Hasta 20 años de prisión para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Esa es la pena máxima que contempla el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados, en una iniciativa que reformula en profundidad la institucionalidad de la defensa nacional y amplía herramientas estatales para responder a amenazas externas.

La iniciativa reemplaza la vigente Ley 26.659 y extiende las prohibiciones más allá de los hidrocarburos: desde ahora abarcará cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina. Las sanciones podrán alcanzar también a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas, que quedarán inhabilitadas para operar en el país, perderán beneficios impositivos y verán rescindidos sus contratos con el Estado.

Un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita presidencial

El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado en forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá a su cargo la coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y también intervendrá en la protección de infraestructuras críticas.

La concentración de poder que supone ese Consejo no es un detalle menor: en manos del Ejecutivo quedará la facultad de disponer medidas urgentes ante lo que se califique como amenaza grave e inminente de un Estado o actor extranjero. Entre esas medidas se cuentan la restricción de operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones, la restricción de importaciones y exportaciones y la elevación transitoria de aranceles aduaneros. Las decisiones deberán ser fundadas y tener plazo determinado, pero la discrecionalidad del Ejecutivo en su aplicación queda sujeta, por ahora, solo a esas formalidades.

Fuerza letal en el espacio aéreo y marítimo

La iniciativa modifica también la Ley de Defensa Nacional e incorpora un protocolo para el uso de la fuerza en el espacio aéreo y marítimo argentino. Ante aeronaves consideradas hostiles, la secuencia prevista escala desde la identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, quien podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. Para buques, las medidas incluyen persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización; el hundimiento será la excepción, requerirá autorización presidencial y estará expresamente prohibido como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.

Influencia extranjera en la política: nuevos delitos y restricciones

El proyecto incorpora una batería de restricciones contra la injerencia extranjera en la política interna. Se prohibirán los aportes de personas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas electorales. Se tipificarán nuevos delitos: revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, con financiamiento externo, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. También se penalizará promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

La norma completa el esquema con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con los inscriptos, y con una redefinición de la Defensa Nacional que ahora abarca tanto amenazas externas estatales como no estatales.

El contexto que el proyecto no puede ignorar

La iniciativa llega al Congreso en un momento en que el propio Gobierno de Milei mantiene canales de negociación con el Reino Unido sobre el estatus de las islas, sin que el Parlamento haya intervenido en esas tratativas. Esa tensión entre el endurecimiento punitivo que propone la ley y la gestión diplomática paralela que conduce el Ejecutivo es la contradicción central que deberán debatir los legisladores: se pueden endurecer las penas por explotación no autorizada de recursos, mientras al mismo tiempo se negocia bilateralmente sin mandato parlamentario explícito. La soberanía, en el discurso libertario, parece tener más fuerza como herramienta legislativa que como principio de política exterior.

El proyecto también eleva al rango de ley el RePET, registro que hasta ahora funcionaba sin ese respaldo normativo. Y completa el cuadro con nuevas figuras penales vinculadas al espionaje y la desinformación, en un gobierno que ha acusado reiteradamente a periodistas y opositores de operar para «el enemigo» sin presentar pruebas concretas.

Lo que tenés que saber

• El proyecto reemplaza la Ley 26.659 y extiende la prohibición a todos los recursos naturales en Malvinas, no solo a los hidrocarburos; las penas alcanzan hasta 20 años de prisión.
• Se crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei, con facultades para restringir operaciones financieras y cambiarias ante amenazas externas.
• Las empresas sancionadas quedarán impedidas de operar en Argentina y perderán contratos y beneficios estatales; habrá un registro público de infractores.
• El proyecto incorpora nuevos delitos vinculados al espionaje, la colaboración con inteligencias extranjeras y la desinformación electoral financiada desde el exterior.
• La iniciativa llega al Congreso mientras el Ejecutivo mantiene negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre Malvinas sin pasar por el Parlamento.