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Empresarios advierten: “El desorden público daña la confianza en Argentina”

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios reclamó acatar las decisiones judiciales y repudió los desmanes ocurridos frente a las oficinas de Artear. Alertó sobre el impacto negativo en la confianza inversora.

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Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) instó este jueves a respetar las decisiones judiciales y canalizar el descontento por “vías institucionales”. En un comunicado, la entidad que integra el Grupo de los 6 —nodo central del poder económico argentino— expresó su preocupación por los efectos que podrían generar eventuales protestas o actos de violencia en un contexto económico “frágil”.

“La disconformidad que pueda existir en ciertos sectores debe canalizarse por medios pacíficos, tal como lo establece el marco institucional vigente y lo exige la convivencia democrática”, afirmó la entidad. El pronunciamiento se conoció luego de las marchas realizadas en Plaza de Mayo y los cortes en rutas del conurbano, organizados por sectores políticos y sociales en repudio a la decisión del máximo tribunal.

Advertencia sobre el “desorden público” y la confianza inversora

La CAC consideró que la reacción política y social ante el fallo de la Corte “no debe perturbar el normal desarrollo de las actividades del resto de la ciudadanía” y pidió evitar que la rebeldía ante la sentencia “devenga en una situación de desorden público”. La organización, que representa intereses empresariales del sector comercial y de servicios, advirtió además sobre los costos de una respuesta violenta para la economía.

“En momentos en que Argentina hace esfuerzos para recuperar la confianza de los inversores locales y del exterior –mancillada por años de incumplimientos y anomia–, resultaría desgraciado que esta situación derive en más incertidumbre”, expresó.

El mensaje se produce en una coyuntura en la que el Gobierno nacional busca avanzar en acuerdos con el FMI, relanzar licitaciones de obras paralizadas y atraer inversión extranjera directa, con un discurso de “normalización institucional” como bandera.

Repudio al ataque a Artear y mensaje ético

La CAC también se refirió a los incidentes ocurridos frente a la sede del Grupo Clarín (Artear) en el barrio porteño de Constitución. “Resulta oportuno condenar el ataque que en el día de ayer sufrieron las instalaciones de la empresa Artear”, señaló la entidad. Según trascendió, un grupo de manifestantes arrojó piedras contra las oficinas del multimedio, provocando roturas en vidrios y una intervención policial sin detenidos.

“Los desmanes, amén de que produjeron cuantiosos daños materiales, pusieron en riesgo la integridad física de numerosas personas que allí desempeñan sus labores”, denunció la cámara.

En ese marco, el comunicado apeló a “valores fundantes” de la república. “La violencia es inaceptable en una sociedad democrática, el desconocimiento de los fallos de la Justicia es impropio del sistema republicano, y la corrupción es incompatible con la ética”, afirmó.

Finalmente, la CAC convocó a una “reflexión general” para que estos principios “tengan un lugar central como rectoras de la vida nacional”.

CABA

Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle

La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.

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El Argentino Diario-Pablo Moyano.
La Ciudad de Jorge Macri descarta pagar los 200 millones que les debe a los recolectores. Moyano dice que irán a fondo.

Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.

«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.

El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.

El nuevo pliego: tecnología como respuesta política

Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.

La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
  • El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
  • Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
  • El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
  • La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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