Chubut
Torres desafía a Preska y exige que liberen las acciones de YPF que le pertenecen a la provincia
Ignacio Torres denunció que la provincia fue afectada por una decisión judicial que desconoce su rol como accionista y anunció una ofensiva legal contra el fallo de la jueza Loretta Preska.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este lunes que la provincia presentará una demanda formal ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para exigir el levantamiento del embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen. La medida responde al fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó embargar el 51% del capital accionario de la petrolera estatal para resarcir a los fondos Burford Capital y Eton Park, tras el juicio por la expropiación parcial de la empresa en 2012.
“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, afirmó Torres desde la sede histórica de YPF en Comodoro Rivadavia. Estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, en una puesta en escena que buscó subrayar la dimensión simbólica y económica de la disputa.
Acciones provinciales embargadas: el reclamo de Chubut
El mandatario patagónico aclaró que Chubut no fue parte del juicio ni figura como deudora en la causa, por lo que consideró que el fallo constituye un “atropello”. En ese sentido, cuestionó que la jueza estadounidense ignoró la composición accionaria de YPF luego de la expropiación, en la cual el Estado nacional transfirió el 49% del paquete a las provincias productoras de hidrocarburos, agrupadas en la OFEPHI.
“En el juicio en Nueva York el demandado es el Estado nacional y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias”, sostuvo Torres. Según explicó, ese 49% se distribuyó entre las jurisdicciones en proporción a su producción. A Chubut le correspondió el 8%, una asignación que también cuestionó por considerar que fue “una pésima negociación”.
El reclamo se presentará en las próximas semanas y, según fuentes oficiales, se sumará a las gestiones diplomáticas del Gobierno nacional, que todavía evalúa cómo evitar la entrega de activos estratégicos al capital financiero trasnacional.
Preska, Burford y la herencia de la expropiación
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino al considerar que la expropiación del 51% de YPF realizada en 2012 violó el estatuto de la empresa, perjudicó a los accionistas minoritarios y generó un daño patrimonial indemnizable. Los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, habían comprado los derechos del juicio al grupo Petersen, excontrolante de YPF junto a Repsol, por una cifra muy inferior al monto reclamado.
En junio de 2024, Preska autorizó el embargo de activos argentinos en el exterior, entre ellos las acciones que el Estado nacional mantiene en YPF. Pero la medida incluyó, sin distinción, el paquete de acciones cedido a las provincias, lo que motivó el rechazo de Chubut y otras jurisdicciones petroleras.
Gustavo Menna, vicegobernador y abogado constitucionalista, recordó que la Ley 26.741 —que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento energético y autorizó la expropiación parcial de YPF— estableció la distribución del 49% de las acciones entre las provincias. “Hoy esas acciones están embargadas sin que Chubut sea parte ni deudora en el juicio”, advirtió.
Falta de respaldo legal y silencios del pasado
Torres también apuntó contra gestiones provinciales anteriores por no haber completado el proceso legal de transferencia. “El acuerdo del 2012 nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, afirmó, en referencia a la falta de ratificación legislativa del convenio firmado con el Estado nacional durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La diputada nacional Ana Clara Romero confirmó que, además de la presentación judicial en Estados Unidos, promoverán acciones en el Congreso para esclarecer la situación y “defender lo que es de los chubutenses”.
La disputa refleja una tensión creciente entre las provincias y el Estado nacional en torno a los recursos estratégicos, en un contexto de litigios internacionales heredados y de presión judicial sobre activos públicos clave. Mientras tanto, la amenaza de que fondos buitres se apropien de una parte de la principal empresa energética del país sigue vigente.
Chubut
Quedó sola en el fondo del mar: imputaron al instructor de buceo por la muerte de Sofía Devries
La Justicia de Chubut formalizó este lunes la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia que guiaba la inmersión en la que murió Sofía Devries, de 23 años, en febrero pasado en Puerto Madryn. La Fiscalía sostiene que continuó la actividad pese a condiciones de visibilidad extremadamente reducidas y que la joven quedó sin supervisión directa en el fondo del mar.
La causa por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció el 16 de febrero durante una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, dio un giro decisivo a casi cinco meses del hecho. El Ministerio Público Fiscal de Chubut imputó por el delito de homicidio culposo a Thiago Nahuel Pocovi (26), el instructor de la empresa Freediving Patagonia que estaba a cargo de la embarcación autorizada desde la que se realizó la inmersión.
La audiencia de apertura de la investigación comenzó a las 10:30 y fue presidida por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El imputado participó de manera virtual, ya que está radicado en la Ciudad de Buenos Aires, hizo uso de su derecho a no declarar y su defensa, a cargo del abogado Adrián Peroy, no se opuso al pedido de apertura formal de la investigación.
La hipótesis fiscal: una inmersión que nunca debió continuar
La imputación presentada por el fiscal jefe Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos sostiene que la actuación del instructor fue contraria a los protocolos y normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo. Conforme a la investigación formal, Pocovi, en su carácter de instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), conducía un grupo de siete buceadores hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, el pesquero hundido de manera programada que funciona como arrecife artificial en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.
Según la hipótesis fiscal, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, circunstancia que impedía ejercer una supervisión directa sobre todo el grupo. Pese a ello, la inmersión continuó, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.
En ese contexto, Devries y su pareja, ambos de la provincia de Buenos Aires, quedaron sin supervisión directa al llegar al fondo. Allí la víctima comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia por parte de su compañero, quedó sin suministro de aire y falleció por ahogamiento.
La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la joven murió por asfixia por sumersión. Su cuerpo fue encontrado días después, tras intensos operativos de búsqueda de la Prefectura Naval Argentina en la zona de Punta Cuevas.
Una certificación básica para una salida de aguas profundas
Sofía Devries era oriunda de la localidad bonaerense de Moreno, estudiaba Comunicación y Administración y creaba contenido en redes sociales sobre viajes y estilo de vida. Había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja durante el fin de semana largo de carnaval para certificar un curso internacional de buceo. Según fuentes de la Fiscalía de Puerto Madryn citadas por ADNSUR, el grupo había realizado apenas el día anterior el curso Open Water, una certificación básica que habilita descensos de hasta 18 metros, un dato que expone la distancia entre la experiencia real de los buceadores y las condiciones de la salida en la que la joven perdió la vida.
La figura de homicidio culposo, prevista en el artículo 84 del Código Penal, alcanza a quien causa la muerte de otra persona por imprudencia, negligencia, impericia o por no observar los deberes de cuidado a su cargo. La calificación es provisoria y podrá ajustarse a medida que avance la investigación.
Lo que viene: peritajes y protocolos bajo la lupa
Con la apertura formal de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía profundizará la recolección de pruebas con miras a una eventual acusación y posterior juicio oral. En los próximos meses se prevén nuevas declaraciones testimoniales, peritajes técnicos sobre las condiciones de la inmersión y el análisis de los protocolos internos de la empresa organizadora. La Fiscalía ya solicitó los manuales de PADI y las normativas de la Prefectura Naval para cotejar la actuación del instructor con los estándares que rigen la actividad.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Puerto Madryn y al ámbito del buceo deportivo, vuelve a poner en discusión los controles estatales sobre las actividades turísticas de riesgo: quién verifica que las salidas comerciales respeten los niveles de certificación de los clientes, en qué condiciones se autoriza una inmersión y qué responsabilidad les cabe a las empresas que lucran con estas prácticas cuando la seguridad queda subordinada al negocio.
Puntos clave
- Thiago Nahuel Pocovi, instructor de Freediving Patagonia, fue imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries.
- La audiencia fue presidida por la jueza Marcela Alejandra Pérez Bogado; el imputado participó de forma virtual y no declaró.
- La Fiscalía sostiene que la inmersión continuó pese a una visibilidad extremadamente reducida y que la víctima quedó sin supervisión directa en el fondo.
- La autopsia determinó asfixia por sumersión, sin intervención de terceros; el cuerpo fue hallado días después por la Prefectura Naval.
- Se abre la etapa de investigación penal preparatoria, con peritajes técnicos y análisis de los protocolos de seguridad de la empresa.
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