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Massa: reunión con AFIP y Aduana por los allanamientos a financieras

En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal canbiaria.

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El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este domingo una reunión con el equipo de la AFIP y la Aduana a cargo de los allanamientos que durante la semana pasada se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la city porteña por maniobras ilegales con divisas.

El equipo querellante es también la que tiene a su cargo la notificación a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasión, entre otras cuestiones.

En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, así como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se levan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.

En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de dólares en la city porteña.

Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.

“El croata” era titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del miércoles pasado.

Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.

Maniobras de sobrefacturación

En los allanamientos realizado el martes y el miércoles pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas”, indicaron fuentes del organismo aduanero.

Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del “blue”.

En las oficinas de Nimbus también se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. De hecho, entre los registros que mantenía la “cueva”, sólo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $ 61.950.000 y egresaron US$ 70.000; mientras que, en otra operación, ingresaron $ 13 millones y egresaron US$ 15.000.

Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue.

Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que está siendo investigando es el de un tal “Roberto H”, indicaron fuentes.

El croata, con vínculos internacionales

Además de sus negocios en la city porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.

En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, país en el cual Rojnica adquirió propiedades millonarias. Rojnica era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.

Uno de los directores de la empresa es Agustín Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avión de Aerolíneas Argentinas, discriminó a una azafata por su contextura física.

En tanto, en España, el croata figura como administrador único de Lokrum Capital SL y administrador solidario junto con Jonathan Rivas Fuentes en Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid.

La primera firma aparece en los registros españoles como dedicada a “actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos”, mientras que la segunda apunta a la “creación, desarrollo y sostenimiento de portales web, así como la prestación de toda clase de servicios auxiliares”.

En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial “Tower Travel”) para obtener beneficios con el tipo de cambio “turista”: las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del país con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que “hacía una diferencia del 20%».

El financista, de 42 años, también poseía “agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia”, e integraba la firma Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén, y preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.

También figuran a su nombre dos sociedades en Islas Vírgenes (Fam Global Investments LTD y Gorlay Holdings LTD), una en Irlanda (Jurgen Holding EAS), cuatro conformadas en la ciudad estadounidense de Miami (Mudart Springs LLC, Honolulu Bayside LLC, 34gradossur Investments LLC y Puentex Strategy Solutions LLC), y otras cuatro en San Pablo, Brasil (Leono Capital Securitizadora SA, Admicorp Servicios Adminsitrativos LTDA, Digital Restaurant Club Intermediacao de Negocios LTDA y Sushi UM Comercio de Alimentos SA). La mayoría de ellas fueron constituidas entre 2018 y 2021.

Un monotributista de alto perfil

En Argentina, el financista simplemente aparecía como inscripto ante la AFIP como monotributista categoría F, delicado a “servicios de atesoramiento, dirección y gestión”.

Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales aún aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas elásticas, 15 máquinas de cortar dinero y documentación destruida; rendimientos de cuentas, bolsas vacías de distinto tamaño, valijas, detalles de operaciones financieras, declaraciones juradas, contratos de deudas, planillas de liquidaciones de operaciones y contratos de locación.

En el caso de las fajas, las mismas eran utilizadas para “adherir al cuerpo los billetes”, siendo las mismas que se les encontraron a las tres personas de nacionalidad china que fueron detenidas el miércoles en un operativo en el barrio porteño de Belgrano con más de US$ 700.000.

La documentación bajo análisis de la Justicia pone el foco también en por qué la Unidad de Información Financiera (UIF) no tuvo indicios de las actividades de Rojnica hasta esta semana, ya que lejos de esconderse tenía un perfil alto que debería haber disparado las alarmas de monitoreo.

Rojnica, de 42 años, se encontraba casado con la modelo Melina Cammertoni, quienes oficiaron una fiesta exclusiva para 500 invitados en La Rural en noviembre del año pasado que fue calificada por la Revista Caras como “una de las más destacadas del año”, y “una boda de cuento de hadas” en un artículo de ese entonces.

Luego de que Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el país, el juez Martínez de Giorgi ordenó la prohibición de su salida, aunque, hasta el momento, no fue solicitada ninguna orden de detención.

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El exabrupto de Jorge Macri, pidió juicio político a la jueza De Marinis: “Esta sentencia está manchada de sangre”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió con dureza contra el fallo de la jueza Laura De Marinis que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años, e instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que inicie de inmediato el proceso de juicio político contra la magistrada.

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El Argentino Diario-La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires-Jorge Macri.
Macri amenaza con juicio político a la jueza que frenó la baja de imputabilidad: la presión política sobre el Poder Judicial.

Pocas horas después de que se conociera el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a la ofensiva con una retórica encendida que convirtió la decisión de una jueza de primera instancia en munición política. «Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», afirmó Jorge Macri, quien instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que avance en ese sentido.

La resolución cuestionada fue dictada el 21 de septiembre de 2026 por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado por robo en grado de tentativa y declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de adolescentes de esa edad. La magistrada aclaró que el fallo aplica exclusivamente para ese caso y no tiene alcance general.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén»

Macri usó sus redes sociales para citar la cobertura periodística del fallo y acompañó la publicación con una declaración directa: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia». Más tarde, en declaraciones televisivas, el mandatario amplió su posición con una retórica que opone, de manera sistemática, a víctimas y magistrados garantistas.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien», sostuvo. Y agregó que «si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz».

Macri calificó el fallo de «una barbaridad, una aberración» y acusó a De Marinis de extralimitarse en sus funciones. «Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley», sentenció.

El argumento jurídico que Macri desestimó

El jefe de Gobierno también cuestionó la lógica interna del fallo, que en su argumentación señala que el sistema adulto no puede castigar a adolescentes por el desamparo al que el propio Estado los sometió desde la infancia. Para Macri, ese razonamiento es, en sí mismo, una contradicción: «La jueza dice que este chico está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó justamente permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias hasta medidas de cuidado y de tratamiento».

«Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa el chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna», afirmó. Y cerró con una acusación que apunta a los motivos de la magistrada: «Parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna. Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima».

Juicio político como herramienta de presión política

La amenaza de juicio político a un juez por el contenido de una sentencia es, en sí misma, una señal de alarma para la independencia del Poder Judicial. El instituto del juicio político está previsto para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Poder Ejecutivo discrepa. Macri lo sabe, y aun así lo anuncia con énfasis: «Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien».

La frase revela la operación política detrás del anuncio: no se trata de una acusación jurídicamente fundada contra la jueza, sino de un mecanismo para instalar una grieta en términos morales y disciplinar al Poder Judicial ante fallos que contraríen la agenda de seguridad del oficialismo. El propio Macri anticipó que también apelará la resolución, lo que es la vía procesal correcta. Pero eligió comunicar primero la amenaza de juicio político, no el recurso de apelación.

No es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires, cuando la jueza Marta Pascual suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en septiembre, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense también anunciaron pedidos de juicio político. El patrón se repite: un fallo que contraria la ley impulsada por el oficialismo, una reacción política inmediata que convierte a la magistrada en blanco, y la amenaza de destitución como señal intimidatoria al resto del Poder Judicial.

Lo que tenés que saber

  • Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calificó el fallo de la jueza De Marinis como «una barbaridad, una aberración» y anunció el pedido de juicio político, instruyendo al ministro de Justicia Gabino Tapia.
  • La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años; el fallo tiene alcance exclusivamente para ese caso concreto.
  • Macri sostuvo que apelará la decisión, que es la vía procesal correcta, pero eligió anunciar primero el juicio político como mensaje político al Poder Judicial.
  • El juicio político está previsto para mal desempeño o delitos, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Ejecutivo discrepa.
  • El patrón se repitió en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Pascual, también amenazada de juicio político tras suspender la misma ley en septiembre.
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