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Gatillo fácil y represión en Morón: la dura crítica de Diego Spina a la política de seguridad del intendente Ghi

El concejal electo y dirigentes de Nuevo Encuentro denunció la «brutal represión» policial contra manifestantes del barrio 20 de Junio. El conflicto estalló tras el homicidio cometido por un ex policía de la Ciudad que mató a balazos a Juan Manuel De Vita después de atropellar a un familiar.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

La tragedia ocurrida este fin de semana en Morón, donde el ex efectivo de la Policía de la Ciudad Carlos Peloso asesinó a balazos a Juan Manuel De Vita tras atropellar a un familiar, derivó en una escalada represiva que golpeó duramente a los vecinos del barrio 20 de Junio. El concejal Diego Spina, referente de Fuerza Patria, repudió lo que calificó como «gatillo fácil» y la «brutal represión» desplegada por la policía bonaerense contra la movilización barrial.

El caso comenzó cuando Peloso atropelló a José Luis Zárate, quien permanece internado en grave estado, y se dio a la fuga. Horas después, cuando regresaba a la comisaría para realizar pericias ordenadas por la fiscal Valeria Courtade, fue reconocido por familiares de la víctima del atropello. Durante la persecución que siguió, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y mató a tiros a De Vita. Sin embargo, la respuesta del Estado ante el reclamo popular agravó la situación.

La represión contra los manifestantes

Lejos de contener la situación con perspectiva de derechos humanos, efectivos de la policía bonaerense avanzaron sobre la manifestación barrial con balas de goma y gases lacrimógenos. «Es inadmisible. Al dolor de una familia destrozada por el gatillo fácil, el Estado le respondió con balas de goma y gases», sentenció Spina en un comunicado difundido este lunes.

El concejal apuntó contra el modelo de seguridad vigente y señaló que el caso expone la falta de controles institucionales. «Esto demuestra el fracaso absoluto del modelo de seguridad actual. No supo evitar que un policía actúe como un asesino y no pudo abordar el reclamo social sin violencia. Hay una porosidad alarmante en las fuerzas y una falta de conducción política que termina siempre igual: con el pueblo recibiendo los palos y las balas», agregó.

Reclamos de intervención urgente

Desde Fuerza Patria exigieron el retiro inmediato de las fuerzas de choque del barrio 20 de Junio y la intervención urgente de la Fiscalía para investigar tanto el homicidio cometido por Peloso como los excesos policiales durante el operativo de dispersión.

«La protesta social ante un asesinato no se resuelve a los tiros. Exigimos sensatez, el cese de la represión y justicia inmediata por el joven fallecido», concluyó Spina, quien marcó la necesidad de un abordaje estructural que exceda la coyuntura del caso puntual.

El episodio vuelve a poner en evidencia la tensión entre las políticas de seguridad basadas en la militarización del territorio y el reclamo social ante casos de violencia institucional. Mientras Peloso permanece detenido tras negarse a declarar, y José Luis Zárate lucha por su vida en terapia intensiva, los vecinos del barrio 20 de Junio enfrentan ahora las secuelas de una represión que se sumó al dolor de una familia destrozada por el gatillo fácil.

Puntos clave:

• Diego Spina repudió el gatillo fácil y la represión policial en el barrio 20 de Junio de Morón
• La policía bonaerense dispersó con balas de goma y gases a vecinos que protestaban por el asesinato de Juan Manuel De Vita
• Fuerza Patria exigió el retiro de las fuerzas de choque y la intervención de la Fiscalía
• El concejal cuestionó la «porosidad alarmante» en las fuerzas de seguridad
• José Luis Zárate continúa grave tras el atropello que desencadenó la tragedia

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Estado ausente, justicia lenta y un proyecto que criminaliza a las víctimas: el saldo de la violencia de género en 2026

El Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro registró 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados en los primeros siete meses del año. 155 hijos e hijas quedaron sin madre. El Estado libertario desmantela las políticas de género mientras el Senado avanza en un proyecto que busca criminalizar a las víctimas que denuncian.

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142 víctimas de violencia de género en siete meses: el informe del Observatorio Adriana Zambrano.

¡Alerta! Mientras lees esta nota, puede estar ocurriendo un femicidio en la Argentina

Cada dato del informe mensual del Observatorio Adriana Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro, es una vida arrebatada, un hogar destruido, una infancia marcada para siempre. En siete meses de 2026, la Argentina registró 142 víctimas fatales de violencia de género: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se registraron además 300 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.

El mapa de la violencia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias más afectadas

Los casos se distribuyeron en todo el territorio nacional, aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron la mayor cantidad de femicidios. El perfil de los crímenes refleja una realidad que la estadística no alcanza a nombrar del todo: el 69% de las víctimas directas fue asesinada en su propio hogar, el espacio que debería ser el más seguro. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Y 155 hijos e hijas quedaron sin madre, el 72% de ellos menores de edad.

Entre los datos más alarmantes del informe figura que 9 femicidas tenían dictada una medida cautelar al momento del crimen, lo que revela la brecha insalvable entre la respuesta judicial y la protección real de las víctimas. Otros 6 agresores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad, y 21 se suicidaron tras cometer el crimen.

El 17% tenía denuncia previa: la justicia que no llega a tiempo

El dato más contundente sobre la falla sistémica es que el 17% de las mujeres agredidas ya había realizado una denuncia previa. Ese número no habla de mujeres que no pidieron ayuda; habla de un Estado y una Justicia que no respondieron a tiempo. «Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia», señaló La Casa del Encuentro en su informe.

De las 142 víctimas, 17 habían realizado denuncias formales, 11 fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, 10 tenían indicios de abuso sexual previo, 5 eran migrantes, 3 estaban embarazadas y 1 era víctima en situación de presunción de trata o trabajo sexual. También se registró 1 víctima perteneciente a pueblos originarios.

El Mundial tapó los femicidios: la comunicación que falló

La Casa del Encuentro incorporó en su análisis mensual una observación de peso político: durante el período en que se disputó el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no prestaron atención a los casos de violencia de género. «Al notar que hoy estos casos vuelven a visibilizarse, reafirmamos que la comunicación debe ser permanente», expresó la organización, y advirtió que «los eventos de alcance masivo representan una oportunidad única para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñeces y diversidades, un compromiso con los Derechos Humanos que el Estado debería garantizar firmemente».

La organización fue más directa sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Lamentablemente, esto no sucede en un contexto donde el propio Estado niega la existencia de la violencia de género en nuestro país.» La afirmación no es retórica: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar, con recortes que superaron el 89% respecto de 2023 en políticas de género.

El proyecto Losada: criminalizar la denuncia para proteger al agresor

En paralelo al informe de femicidios, la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza, impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre «falsas denuncias» que La Casa del Encuentro calificó de regresivo y peligroso. «Esta iniciativa está avalada por sectores vinculados a varones violentos y lobbies jurídicos que lucran con la temática sin ninguna evidencia empírica», afirmó la organización.

El efecto práctico del proyecto, según el análisis de la organización, sería inmediato y devastador: una víctima que dude en denunciar se preguntará «¿y si no me creen?» o «¿y si me denuncian a mí?», y optará por el silencio. El mismo silencio que, como demuestran los datos, puede costarle la vida. La Casa del Encuentro reclamó una legislatura que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan», y recordó que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad».

142 víctimas en siete meses equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada día y medio. Eso significa que mientras esta nota se redacta, mientras el lector la lee, mientras el algoritmo la distribuye, el riesgo no se detiene. No es una metáfora: es la consecuencia directa de un Estado que recorta la Línea 144, de una Justicia que entrega medidas cautelares que el agresor ignora, y de una dirigencia que prefiere hablar de «falsas denuncias» antes que de los 300 intentos de femicidio que este año no terminaron en muerte, pero pudieron haberlo hecho.

No son solo datos. Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. Las palabras de La Casa del Encuentro funcionan como síntesis y como denuncia: el problema no es la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.

Puntos clave

  • El Observatorio Adriana Zambrano registró 142 víctimas fatales de violencia de género en siete meses de 2026, incluyendo 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados.
  • 155 hijos e hijas quedaron sin madre; el 72% son menores de edad.
  • El 17% de las víctimas tenía denuncia previa, y 9 femicidas contaban con medida cautelar vigente al momento del crimen.
  • Durante el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no cubrieron los casos de violencia de género, según La Casa del Encuentro.
  • La senadora Carolina Losada (LLA) impulsa un proyecto de «falsas denuncias» que, según organizaciones especializadas, desincentivará las denuncias y profundizará la impunidad.

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