El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este lunes que la provincia presentará una demanda formal ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para exigir el levantamiento del embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen. La medida responde al fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó embargar el 51% del capital accionario de la petrolera estatal para resarcir a los fondos Burford Capital y Eton Park, tras el juicio por la expropiación parcial de la empresa en 2012.

“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, afirmó Torres desde la sede histórica de YPF en Comodoro Rivadavia. Estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, en una puesta en escena que buscó subrayar la dimensión simbólica y económica de la disputa.

Acciones provinciales embargadas: el reclamo de Chubut

El mandatario patagónico aclaró que Chubut no fue parte del juicio ni figura como deudora en la causa, por lo que consideró que el fallo constituye un “atropello”. En ese sentido, cuestionó que la jueza estadounidense ignoró la composición accionaria de YPF luego de la expropiación, en la cual el Estado nacional transfirió el 49% del paquete a las provincias productoras de hidrocarburos, agrupadas en la OFEPHI.

“En el juicio en Nueva York el demandado es el Estado nacional y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias”, sostuvo Torres. Según explicó, ese 49% se distribuyó entre las jurisdicciones en proporción a su producción. A Chubut le correspondió el 8%, una asignación que también cuestionó por considerar que fue “una pésima negociación”.

El reclamo se presentará en las próximas semanas y, según fuentes oficiales, se sumará a las gestiones diplomáticas del Gobierno nacional, que todavía evalúa cómo evitar la entrega de activos estratégicos al capital financiero trasnacional.

Preska, Burford y la herencia de la expropiación

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino al considerar que la expropiación del 51% de YPF realizada en 2012 violó el estatuto de la empresa, perjudicó a los accionistas minoritarios y generó un daño patrimonial indemnizable. Los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, habían comprado los derechos del juicio al grupo Petersen, excontrolante de YPF junto a Repsol, por una cifra muy inferior al monto reclamado.

En junio de 2024, Preska autorizó el embargo de activos argentinos en el exterior, entre ellos las acciones que el Estado nacional mantiene en YPF. Pero la medida incluyó, sin distinción, el paquete de acciones cedido a las provincias, lo que motivó el rechazo de Chubut y otras jurisdicciones petroleras.

Gustavo Menna, vicegobernador y abogado constitucionalista, recordó que la Ley 26.741 —que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento energético y autorizó la expropiación parcial de YPF— estableció la distribución del 49% de las acciones entre las provincias. “Hoy esas acciones están embargadas sin que Chubut sea parte ni deudora en el juicio”, advirtió.

Falta de respaldo legal y silencios del pasado

Torres también apuntó contra gestiones provinciales anteriores por no haber completado el proceso legal de transferencia. “El acuerdo del 2012 nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, afirmó, en referencia a la falta de ratificación legislativa del convenio firmado con el Estado nacional durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La diputada nacional Ana Clara Romero confirmó que, además de la presentación judicial en Estados Unidos, promoverán acciones en el Congreso para esclarecer la situación y “defender lo que es de los chubutenses”.

La disputa refleja una tensión creciente entre las provincias y el Estado nacional en torno a los recursos estratégicos, en un contexto de litigios internacionales heredados y de presión judicial sobre activos públicos clave. Mientras tanto, la amenaza de que fondos buitres se apropien de una parte de la principal empresa energética del país sigue vigente.