Legislativo
Diputados exigen explicaciones por el contrato entre Cancillería y la esposa de Sturzenegger
Un proyecto de resolución presentado por la diputada Roxana Monzón reclama al Ejecutivo que remita «urgente y detallada» toda la documentación de la adjudicación de $114 millones a la AACI, dirigida por María Josefina Rouillet.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita «en forma urgente y detallada» toda la información y documentación respaldatoria de una contratación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 para capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.
La iniciativa, presentada por la diputada Roxana Monzón, solicita el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, además de fechas clave (convocatoria, apertura, adjudicación) y la emisión de la orden de compra.
Qué información pide el proyecto
El proyecto también exige conocer si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos para sostener el supuesto de «especialidad» y la inexistencia de otros prestadores idóneos, así como la identificación completa del adjudicatario, autoridades vigentes y antecedentes contractuales con Cancillería en los últimos diez años.
En los fundamentos, la diputada sostiene que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) por nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente.
El texto agrega que, según el acto administrativo, se justificó la decisión bajo el argumento de que la entidad sería el «único prestador» capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.
El vínculo familiar reconocido en el expediente
En ese marco, el proyecto menciona la controversia pública: señala que «distintos medios periodísticos» informaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y afirma que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un «vínculo positivo» entre una de las directoras de la asociación y el ministro.
La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que «restringe la concurrencia y competencia» y reclama conocer los criterios técnicos concretos que sostuvieron la supuesta falta de oferentes alternativos, al tratarse, según plantea, de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado.
Contraste con el discurso de austeridad
Finalmente, el texto pone el foco en el contexto fiscal («no hay plata») y contrapone el gasto comprometido, imputado a 2026, con el deterioro presupuestario de áreas sensibles, para cerrar con un pedido de transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación.
El proyecto se suma a otras iniciativas parlamentarias y denuncias sobre el caso. La senadora nacional del Justicialista (PJ), Juliana Di Tullio, anunció que presentará una denuncia formal en Comodoro Py contra Sturzenegger y su esposa por considerar «irregular» la adjudicación.
Una polémica que se multiplica
El caso del contrato a la AACI se suma a otras controversias que rodean al ministro Sturzenegger. En los últimos días, tomó estado público que el Ministerio de Desregulación avanzó con la contratación del alquiler de oficinas en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) por $720 millones para un período de 12 meses, con un canon mensual de $60 millones por cuatro pisos y 24 cocheras.
Esa contratación generó críticas por contradecir el programa «Alquiler Cero» que otras áreas del Gobierno exhiben como bandera de austeridad.
Hasta el momento, ni el ministro Sturzenegger ni autoridades de Cancillería emitieron declaraciones públicas sobre el contrato a la AACI o sobre el pedido de informes parlamentario.
Puntos clave
- La diputada Roxana Monzón presentó un proyecto que exige al Ejecutivo toda la documentación sobre el contrato a la AACI.
- El pedido incluye estudios comparativos, fundamentos técnicos y antecedentes contractuales de los últimos diez años.
- El proyecto cuestiona el procedimiento de excepción y la supuesta falta de otros oferentes en un mercado con amplia oferta educativa.
- La iniciativa se suma a la denuncia judicial que presentará la senadora Di Tullio contra Sturzenegger y su esposa.
- El caso se enmarca en una seguidilla de polémicas que rodean al ministro, incluyendo el alquiler de oficinas por $720 millones. ★
Espionaje
Ajuste para todos, menos para la SIDE: su presupuesto creció 841% y ahora trabaja para el FBI
Mientras Javier Milei invocó el legado de San Martín para justificar el combate a «enemigos externos e internos», el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado creció un 841% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación acumulada del 241,8%. El organismo que dirige Cristian Auguadra concentra casi la mitad del gasto total en inteligencia estatal, acordó una colaboración formal con el FBI y creó el Centro Nacional Antiterrorismo, el primero de su tipo en América Latina, según el propio Gobierno.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) publicó en su cuenta de X un texto que remontaba a las operaciones de espías y agentes infiltrados que San Martín desplegó antes de cruzar los Andes, y concluía que sus agentes actuales «tienen la responsabilidad de continuar su legado». La comparación no es retórica: en términos presupuestarios, el organismo que hoy conduce Cristian Auguadra atraviesa una expansión sin precedentes en la historia reciente del Estado argentino, en abierta contradicción con el discurso oficial de ajuste y «déficit cero».
El ajuste que no llegó a la inteligencia
Según los datos publicados en el sitio Presupuesto Abierto del Gobierno nacional, el presupuesto destinado a acciones de inteligencia estatal creció un 409% entre 2023 y 2026, 167 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada, que el INDEC calculó en 241,8% entre diciembre de 2023 y julio de 2026. En ese período, el monto asignado pasó de $ 66.000 millones a $ 338.000 millones, de los cuales ya se ejecutaron $ 177.000 millones al momento de publicarse este informe.
Son diez los organismos estatales con partidas asignadas a funciones de inteligencia. La SIDE encabeza ese listado con $ 146.000 millones, casi la mitad del total. Le siguen la Gendarmería Nacional ($ 53.000 millones), la Policía Federal Argentina ($ 43.600 millones), el Ejército ($ 41.000 millones), la Fuerza Aérea ($ 13.700 millones), la Armada ($ 13.100 millones), la Prefectura Naval ($ 13.000 millones), el Ministerio de Seguridad ($ 10.800 millones), el Estado Mayor Conjunto ($ 2.961 millones) y el Ministerio de Defensa, con apenas $ 617 millones; este último, paradójicamente, perdió recursos en términos nominales respecto de 2023, cuando recibió $ 702 millones.
El crecimiento más pronunciado en términos porcentuales lo protagonizó la propia SIDE, con un 841% de incremento. El Ejército la secundó con un 455% y la Armada con un 287%. En el otro extremo, el Ministerio de Defensa es el único organismo que vio reducir su asignación en términos reales, señal inequívoca de a quién le recorta y a quién le da este Gobierno cuando de seguridad se trata.
La primera decisión administrativa de 2026: la SIDE manda sobre todos
La expansión presupuestaria no es el único indicador de la concentración de poder en la SIDE. La primera decisión administrativa de 2026, publicada el 20 de enero en el Boletín Oficial, estableció en su artículo 8 que «las jurisdicciones que posean asignaciones presupuestarias destinadas a la atención de gastos de inteligencia, incluyendo los gastos reservados, deberán contar con la conformidad de la Secretaría de Inteligencia de Estado» para efectuar cualquier gasto o modificación presupuestaria. En la práctica, Auguadra pasó a tener poder de veto sobre el gasto en inteligencia de todas las fuerzas armadas y de seguridad del país.
Esa norma vino a completar la arquitectura trazada en octubre de 2025 con la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un organismo dependiente directamente de la SIDE que articula con los ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, y también con la Dirección Nacional de Migraciones. El decreto de creación justificó la medida en que «el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos y las democracias occidentales genera la necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales».
El FBI llega al país con otra agenda
El 7 de agosto de 2026, la cuenta oficial de la SIDE en X celebró el inicio de una colaboración con el FBI. «La SIDE y el FBI han alcanzado un vínculo histórico que permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo. El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina», publicó el organismo.
Sin embargo, el posteo del FBI que la SIDE compartió con evidente orgullo describía la operación con otras coordenadas: «Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras. En Argentina, el Co-Director Adjunto del FBI Andrew Bailey se reunió con el Embajador de EE.UU. Peter Lamelas y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorismo de Argentina para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero», y agregó que el objetivo era detener las amenazas «antes de que lleguen al pueblo estadounidense». La diferencia no es semántica: donde la SIDE habla de proteger a la Argentina, el FBI habla de proteger a Estados Unidos usando suelo argentino como plataforma.
Ni la SIDE ni el Gobierno aclararon los términos, el alcance ni los límites de ese «vínculo histórico». El nuevo sitio web del organismo ofrece canales de contacto para consultas, pero al cierre de esta nota no había respondido ninguna de las preguntas enviadas al respecto.
San Martín, Milei y la contradicción del guerrero sin ejército
En el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, Milei retomó la narrativa de los enemigos externos para justificar, sin nombrarlo, el crecimiento del aparato de inteligencia. «Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses», sostuvo el Presidente. Y añadió: «El instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado».
La contradicción que el Presidente no señaló es que ese desfinanciamiento ocurre bajo su propia gestión: mientras el presupuesto de la SIDE creció un 841%, el del Ministerio de Defensa cayó incluso en términos nominales. La Argentina de Milei no fortalece sus fuerzas armadas; fortalece su aparato de espionaje, lo subordina a la SIDE de Auguadra y lo pone a trabajar en sintonía con los intereses del FBI. Esa distinción, nada menor, tampoco fue explicada en el discurso presidencial.
Puntos clave
- El presupuesto total de inteligencia estatal creció un 409% entre 2023 y 2026, 167 puntos por encima de la inflación acumulada (241,8%).
- La SIDE lideró ese crecimiento con un incremento del 841% y concentra $ 146.000 millones, casi la mitad del total.
- Una decisión administrativa de enero de 2026 exige que toda jurisdicción con partidas de inteligencia cuente con la conformidad de la SIDE para gastar o modificar su presupuesto.
- El FBI y la SIDE anunciaron una colaboración formal en agosto de 2026 a través del Centro Nacional Antiterrorismo; el organismo norteamericano describió el acuerdo como una herramienta para proteger a Estados Unidos, no a la Argentina.
- El Ministerio de Defensa es el único organismo de los diez con funciones de inteligencia que perdió recursos en términos nominales respecto de 2023.
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