Funcionarios, sindicalistas, dirigentes sociales, políticos y parlamentarios del oficialismo y la oposición se manifestaron con posturas opuestas en torno a la intervención del Grupo Vicentin anunciada el martes por el presidente Alberto Fernández, quien remitirá próximamente un proyecto de ley de expropiación al Congreso para que el Estado se haga cargo de la empresa.

Fernández afirmó que la intervención «es excepcional» por la «naturaleza estratégica» de la compañía y que «no está en la cabeza» del Gobierno «andar expropiando empresas», al tiempo que sostuvo que la decisión se tomó para «preservar» una firma «muy importante del mercado cerealero» y mantener «la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores».

El Presidente adelantó que «todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso gestionado por YPF o el Banco Nación; y el gerenciamiento por YPF Agro con aportes del Tesoro».

La senadora y vicepresidenta del bloque Frente de Todos en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa y dijo que «beneficiará a los precios de los alimentos porque ya no estarán sujetos a la especulación financiera».

En cambio, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que «ahora la deuda de Vicentin es de todos los argentinos» y sostuvo que la medida implica un «verdadero abuso de poder» debido a que la constitución dice que «lo privado es privado».

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando «Chino» Navarro, opinó que «no está mal oponerse pero hay que hacerlo desde la racionalidad y no hablando de chavismo o comunismo».

El diputado Alejandro «Topo» Rodríguez, de Consenso Federal, consideró por su parte que «hay que tener cuidado con la litigiosidad que puede traer al Estado, dado que Glesentin es socio de algunos campeones globales de litigiosidad» y recordó que «ya hubo una experiencia similar con la estatización de YPF y no debería repetirse».

El subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez, destacó que la determinación «será fundamental para poder cuidar los precios de los alimentos» y afirmó que «sin dudas es una excelente noticia».

«El principal aportante de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia se benefició con créditos otorgados por el gobierno anterior, utilizados en maniobras especulativas».

También el ex presidente Eduardo Duhalde consideró «loable el propósito del Gobierno», pero argumentó que «la forma abrupta en que se hizo genera un conflicto innecesario con el campo» en un contexto en el que «ya hay demasiados problemas como para generar nuevos».

«Repara una situación heredada del gobierno anterior, de los ricos para los ricos, en la que el principal aportante de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia se benefició con créditos otorgados por el gobierno anterior, utilizados en maniobras especulativas y para eludir impuestos», apuntó el diputado del bloque oficialista Hugo Yasky.

A las críticas de la oposición se sumó el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien dijo que «hay que salvar a las pymes y no socializar un problema de una empresa: si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes».

«Es una medida importante para Santa Fe», consideró el diputado nacional de esa provincia Marcos Cleri, al afirmar que la medida otorga «previsibilidad a los proveedores y productores», además de «garantizar las fuentes laborales».

Además, su colega en la bancada del Frente de Todos en la Cámara baja Juan Carlos Alderete opinó que la determinación oficial «es un triunfo del pueblo y una medida histórica por la magnitud y la importancia de la empresa».

«El Estado puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973».

La diputada nacional Graciela Landriscini y el titular la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, también destacaron que la iniciativa «permite crear un Estado mucho más fuerte».

«El Estado puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973», resaltó el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer.

Por otra parte, el titular de Uatre, Ramón Ayala, dijo que «es correcta» la decisión del Gobierno dada la situación financiera de la cerealera y el riesgo que corren «más de 4.000 trabajadores».

«Regulará el mercado y hará que nuestro productos favorezcan el desarrollo de economías regionales, mercado interno y comercio exterior», ponderó el diputado del Parlasur Gastón Harispe.

También se manifestó a favor el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Angel Borello, al mencionar que Vicentin será «de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y ejercicio de la soberanía».

«La medida es histórica y enorme y reafirma la decisión del Estado de construir soberanía alimentaria e involucrarse en el principal negocio del país, el complejo agroexportador», destacó el titular de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe.

Por último, el titular del partido Miles, Luis D’Elía, destacó que la iniciativa «es la mejor medida que se haya tomado para el sector agropecuario en los últimos 50 años».