La suspensión por 60 días de la Ley Nacional 27.801 abrió un nuevo frente institucional en la provincia de Buenos Aires: tres sectores presentaron pedidos de juicio político contra la jueza que dictó la medida cautelar.

Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, frenó preventivamente la aplicación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense. Las presentaciones fueron impulsadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos, el senador Guillermo Montenegro, del PRO, y el abogado Alfredo Drocchi.

La cautelar que disparó las presentaciones

La resolución fue dictada el 7 de septiembre en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”. Pascual suspendió la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La magistrada también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. Funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén para implementar el nuevo régimen.

La norma había sido sancionada en febrero por iniciativa del Gobierno nacional y contemplaba un período de transición de 180 días para que las jurisdicciones adaptaran sus estructuras destinadas al alojamiento de adolescentes.

Los argumentos contra la jueza

Los pedidos ingresaron en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y plantearon un supuesto “mal desempeño en sus funciones”. Sus impulsores cuestionaron que una jueza de primera instancia suspendiera en toda la provincia una ley aprobada por el Congreso Nacional.

También objetaron el alcance de la cautelar y la fundamentación vinculada con las condiciones de los centros de alojamiento. La medida judicial se originó en un habeas corpus preventivo presentado para evitar que adolescentes fueran derivados a institutos que no cumplirían con estándares mínimos.

El miércoles anterior, la ONG Usina de la Justicia había denunciado penalmente a Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”. La entidad pidió además intervenir como amicus curiae en el expediente y calificó la resolución como “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”.

Según la organización, la jueza construyó su decisión sobre “una hipótesis de futuro”, al advertir sobre un posible aumento de adolescentes detenidos y problemas de alojamiento.

Otro fallo expuso la tensión entre tribunales

El contrapunto judicial apareció en el conurbano oeste. El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, encabezado por la magistrada Mirta Guarino, desestimó el alcance de la medida cautelar y ratificó la vigencia de la normativa en su jurisdicción, según informó Agencia NA.

Para ese tribunal, la falta de recursos físicos, las deficiencias edilicias o las restricciones presupuestarias no constituyen razones jurídicas para suspender una ley. La resolución sostuvo que esas falencias obligan a los poderes Ejecutivo y Judicial a garantizar su cumplimiento.

El choque entre ambas decisiones dejó expuesta una disputa que excede la situación de una sola jueza. La implementación del régimen penal juvenil quedó atravesada por diferencias sobre los límites de la Justicia, las responsabilidades del Estado y la protección de los derechos de adolescentes.

La discusión política detrás del expediente

Después de la cautelar, sectores del oficialismo nacional y dirigentes bonaerenses apuntaron contra el gobernador Axe l Kicillof. La presentación de los tres pedidos de juicio político sumó una herramienta institucional a una disputa que ya había escalado en declaraciones públicas.

El expediente combina una discusión sobre la aplicación de una ley nacional con una pulseada política por el alcance de las decisiones judiciales. Los pedidos no implican la destitución de Pascual, sino el inicio de un trámite cuya continuidad deberá ser evaluada por los órganos competentes.

Lo que tenés que saber:

• Tres personas presentaron pedidos de juicio político contra Marta Pascual.
• La jueza suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
• La norma baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
• El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez rechazó el alcance de la cautelar en su jurisdicción.
• La ONG Usina de la Justicia denunció penalmente a Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad.