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Gatillo fácil y represión en Morón: la dura crítica de Diego Spina a la política de seguridad del intendente Ghi

El concejal electo y dirigentes de Nuevo Encuentro denunció la «brutal represión» policial contra manifestantes del barrio 20 de Junio. El conflicto estalló tras el homicidio cometido por un ex policía de la Ciudad que mató a balazos a Juan Manuel De Vita después de atropellar a un familiar.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

La tragedia ocurrida este fin de semana en Morón, donde el ex efectivo de la Policía de la Ciudad Carlos Peloso asesinó a balazos a Juan Manuel De Vita tras atropellar a un familiar, derivó en una escalada represiva que golpeó duramente a los vecinos del barrio 20 de Junio. El concejal Diego Spina, referente de Fuerza Patria, repudió lo que calificó como «gatillo fácil» y la «brutal represión» desplegada por la policía bonaerense contra la movilización barrial.

El caso comenzó cuando Peloso atropelló a José Luis Zárate, quien permanece internado en grave estado, y se dio a la fuga. Horas después, cuando regresaba a la comisaría para realizar pericias ordenadas por la fiscal Valeria Courtade, fue reconocido por familiares de la víctima del atropello. Durante la persecución que siguió, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y mató a tiros a De Vita. Sin embargo, la respuesta del Estado ante el reclamo popular agravó la situación.

La represión contra los manifestantes

Lejos de contener la situación con perspectiva de derechos humanos, efectivos de la policía bonaerense avanzaron sobre la manifestación barrial con balas de goma y gases lacrimógenos. «Es inadmisible. Al dolor de una familia destrozada por el gatillo fácil, el Estado le respondió con balas de goma y gases», sentenció Spina en un comunicado difundido este lunes.

El concejal apuntó contra el modelo de seguridad vigente y señaló que el caso expone la falta de controles institucionales. «Esto demuestra el fracaso absoluto del modelo de seguridad actual. No supo evitar que un policía actúe como un asesino y no pudo abordar el reclamo social sin violencia. Hay una porosidad alarmante en las fuerzas y una falta de conducción política que termina siempre igual: con el pueblo recibiendo los palos y las balas», agregó.

Reclamos de intervención urgente

Desde Fuerza Patria exigieron el retiro inmediato de las fuerzas de choque del barrio 20 de Junio y la intervención urgente de la Fiscalía para investigar tanto el homicidio cometido por Peloso como los excesos policiales durante el operativo de dispersión.

«La protesta social ante un asesinato no se resuelve a los tiros. Exigimos sensatez, el cese de la represión y justicia inmediata por el joven fallecido», concluyó Spina, quien marcó la necesidad de un abordaje estructural que exceda la coyuntura del caso puntual.

El episodio vuelve a poner en evidencia la tensión entre las políticas de seguridad basadas en la militarización del territorio y el reclamo social ante casos de violencia institucional. Mientras Peloso permanece detenido tras negarse a declarar, y José Luis Zárate lucha por su vida en terapia intensiva, los vecinos del barrio 20 de Junio enfrentan ahora las secuelas de una represión que se sumó al dolor de una familia destrozada por el gatillo fácil.

Puntos clave:

• Diego Spina repudió el gatillo fácil y la represión policial en el barrio 20 de Junio de Morón
• La policía bonaerense dispersó con balas de goma y gases a vecinos que protestaban por el asesinato de Juan Manuel De Vita
• Fuerza Patria exigió el retiro de las fuerzas de choque y la intervención de la Fiscalía
• El concejal cuestionó la «porosidad alarmante» en las fuerzas de seguridad
• José Luis Zárate continúa grave tras el atropello que desencadenó la tragedia

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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