Coparticipación
El PRO condiciona su apoyo al Presupuesto 2026 por fondos de coparticipación a CABA
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunirá con el ministro Luis Caputo para reclamar por nuevas demoras en los pagos. El bloque macrista condiciona su apoyo a la ley de leyes a que se formalice la obligación acordada ante la Corte Suprema.
El “plan canje” PRO: apoyo al Presupuesto 2026 por fondos para CABA
El PRO condiciona su apoyo al Presupuesto 2026 a que el Gobierno nacional incorpore la deuda por coparticipación que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. La advertencia fue confirmada por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció una reunión para este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para llevarle personalmente el reclamo.
“Las obligaciones de pagar entre estados tienen que estar expresadas en el Presupuesto. Así que sí, esa es una condición que se la planteé a nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la comisión de Presupuesto, espero que podamos destrabar eso”, declaró el mandatario porteño en diálogo con radio La Red.
Una deuda que se acumula
Jorge Macri advirtió que la administración de Javier Milei generó “una deuda nueva” con la Ciudad debido a demoras en la transferencia de los fondos pautados. “Se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico pero lo entiendo”, expresó el mandatario, reconociendo problemas en el cumplimiento del convenio “en estos últimos tiempos”.
Actualmente, el gobierno porteño recibe el 1,4% de la coparticipación de manera discrecional, y su objetivo es que esa obligación de pago quede blindada en la ley de Presupuesto para tener un respaldo legal más sólido ante eventuales reclamos.
El mecanismo acordado ante la Corte
El reclamo se basa en un acuerdo político alcanzado entre la Ciudad y la Nación en marzo de 2024, y homologado por la Corte Suprema de Justicia. En esa instancia, el propio Gobierno nacional propuso un mecanismo de pago para cumplir con un fallo del máximo tribunal. “Hicimos un acuerdo con el Gobierno en la Corte Suprema por la coparticipación, más allá del fallo. Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente, que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte”, recordó Macri.
El convenio establece que del 2,95% de la masa coparticipable que corresponde a la Ciudad, un 1,40% se transfiera por goteo diario y el 1,55% restante mediante envíos semanales.
Un conflicto con larga historia
La disputa por los fondos coparticipables es un conflicto de larga data. Su capítulo más reciente comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo por decreto el porcentaje de la Ciudad del 3,5% al 2,32% para financiar un aumento salarial para la Policía Bonaerense. Previamente, en 2016, Mauricio Macri había elevado la cifra de 1,4% a 3,75% para costear el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña, un coeficiente que luego se ajustó a 3,5% en 2018 tras la firma del Pacto Fiscal.
El recorte de 2020 derivó en un reclamo judicial que llegó a la Corte Suprema. A fines de 2022, el tribunal falló a favor de la Ciudad y ordenó restituir el porcentaje al 2,95%, con transferencias diarias y automáticas. Ahora, en plena negociación parlamentaria por la ley de leyes, el PRO utiliza este antecedente como principal moneda de cambio para respaldar el proyecto del oficialismo.
Coparticipación
El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas
La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.
Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.
El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.
Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar
El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.
La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.
La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.
Los deportistas: el daño colateral del ajuste político
En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.
La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.
Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.
Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea
La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.
La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.
Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.
Lo que tenés que saber:
- La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
- La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
- La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
- Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
- En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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