Judiciales ⚖️
El fiscal Marijuán insiste: no hay pruebas contra Cristina Kirchner en el caso Báez
La ex presidenta ya había sido sobreseída, pero la Cámara Federal revocó esta decisión y aceptó a la asociación civil “Bases” como querellante.
El fiscal federal Guillermo Marijuán ratificó nuevamente que no existen pruebas para procesar a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la llamada causa “ruta del dinero K”, en la que se condenó al empresario Lázaro Báez por lavado de activos.
En su nuevo dictamen, presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal mantuvo su postura de sobreseimiento, luego de que la Cámara Federal porteña lo instara a volver a expedirse sobre el caso.
Sobreseimiento y rechazo de nulidades
Cristina Kirchner fue sobreseída en una primera instancia tras un dictamen de la fiscalía, pero la Cámara Federal revocó esta decisión.
A raíz de esto, se aceptó como querellante a la asociación civil “Bases”, la cual cuestionó el dictamen y solicitó la nulidad del fallo que favorecía a la ex presidenta.
Sin embargo, Marijuán desestimó este pedido y defendió la validez de su dictamen de mayo de 2023, en el cual concluyó que “la prueba reunida resulta insuficiente” para incriminar a Kirchner.
“Debo señalar que oportunamente ha sido analizada de manera detallada la situación procesal de Cristina Elizabet Fernández con las distintas pruebas existentes en el expediente, que inexorablemente me han llevado a la petición de sobreseimiento formulada que mantengo en todos sus términos”, señaló Marijuán en su nuevo dictamen.
Críticas a la aceptación de “Bases Asociación Civil” como querellante
El fiscal también cuestionó duramente la decisión de la Cámara Federal de aceptar como querellante a “Bases Asociación Civil”, una entidad que se sumó al proceso después del sobreseimiento de Kirchner.
Marijuán sostuvo que esta inclusión genera una “insólita e inédita inseguridad jurídica”, y advirtió que permitir la participación de actores externos sin relación previa al caso podría sentar un precedente peligroso.
“Bases, que durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político, viene a peticionar distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político”, afirmó el fiscal.
La condena de Lázaro Báez y el contexto del lawfare
La causa “ruta del dinero K” juzgó y condenó a Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, a 10 años de prisión por lavado de activos, una pena reducida tras la confirmación de la condena por la Cámara de Casación.
En el juicio también fueron sentenciadas otras 17 personas, entre ellas Martín Báez, hijo del empresario, quien recibió 6 años y 6 meses de cárcel por el lavado de 55 millones de dólares.
El caso se ha visto envuelto en el contexto del “lawfare”, un término utilizado para denunciar el uso político del aparato judicial con el fin de perseguir a opositores.
Marijuán, en su dictamen, insistió en que la prueba contra Cristina Kirchner es insuficiente, lo que refuerza las críticas de sectores que consideran que su procesamiento forma parte de este fenómeno.
Policiales 🚨
Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas
Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.
Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.
La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica
El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».
De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.
Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.
Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga
Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.
Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.
Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».
El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.
Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.
Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal
Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.
Entre los principales elementos incautados aparecen:
- 2.526 dosis de pasta base.
- 515 dosis de cocaína.
- Cinco millones de pesos en efectivo.
- Una escopeta calibre 12 cargada.
- Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
- Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
- Municiones de diferentes calibres.
- Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
- Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
- Anotaciones vinculadas con la investigación.
Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.
También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».
El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos
Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.
Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.
Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.
Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.
El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión
La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.
Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.
En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.
Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.
Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.
En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.
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