordo viajaban, según consta en los registros oficiales incorporados al expediente judicial, el propio Carlos Mahiques, su hijo Juan Bautista Mahiques (entonces Fiscal General de la Ciudad), los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, el exdirector de asuntos jurídicos de la ex SIDE Leonardo Bergroth y el consultor en campañas digitales Tomás Reinke. El destino final era la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, un enclave patagónico cuyo acceso al agua pública lleva años siendo disputado por comunidades locales y organismos estatales.
En el aeropuerto de Bariloche, la comitiva fue recibida por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino del fundador Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo mediático. Ambos directivos no habrían viajado en el mismo vuelo, pero las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto los muestran subiendo juntos a los vehículos con el resto del grupo, según describió la fiscal federal María Cándida Etchepare en su requerimiento de instrucción. La financiación del vuelo nunca fue aclarada: los pagos figuraron como efectuados en efectivo y el mismo día del traslado, según el mismo documento judicial.
Chats filtrados y el plan para encubrir la causa
Lo que siguió al viaje fue tan grave como el viaje mismo. Cuando el 17 de octubre de 2022 la prensa reveló el episodio, los participantes crearon grupos de Telegram para coordinar una respuesta. Según informó el sitio Litigio, fue Juan Bautista Mahiques quien ocupó un rol central en el armado de una cobertura documental falsa: los participantes acordaron juntar dinero para respaldar facturas apócrifas preparadas con fecha anterior, que la empresa que los trasladó emitiría comprobantes retroactivos y que el administrador de la estancia, Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis, haría una declaración por videoconferencia confirmando los detalles ficticios. La causa, que se había abierto y avanzado en el juzgado federal de Bariloche ante la jueza Silvina Domínguez, fue derivada exactamente a donde el grupo había discutido que convenía: Comodoro Py. Allí fue declarada nula y todos los imputados quedaron sobreseídos.
Mientras tanto, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por escrito a la magistrada de Bariloche que Carlos Mahiques no había informado el viaje, no había pedido autorización, no estaba de licencia los días 13, 14 y 15 de octubre y no había justificado su inasistencia. Ese mismo día, según estableció El Destape, el magistrado firmó 13 resoluciones desde tribunales, lo que generó además una denuncia penal por presunto falseamiento de documento público presentada por una familiar de las víctimas del ARA San Juan.
Macri lo puso «a dedo»: la génesis del problema
El origen del poder institucional de Carlos Mahiques tiene una fecha precisa. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri lo trasladó a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un mecanismo que el bloque kirchnerista calificó siempre de inconstitucional: sin concurso específico para ese cargo y por decisión directa del Ejecutivo. El senador Martín Soria lo definió en la audiencia de abril de 2026 como parte de «un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal», en referencia al conjunto de magistrados que el macrismo posicionó estratégicamente en el fuero que concentra las causas de mayor impacto político del país. La expresión que circula en los pasillos judiciales, «Comodoro Pro», sintetiza ese proceso de colonización sistemática del poder judicial por parte del espacio político que hoy se llama PRO.
El cumpleaños en la quinta de Toviggino y los lazos con la AFA
El segundo frente de exposición de Mahiques es más reciente. En febrero de 2026, la prensa reveló que el magistrado celebró su cumpleaños en una quinta vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio del proceso judicial que avanza sobre las finanzas y la gestión de la entidad. El dato es jurídicamente crítico: un juez con competencia sobre una causa no puede mantener vínculos sociales con personas investigadas o su entorno inmediato sin comprometer la imparcialidad del proceso. Tras la difusión de esas publicaciones, Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de Casación, el mismo tribunal que tiene pendiente pronunciarse en causas vinculadas a la propiedad de Toviggino, según publicó el portal Política y Medios.
Este diario documentó oportunamente que los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA no se limitan al magistrado. Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación, figura en documentación oficial como vicerrector de la UNAFA (Universidad de Fútbol Argentino), aunque según informó elDiarioAR desistió del cargo. Su hermano Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA. El entramado familiar configura una red de conflictos cruzados que ninguno de los tres ha explicado con claridad.
El hijo ministro y la prórroga del mandato paterno
El episodio más reciente y quizás el más ilustrativo de la cultura institucional del clan Mahiques es la extensión del mandato judicial. Carlos Mahiques cumple 75 años el 1° de noviembre próximo, la edad límite para ejercer la magistratura sin renovación expresa. Fue su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien impulsó el pliego para extender ese mandato por cinco años adicionales. El Senado aprobó la prórroga el 14 de mayo de 2026 por 58 votos a favor y 11 en contra, con el apoyo del oficialismo, la UCR, el PRO y sectores del peronismo aliado al Gobierno. El kirchnerismo votó en contra y rechazó el pliego por carecer, según sus propias palabras, de «las condiciones éticas, constitucionales y jurídicas para ocupar una magistratura».
Según publicó la revista Acción, fuentes del Consejo de la Magistratura advirtieron que la suma de la prórroga paterna y el control de 144 vacantes judiciales en manos del ministro podría abrir una nueva «hegemonía» del clan Mahiques sobre los tribunales clave del país, incluyendo la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal revisora de Comodoro Py.
La denuncia como operación de presión
Leída en ese contexto, la presentación de Mahiques ante Barroetaveña no puede evaluarse exclusivamente como un reclamo ante el hostigamiento mediático. Sus cuestionamientos a periodistas que trabajan con fuentes reservadas, su propuesta de sancionar ese tipo de relación entre Justicia y prensa, y su amenaza de querellas penales contra comunicadores críticos configuran, en los hechos, una operación de intimidación sobre la cobertura de sus propios conflictos de interés.
La paradoja es transparente y no requiere mayor elaboración: el juez que denuncia «promiscuidad informativa» entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es el mismo magistrado que voló en el avión privado de Clarín a la mansión de Joe Lewis, que coordinó con directivos del grupo la estrategia de encubrimiento posterior y que llegó a su cargo gracias a un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri. El «Partido Judicial» no es una metáfora: tiene nombres, vuelos, chats y decretos.
Puntos clave
- El 13 de octubre de 2022, Carlos Mahiques viajó en un vuelo privado junto a su hijo, otros jueces, funcionarios del macrismo y directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, sin informar ni pedir licencia a su tribunal.
- Chats filtrados revelaron que Juan Bautista Mahiques coordinó una cobertura documental falsa para encubrir el viaje; la causa fue derivada a Comodoro Py, donde fue anulada y todos los imputados sobreseídos.
- Carlos Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2018 mediante un traslado «a dedo» dispuesto por Mauricio Macri, sin concurso específico para el cargo.
- En febrero de 2026 se reveló que el magistrado festejó su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en medio de la investigación judicial sobre la entidad.
- Su hijo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, impulsó la prórroga del mandato paterno por cinco años, aprobada por el Senado el 14 de mayo de 2026 con 58 votos a favor.
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