Economía 💲
La inflación baja pero el hambre no: una familia necesita más de un palo para sobrevivir
La Canasta Básica Total subió por encima del 1,6% mensual y marca una distancia creciente entre ingresos y subsistencia. La pobreza estructural se mantiene mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en junio una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.128.398 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Se trata del valor de la Canasta Básica Total (CBT), que aumentó un 1,6% en el mes y un 29,2% en comparación interanual.
En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— trepó un 1,1% mensual y acumuló un alza del 28,7% en los últimos doce meses. Así, una familia tipo debió contar con al menos $506.008 para no ser considerada indigente.
Ambas canastas se ubicaron por debajo de la inflación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según el mismo organismo alcanzó un 39,4%. Sin embargo, esto no implica un alivio para los sectores populares, que continúan lejos de alcanzar esos niveles de ingreso.
El ajuste y sus consecuencias
El Gobierno nacional celebró en los últimos días un nuevo superávit fiscal, resultado de una política de fuerte contención del gasto público, reducción de transferencias y licuación de partidas sociales. Sin embargo, los datos de la canasta básica revelaron un estancamiento del poder adquisitivo en amplios sectores.
Mientras la inflación muestra una desaceleración en términos mensuales, la recuperación de los salarios reales y las jubilaciones continúa rezagada. Según datos de la Secretaría de Trabajo, los sueldos formales crecieron 8,1% en mayo, muy por debajo de la inflación de ese mes (4,2%) y lejos de recuperar lo perdido entre diciembre y febrero.
Por otra parte, el salario mínimo vital y móvil permanece congelado en $234.315, un monto que no alcanza siquiera para cubrir el 50% de la CBT de una familia tipo. En el mismo sentido, los beneficiarios de la AUH y otras prestaciones sociales continúan perdiendo poder de compra frente al aumento sostenido de bienes y servicios esenciales.
Un país con mayor desigualdad
De acuerdo al último informe de la UCA, la pobreza trepó al 55,5% en el primer trimestre de 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 17,5%. Se trata de los niveles más altos registrados desde 2001, con especial impacto en niños, adolescentes y personas mayores.
En junio, el propio INDEC confirmó que el consumo masivo cayó 8,2% interanual, con una fuerte retracción en alimentos, bebidas y productos de higiene. Mientras tanto, los aumentos en tarifas, prepagas, colegios privados y transporte continúan presionando los ingresos de los hogares.
El Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV advirtió que el 60% de los trabajadores asalariados no registrados, y el 40% de los trabajadores formales, no logran cubrir la CBT con sus ingresos actuales. El fenómeno se agrava fuera del AMBA, en regiones con menor actividad económica y mayores niveles de informalidad.
El costo de vivir en Argentina
Según la medición oficial:
Un hogar de tres personas necesitó $898.336 para no ser pobre y $402.841 para no ser indigente.
Una familia de cinco integrantes requirió $1.186.826 para no caer bajo la línea de pobreza.
La CBT acumuló un alza de 10,1% en lo que va del año; la CBA, un 12,6%.
En términos reales, los ingresos del grueso de la población siguen perdiendo frente al costo de vida. El “ancla inflacionaria” elegida por el Ejecutivo —que se apoya en la recesión, la estabilidad cambiaria y el ajuste fiscal— no se tradujo en mejoras sociales, y el horizonte de una reactivación aún no aparece con claridad.
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Tras meses de reclamos, oficializan la pausa de embargos a pymes hasta mediados de 2027
La Resolución 1899/2026 prorroga hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares de ARCA para pymes, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y el sector salud. El alivio llega después de los pedidos de la UIA y la CAME, y mientras la Resolución admite que las dificultades que lo motivaron siguen vigentes.
ARCA no podrá iniciar juicios de ejecución fiscal ni trabar embargos y otras medidas cautelares contra las pymes hasta el 30 de junio de 2027. El Gobierno estiró el plazo de un esquema de contención que nació a fines de 2024 y reconoció en los considerandos que las situaciones que lo motivaron siguen vigentes.
El Ministerio de Economía encomendó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la prórroga mediante la Resolución 1899/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida había sido anunciada por el ministro Luis Caputo en la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).
A quiénes alcanza la prórroga
La disposición contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2) que tengan el Certificado MiPyME vigente a la fecha de dictado de la norma. También incluye a las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes del sector de la salud.
Una pausa que se estira desde 2024
El esquema fue iniciado a fines de diciembre de 2024 por el Ministerio de Economía, con una primera suspensión hasta el 31 de julio de 2025 para el sector salud y las entidades sin fines de lucro. Más tarde, el beneficio se extendió de manera sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2026. La nueva resolución corre el límite otros seis meses y lo amplía al universo pyme que anunció Caputo.
Tras el anuncio en la UIA se había hablado de mayo de 2027 como horizonte de la pausa; el texto formal fijó finalmente el 30 de junio.
Lo que dice la resolución
Los considerandos sostienen que las situaciones particulares que motivaron la contención de los contribuyentes aún persisten, por lo que resulta necesario extender el plazo. Para el sector productivo, el texto invoca los objetivos de la Ley 24.467 y afirma que las MiPyMEs “son fundamentales para la economía de nuestro país”, porque concentran una gran cantidad de empleados y registran un aumento de su capacidad exportadora.
El Gobierno nacional consideró oportuno brindar a las empresas “herramientas que fomenten su desarrollo, el impulso del empleo y el crecimiento de las exportaciones”. Es una definición que contrasta con el recorrido de un sector que, mientras ARCA podía ejecutarlo y embargarlo, sufrió cierres y pérdida de empleo.
Un alivio que llegó después de los reclamos
La UIA había pedido en agosto suspender por 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales a las pymes, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también reclamó a Caputo que ARCA frenara embargos y multas. La respuesta oficial llegó recién en noviembre, con una pausa que posterga la presión pero no modifica las condiciones que la generaron.
El contexto del sector es adverso. El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó sobre 24.437 cierres de pymes entre fines de 2023 y principios de 2026, con más de 327.000 trabajadores que perdieron cobertura laboral, y sobre un aumento del 131,71% en los concursos preventivos entre 2023 y 2025. La Fundación Fundar, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó una pérdida neta de 32.290 empleadores desde noviembre de 2023.
Un informe de la Fundación Apertura sobre la regional Rosario de ARCA señaló que el 75,5% de los embargos entre 2021 y julio de 2026 recayó sobre microempresas. Junto con la suspensión, el Gobierno anunció la extensión del plan de facilidades de pago hasta 18 cuotas y la posibilidad de que las exportadoras usen el 100% de sus saldos a favor por IVA de exportación para cancelar deudas tributarias y aduaneras. En lo informado hasta ahora no hay quita de deudas: lo que se suspende es el inicio de los juicios y los embargos, no la obligación de pagar.
Queda por verse qué ocurrirá cuando venza el plazo, en un escenario donde las propias cámaras empresarias advierten que el problema de fondo es el costo financiero y la caída de la actividad.
Lo que tenés que saber:
- La Resolución 1899/2026 prorroga hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares.
- Alcanza a pymes (Tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y el sector salud.
- El esquema comenzó a fines de diciembre de 2024 y se había extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.
- La UIA había pedido en agosto una suspensión de 180 días de embargos y ejecuciones fiscales.
- En lo informado hasta ahora no hay quita de deudas.
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