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Entre la Justicia y la calle: Cristina convocó al peronismo tras el fallo que busca sacarla de la cancha

Se activó un plan político con sectores del justicialismo para enfrentar al gobierno de Milei.

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Cristina Fernández de Kirchner reunió este lunes a la dirigencia del peronismo en la sede del Partido Justicialista (PJ), luego de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad. La respuesta no tardó en llegar: concentración masiva en la calle Matheu, respaldo de gobernadores, senadores y gremios, y la activación de un plan político para sostener su participación electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Mientras muchos compañeros están llorando, Cristina está explicando el plan del Partido Justicialista”, narró el periodista Lautaro Maislin desde C5N. A su alrededor, la militancia colmó la cuadra con carteles de “Cristina conducción” y cánticos contra el Poder Judicial.

Unidad en la adversidad: respaldo político y movilización

La convocatoria partió de redes sociales, con llamados explícitos de La Cámpora, Juan Grabois y sindicatos nucleados en la CGT y la CTA. “Vamos a donde vaya Cristina”, publicó la agrupación kirchnerista. “Todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano”, escribió Grabois antes de llegar a la sede partidaria.

En paralelo, dirigentes como José Mayans, Juliana Di Tullio, Juan Manuel Urtubey y el propio Sergio Massa cuestionaron duramente a la Corte. “La Justicia está actuando de forma acelerada para sacarla de la cancha”, denunció Mayans. “Van a meter presa a una expresidenta que durante ocho años le cambió la vida a la gente”, agregó Di Tullio.

Sergio Massa apuntó directamente al fallo del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta: “Está plagado de irregularidades. La Corte debe admitir el recurso extraordinario de la defensa y revisar la sentencia”.

Un nuevo operativo clamor, esta vez en clave de resistencia

La expresidenta mantuvo una reunión de más de dos horas con los senadores de Unión por la Patria, en la que no solo se analizó el fallo judicial, sino también las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, el endeudamiento y el reciente revés legislativo en la Cámara Baja.

Desde temprano, Fernández de Kirchner partió de su domicilio en Constitución rumbo al PJ, donde la esperaba un centenar de militantes. Allí dio inicio a una estrategia que busca preservar la cohesión del peronismo y garantizar su candidatura en la tercera sección electoral bonaerense, anunciada días atrás en una entrevista con C5N.

El trasfondo es claro: el fallo judicial podría derivar en su detención e impedir su participación electoral. La preocupación central radica en que la inhabilitación para ejercer cargos públicos quede firme antes de las elecciones de septiembre. “Cristina no se proscribe sola, la proscriben Milei, Macri y los poderosos”, denunció el ministro Gabriel Katopodis. “Rompieron la Democracia”.

Proscripción o estrategia jurídica: el debate político y judicial

El fallo de la Corte Suprema confirmó parcialmente la condena por administración fraudulenta, pero dejó en suspenso la acusación más grave, la de asociación ilícita. La defensa ya anticipó que recurrirá a organismos internacionales si se rechaza el recurso extraordinario. “Fue un linchamiento con tufillo a proscripción”, resumió Juan Manuel Urtubey.

La causa Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, se convirtió en un símbolo de lo que el kirchnerismo denomina “lawfare”: persecución judicial a dirigentes populares con fines políticos.

El exmandatario Alberto Fernández también se pronunció: “Nunca me callé ante las injusticias. En un Estado de Derecho, a los opositores se los juzga conforme a la ley. Algo que no ocurrió con CFK”.

Hacia una nueva fase de confrontación política

En un contexto de debilidad organizativa del peronismo, la figura de Cristina Kirchner reapareció como punto de unidad. No se trata solo de una defensa judicial, sino de una disputa central por el sentido de la democracia, el poder y los límites al gobierno libertario. “No van solo contra Cristina, van contra el peronismo y contra quienes pusieron freno al poder económico”, insistió Katopodis.

La expresidenta ya inició gestiones con dirigentes sindicales, movimientos sociales y referentes de distintas provincias para construir una oposición amplia frente a la gestión de Javier Milei. El clima, sin embargo, anticipa meses de creciente tensión política y social.

Educación

Multa frenada, salarios congelados: el Gobierno esquiva otra vez el cumplimiento de la ley universitaria

La Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la queja de Capital Humano y dejó en suspenso las astreintes de $100.000 diarios contra Diego Santilli, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una sanción más severa. El tribunal aclaró que aún no definió si el Ejecutivo cumplió la ley de financiamiento universitario.

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Suspendieron la multa a Santilli y el Gobierno gana tiempo en la pelea por las universidades.

La multa de $100.000 por día que pesaba sobre el jefe de Gabinete quedó en suspenso y el Gobierno consiguió un respiro judicial en una causa donde ya había sido intimado a cumplir una ley sancionada por el Congreso. La Cámara no dijo que el Ejecutivo cumplió; solo habilitó la revisión de la orden que lo obliga a hacerlo.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, hizo lugar a la queja del Ministerio de Capital Humano contra la decisión del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que había rechazado la apelación del Estado. Ese fallo intimaba al Ejecutivo a cumplir en cinco días la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas. La causa se originó en un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras el Decreto 759/25 con el que Javier Milei suspendió la aplicación de la norma.

Qué argumentó el Gobierno

Capital Humano cuestionó que el juez no precisó qué obligaciones de la ley seguían incumplidas ni los montos que debían abonarse para considerarlas cumplidas. También sostuvo que los aumentos otorgados a docentes y no docentes ya cubrieron la actualización prevista y que la medida de Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”. Los camaristas coincidieron en que la decisión de primera instancia era “susceptible de generarle un gravamen irreparable” al Estado.

Ante la Justicia, el Ejecutivo alegó además que los aumentos salariales entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. Es una afirmación que choca con la pérdida del poder adquisitivo que vienen denunciando los gremios docentes universitarios.

Santilli apeló y las universidades piden más

En paralelo, Diego Santilli presentó un recurso contra la multa que le impuso Cormick por no actualizar los salarios del personal universitario. En su escrito pidió suspender las astreintes hasta que se resuelva la apelación y señaló la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”. Advirtió que mantener las sanciones podría ocasionar consecuencias patrimoniales de reparación difícil o imposible.

El CIN fue en sentido contrario y le pidió a la Justicia que aumente la multa a Santilli, cuyo monto consideró “más que exiguo en comparación con los importes en juego”. Para las universidades, la cifra impuesta es absolutamente insuficiente para obligar al Gobierno a cumplir.

Un alivio técnico, no una sentencia de fondo

Los magistrados aclararon que todavía no definieron si el Ejecutivo cumplió o no con las partidas que exige la ley, y desactivaron de manera temporal la intimación de cinco días. Sin embargo, según trascendió, en despachos oficiales ya interpretan el fallo como una luz verde para frenar las transferencias salariales pendientes, una lectura que la Cámara no confirmó.

El Gobierno llega a esta instancia con antecedentes en contra: la Corte Suprema rechazó en julio una queja del Ejecutivo y la Cámara ya había confirmado la cautelar en marzo. La disputa vuelve ahora al juzgado de primera instancia, mientras las universidades llegan al cierre del año en pleno conflicto gremial y con la recomposición salarial sin resolver.

Lo que tenés que saber

  • La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la queja de Capital Humano contra el rechazo de su apelación.
  • Las astreintes de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedaron en suspenso.
  • La Cámara aclaró que no definió si el Gobierno cumplió la cautelar sobre la ley de financiamiento universitario.
  • Santilli apeló la multa y el CIN pidió aumentarla por considerarla exigua.
  • La causa vuelve al juzgado de Martín Cormick, con la paritaria universitaria sin resolver.
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