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Advierten sobre el impacto negativo de ley «Bases» en los barrios populares

«Vemos con preocupación la inclusión de diferentes reformas en la propuesta de Ley ómnibus que se encuentra actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación que impactarían negativamente» en relación a la política pública de integración socio urbana, aseguró el organismo que nuclea a las organizaciones sociales.

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Organizaciones sociales que forman parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares reclamaron por la continuidad de la política pública de integración socio urbana, sostenida por los dos últimos gobiernos y reconocida internacionalmente en materia de derechos humanos y hábitat, ante la inclusión de artículos en el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que «impactarían negativamente» en su desarrollo.

«Vemos con preocupación la inclusión de diferentes reformas en la propuesta de Ley ómnibus que se encuentra actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación que impactarían negativamente en la continuidad de esta relevante política de Estado», expresaron las organizaciones a través de un comunicado difundido anoche en redes sociales.

Los artículos a los que refieren son el 211, que plantea «la eliminación de la asignación específica al financiamiento de la política de integración socio urbana» que actualmente es el 30% de lo recaudado por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), y el 6, que «prevé la supresión de los fideicomisos públicos», advirtieron.

Foto Lara Sartor
Foto: Lara Sartor.

En este sentido, el artículo 211 del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos modifica el artículo 42 de la Ley 27.541, y elimina la disposición de que el 30% de lo producido por el impuesto sea distribuido para el «financiamiento de obras de vivienda social».

«Las organizaciones sociales que formamos parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares venimos trabajando desde hace años en la construcción de una política pública a largo plazo que permita el acceso a una vivienda digna a 1.200.000 familias de nuestro país«, advierte el texto difundido por las organizaciones.

Desde el 2016, la Secretaría de Integración Socio Urbana trabaja en el «diseño y ejecución de una política de Estado que ha generado mejoras impostergables con obras de infraestructura en la mayoría de los 6.467 barrios populares identificados».

Foto Prensa

Además «se frenaron desalojos, se relevaron a las familias para que accedan a su Certificado de Vivienda Familiar y se llegó a más de 250.000 familias con conexiones a servicios básicos, mejorar miles de viviendas y escuelas, construir plazas, espacios deportivos y comunitarios a través del trabajo de las cooperativas conformadas por miles de vecinos y vecinas», detallaron.

Esta política fue sostenida a lo largo de las presidencias de Mauricio Macri y de Alberto Fernández y fue reconocida internacionalmente a través del Concurso de Prácticas Inspiradoras 2023 de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda y Hábitat por la Humanidad (UHPH).

Frente a este panorama, las organizaciones propusieron a diputados, senadores y al presidente de la Nación, Javier Milei, «la eliminación del artículo 211 del proyecto de Ley ómnibus» y «el mantenimiento del fideicomiso como herramienta de gestión de la política pública».

«No podemos dar marcha atrás ni retroceder con estas conquistas esenciales para los derechos de tantas familias, la única forma de revertir la exclusión estructural es con obras concretas en los barrios populares», concluyeron.

Legislativo

Día sombrío para el ambiente: sancionaron la ley que habilita la minería en zonas de glaciares

Con la presencia de Karina Milei en el recinto, el oficialismo y sus aliados sancionaron la reforma que flexibiliza la protección de reservas hídricas. La oposición denunció el blindaje judicial a Manuel Adorni y el avance sobre la soberanía ambiental.

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Un triunfo para el lobby minero controlado por Karina Milei

★ En una jornada marcada por la tensión política y el repliegue de las normativas ambientales, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, La Libertad Avanza logró desmantelar el paradigma de protección vigente desde 2010. La sanción definitiva, que se produjo tras once horas de debate, redefine los alcances de las zonas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en áreas periglaciares que, bajo el nuevo criterio oficial, no cumplan una función hídrica fehaciente.

La votación reflejó un bloque sólido integrado por el PRO, la UCR, Innovación Federal y sectores del peronismo de provincias mineras como San Juan y Catamarca. Incluso, el oficialismo sumó las voluntades de los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica, quienes rompieron la línea de su bloque para avalar la iniciativa extractivista. En los balcones del recinto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, supervisó el desenlace de una sesión que el Gobierno consideraba vital para recuperar iniciativa política.

El blindaje a Manuel Adorni y los créditos VIP

Antes de entrar en el nudo de la ley ambiental, la oposición intentó sin éxito forzar el tratamiento de diversos escándalos que salpican a la Casa Rosada. A través de mociones de apartamiento de reglamento, se buscó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y el otorgamiento de créditos hipotecarios a tasa preferencial para funcionarios oficialistas en el Banco Nación. Sin embargo, el PRO y la UCR actuaron como escudos parlamentarios y rechazaron los pedidos.

Del mismo modo, fracasaron los intentos por declarar la neutralidad argentina ante el conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos, y el repudio a la quita de acreditaciones a periodistas críticos. Máximo Kirchner, al cierre del debate, vinculó la urgencia por aprobar la ley con una estrategia de distracción y entrega: “En el país de los glaciares, no cuidamos los glaciares; se está regalando al país”, sentenció.

Voces científicas contra el «federalismo de desintegración»

La comunidad científica, representada en el recinto por la diputada y ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, advirtió que la ley se basa en datos que no son científicos y que el impacto sobre las cuencas que alimentan a siete millones de personas será irreversible. Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la transferencia de facultades a las provincias como un “federalismo de desintegración nacional”, argumentando que la Nación no puede delegar el control de recursos que son estratégicos para el equilibrio climático del país.

El oficialista Nicolás Mayoraz defendió la normativa alegando que se busca una “armonización” y que no se afecta el principio de no regresión ambiental. No obstante, desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola denunció que la ley responde directamente a los monopolios mineros y que la entrega de estos bienes estratégicos compromete el agua de las generaciones futuras.

Puntos clave

  • La reforma a la Ley de Glaciares fue sancionada con 137 votos a favor, permitiendo la actividad minera en áreas periglaciares.
  • Karina Milei estuvo presente en el recinto para asegurar el triunfo legislativo del oficialismo.
  • La oposición no logró los votos para interpelar a Manuel Adorni por su situación patrimonial y los créditos del Banco Nación.
  • Diputados de la UCR y el PRO rechazaron tratar la neutralidad argentina frente a la guerra en Medio Oriente.
  • Científicos y ambientalistas advierten que delegar la protección en las provincias debilita el control nacional sobre el agua dulce.

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