Economía 💲
Pagos digitales: la disputa entre bancos y fintech
A pocos días de que se lleven adelante las elecciones, el sector financiero vive su propia disputa en la que distintos sectores pujan para incidir sobre la normativa vigente.
La adopción acelerada de medios de pago digitales está avivando la competencia entre bancos y empresas fintech, una disputa que ganó temperatura en las últimas semanas con comunicados y denuncias cruzadas, a poco de que se celebren las elecciones nacionales.
La puja por cuáles deberían ser los marcos de regulación y competencia entre unos y otros crece en la medida que cada vez son más las personas que incorporan a su vida cotidiana el uso de herramientas digitales para disponer de su dinero.
Los últimos datos muestran como, si bien los bancos aún gestionan las operaciones de dinero más grandes (el 78% del volumen de dinero transferido electrónicamente responde a movimientos de alto valor entre empresas), la influencia de las llamadas billeteras virtuales crece aceleradamente entre los usuarios minoristas.
En agosto último, el 65,1% de las transferencias de dinero tuvieron como origen y/o destino una CVU, es decir, una cuenta administrada por una billetera virtual o fintech, llegando a un total de 195,2 millones de operaciones en el mes.
Para tomar dimensión de este fenómeno: apenas tres años atrás, esta proporción era menor al 20%, por lo que el sector fintech más que triplicó su influencia en el mercado minorista en ese lapso, según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La cooperación entre banca y fintech ha logrado avanzar con iniciativas que desincentiven el uso del efectivo y potencien el dinero digital.
Por caso, desde noviembre de 2021 están vigentes los Pagos con Transferencia, un desarrollo que permite a cualquier usuario de billetera o de aplicación bancaria leer un código expuesto por un comercio, sin importar la empresa que provea el código, pagar por el producto o servicio, siempre que lo haga con dinero disponible en la cuenta en ese momento.
Sin embargo, la convivencia entre unos y otros se ha vuelto cada vez más compleja. En los últimos meses, los bancos han impulsado a través de la Comisión Interbancaria de Medios de Pago de la República Argentina (Cimpra) -foro del que participan todos los actores del sistema de liquidación de pagos y valores en el BCRA- que los códigos QR sean «full interoperables», esto es, que además de pagar con dinero en cuenta, cualquier usuario puede elegir hacerlo con sus tarjetas de crédito.
Esto implicaría que la principal empresa proveedora e impulsora de códigos QR de la Argentina, Mercado Pago -que tiene más de 500.000 comercios asociados a este medio de cobro- «abra» sus códigos a los bancos y permita a sus aplicaciones participar de estas operaciones, que son las que mueven los mayores volúmenes de dinero, ya que las ventas más grandes se dan en pagos a crédito.
A finales de marzo, la Asociación de Bancos privados de capitales nacionales (Adeba) dijo -en una nota- que Mercado Pago tiene un sistema «cuasimonopólico» y que «aprovechando una carencia de la regulación, impone las condiciones sobre los tenedores de tarjetas de crédito».
Si bien el Central accedió al pedido y puso al 1 de septiembre como fecha de inicio de la interoperabilidad plena de los códigos QR, debió posponer su aplicación en dos oportunidades, la última días atrás, en la que puso como nueva fecha el 1 de diciembre próximo.
Detrás de esta postergación está la objeción de Mercado Pago que, dada la complejidad técnica de llevar adelante la iniciativa, dijo que necesita de desarrollar un sistema adecuado que evite fallas en el proceso, por lo que pidieron un aplazamiento hasta abril del año que viene.
Fuentes de la empresa señalaron que la medida implicaría procesar cuentas de crédito, con información sensible y gran potencial de daño a sus titulares, en caso de no estar correctamente encriptadas, por lo que es necesario tomarse el tiempo necesario para contar con un sistema seguro.
Sin embargo, Paula Arregui, CCO de Mercado Pago, reconoció durante un evento reciente que también hay cuestiones comerciales que impiden avanzar en un acuerdo con los bancos.
«Si no nos ponemos de acuerdo en los estándares y en el win-win comercial, es como que cualquier jugador no bancario venga y diga a tu red de cajeros: ‘Listo, ahora quiero usarla gratis’.
No sería lo más lógico ni tampoco escuchamos la contrapropuesta viniendo a empatar este partido», sostuvo Arregui.La disputa sumó un nuevo capítulo a mediados de septiembre, cuando un cambio de normativa puso fin al «Débito Inmediato» (Debin) como mecanismo de fondeo de las billeteras virtuales a partir del 1 de diciembre, y su reemplazo por el mecanismo de «Transferencias Inmediatas Pull», que también permite a cuentas bancarias acceder al dinero en billeteras.
La reacción de las fintech no se hizo esperar: «El reemplazo del Debin -operatoria eficaz y segura, que ha logrado una excelente adopción- por una herramienta incipiente y con un amplio margen de mejora por recorrer aún, presenta un riesgo de incremento de operaciones fraudulentas», señalaron las empresas a través de un comunicado de la Cámara Argentina Fintech.
La pelea escaló a tal punto que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, intervino en la discusión y pidió al BCRA que revea la medida, algo que la autoridad monetaria respondió derivando el reclamo a la Cimpra.
A pocos días de que se lleven adelante las elecciones, el sector financiero vive su propia disputa en la que distintos sectores pujan para incidir sobre la normativa vigente.
CABA
Barrios porteños en llamas: Jorge Macri profundiza el abandono social
El desmantelamiento del programa Veredas Limpias, los desalojos, la violencia institucional y el cierre de cooperativas de trabajo configuran un cuadro de crisis social creciente en los barrios populares de la Ciudad. Referentes territoriales señalan un patrón deliberado de expulsión y hostigamiento hacia los sectores más vulnerables.
Cinco mil personas, en su mayoría madres jefas de hogar, perdieron su única fuente de ingresos cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió discontinuar el programa Veredas Limpias, una política de trabajo con cooperativas que llevaba más de quince años de funcionamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quedó en su lugar no fue una alternativa laboral sino una conversión en plan social: el programa Ciudadanía Laboral, que ofrece capacitaciones y bolsas de empleo sin perspectiva de continuidad, y cuyas tareas serían sociocomunitarias sin garantía de trabajo genuino.
La situación fue descripta por Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie Capital, quien dialogó con el medio de comunicación Tiempo. Córdoba explicó que la discontinuación del programa desató un proceso de conflicto, negociación y diálogo con el Gobierno de la Ciudad que duró aproximadamente tres meses, sin que los trabajadores lograran revertir la decisión. «Este era un programa que tuvo más de 15 años donde trabajaban 5.000 personas, sobre todo madres jefa de hogar que tenían su único ingreso y hace unos meses Macri lo discontinuó», sostuvo el referente social.
Militarización de los barrios y violencia institucional
El cuadro no se agota en la pérdida de empleo. Franco Armando, integrante del comité de crisis del Barrio Mugica (ex villa 31), señaló que Jorge Macri tiene el foco puesto en la expulsión de los sectores más empobrecidos de la Ciudad, y que esa expulsión, que en otro momento operaba de manera silenciosa a través del encarecimiento del costo de vida y los alquileres, hoy tiene una dimensión abiertamente violenta.
«Con los barrios casi militarizados y que hacen como nuevas fronteras. Que vos tengas que entrar a tu casa y que te revisen, el auto, la moto; si sos extranjero. Es realmente desgastante», describió Armando. El referente territorial también denunció operativos de hostigamiento a la economía informal: una vecina que transmitía por TikTok la venta de tortillas fue denunciada y la policía se presentó a confiscarle la mercadería y el carbón. «Te ajustan y no te dejan trabajar», remató.
En la misma línea, Agustín Navarro, responsable político del Frente Popular Darío Santillán, denunció que desde mayo los trabajadores de las cuadrillas del programa Veredas Limpias tienen sus retiros adeudados. La deuda acumulada los obligó a endeudarse para pagar servicios básicos. Entre los afectados hay personas electrodependientes, para quienes la situación tiene una complejidad crítica. Y la retirada de las cuadrillas de limpieza dejó a los barrios populares con un colapso sanitario que el Gobierno de la Ciudad no resolvió.
Desalojos, personas en situación de calle y capacitaciones vacías
La cadena de consecuencias se extiende: las familias que no pueden afrontar el alquiler son desalojadas y quedan en situación de calle, sin que el Gobierno de la Ciudad las asista. Las únicas respuestas institucionales que llegaron a los barrios fueron capacitaciones obligatorias en las que el propio Gobierno porteño exige a los participantes comprar sus propios utensilios de trabajo. «Les enseñan a hacer tortas y pizzas como si eso te resolviera el ingreso y la economía familiar», ironizó Navarro, sintetizando el abismo entre la oferta oficial y la urgencia real de los vecinos.
Las organizaciones sociales presentes en los territorios, entre ellas Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, coinciden en que el Gobierno de Jorge Macri no solo no acompaña a los sectores populares sino que los hostiga de manera sistemática: con operativos policiales contra ferias y vendedores ambulantes, con el cierre de comercios en los barrios, con el desmantelamiento de los pocos programas que generaban trabajo genuino. Córdoba advirtió que ante ese escenario las organizaciones sociales sostienen la resistencia territorial coordinando entre ellas para construir una propuesta que priorice el trabajo y la solidaridad por encima de la lógica del plan y la capacitación cosmética.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Jorge Macri discontinuó el programa Veredas Limpias, dejando sin ingresos a 5.000 trabajadoras, en su mayoría madres jefas de hogar.
- El reemplazo, el programa Ciudadanía Laboral, no garantiza trabajo genuino sino capacitaciones y bolsas de empleo sin continuidad.
- Desde mayo, los retiros adeudados a los trabajadores de las cuadrillas los forzaron a endeudarse para pagar servicios básicos.
- Referentes del Barrio Mugica y del Frente Popular Darío Santillán denuncian operativos policiales de hostigamiento contra la economía informal en los barrios populares.
- Las organizaciones sociales señalan un patrón deliberado de expulsión y abandono de los sectores vulnerables por parte del Gobierno de la Ciudad.
-
Denuncia7 díasEl Gobierno le pagó a funcionario una indemnización de $110 millones y al otro día lo volvió a contratar
-
Defensa4 díasPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Fútbol & Goles6 díasLa despedida del 10: Messi se retira en el Monumental el 6 de octubre
-
DDHH7 díasEl costo de la violencia migratoria de Trump: miedo, deportaciones y falta de trabajadores en Florida
-
DDHH7 díasEl lawfare ante el mundo: los abogados de Cristina explican en la ONU por qué la condena es política
-
Buenos Aires3 díasChapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
-
Movimientos Sociales3 díasLa Marcha de la Bronca toma las calles contra el ajuste de Milei
-
Defensa4 díasFraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
