Política 📢
Cristina Fernández en Twitter «Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad»
La vicepresidenta con «un piropo» para La Nación y lapidaria con Infobae.
La vicepresidenta Cristina Kirchner no oculto su asombro y publicó un tuit contrastando la cobertura del diario La Nación e Infobae sobre la noticia de que la jueza de Nueva York Loreta Preska falló esta tarde a favor de un grupo de fondos buitre. «Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad», señaló la mandataria al valorar que el diario se ajusto en su título al inicio del conflicto y no a una negociación puntual, en cambio fiel a su nuevo estilo Infobae eligió cargar la responsabilidad contra «la gestión kirchnerista».
El fallo de la jueza del distrito sur de Nueva York, que reemplazó a Thomas Griesa tras su muerte, obligará a la Argentina a pagar 224,2 millones de dólares a los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments por bonos defaulteados en el breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá.
Los bonos habían sido emitidos en 1997 y 2001, pero los fondos buitre Attestor Master Value y Trinity Investments los compraron en 2014, cuando la Argentina ya había pasado por el default de 2001 y las renegociaciónes de deuda privada de 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esas negociaciones se había acordado con el 93% de los bonistas, mientras que el 7% decidió seguir el camino legal ante la falta de las luego creadas Cláusulas de Acción Colectiva.

Con ese conflicto legal en marcha, los fondos Attestor Master Value y Trinity Investments recompraron los bonos para esperar la sentencia que llega recién hoy y les permitirá cobrar 224,2 millones de dólares por bonos que compraron a bajo precio. La nota de Infobae se tomó de la decisión política de no acordar con el 7% de fondos buitre para titular apuntando a «la gestión kirchnerista».
Sin embargo, en la nota de La Nación que destacó la ex presidenta, se señala cómo esta deuda atravesó todos los gobiernos desde 2001, incluso la gestión de Mauricio Macri, en 2016, cuando con aval del Congreso avanzó en el pago de parte de los fondos reclamados por los holdouts y avalados por el juez Griesa. En esa ocasión tampoco se cerró la demanda de estos dos fondos buitre.
Profundicemos un poquito sobre el tema: es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020
Sí, ese que normalizamos en nuestra gestión de gobierno logrando la quita más importante de la historia, acordando con casi el 93% de los acreedores. Los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitre.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020
La verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagándoles a los fondos buitre hasta los honorarios de las abogados y las campañas sucias contra Argentina. Fin.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020
Sorpresas te da la vida: La Nación publicó la verdad.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020
Infobae… no sorprendió a nadie. pic.twitter.com/bqzfbnawj6
El fallo de la jueza Preska –que también lleva adelante una demanda por la estatización de YPF durante la gestión de la ex presidenta — se conoce cuando el gobierno nacional presentó su última oferta a los acreedores internacionales de bonos emitidos tanto en las negociaciones de 2005 como las de 2016, ambas con Cláusulas de Acción Colectiva para evitar una nueva batalla legal contra los buitres.
Para que esta nueva reestructuración sea exitosa, y no haya lugar a nuevas demandas, deberá alcanzarse un umbral de participación del 75 por ciento en los bonos del 2005 y del 66 por ciento en los títulos emitidos a partir de 2016 .
Ciencia 🧬
Pagan insumos con su sueldo para diagnosticar a niños: la cara del cientificidio libertario
Investigadoras de la UBA y el Conicet desarrollan un análisis para detectar trastornos del neurodesarrollo en la infancia, que hoy requieren estudios genéticos de hasta 2.000 dólares. El proyecto avanza, pero su directora advierte que, si el ajuste sigue, el laboratorio tendrá que cerrar.
«Si esto sigue así, lamentablemente vamos a tener que cerrar». La advertencia no proviene de una pyme asfixiada por la recesión, sino de la directora de un laboratorio público que trabaja en un análisis de sangre capaz de acelerar el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en niños. Mientras la ciencia argentina produce avances con impacto directo en la salud de la infancia, el ajuste del Gobierno de Javier Milei la empuja al borde del cierre.
La investigación está a cargo de Verónica Báez, responsable del Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia, y es encabezada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. El desarrollo ya obtuvo resultados positivos en animales y hoy atraviesa la etapa de recolección de muestras en personas voluntarias.
Un diagnóstico caro y a prueba y error
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que alteran la conducta y el pensamiento durante los primeros años de vida, y que pueden dificultar la comprensión de conceptos, la realización de movimientos o la interacción con otras personas. Entre los más frecuentes figuran el TDAH, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos motores, del aprendizaje y del lenguaje.
La Argentina no cuenta con cifras oficiales sobre cuántos niños tienen condiciones del neurodesarrollo. Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que alrededor de uno de cada seis chicos de entre 3 y 17 años presenta algún trastorno de este tipo.
En el país, estos cuadros suelen agruparse bajo el amplio paraguas de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), y el tratamiento se organiza muchas veces por ensayo y error: kinesiología ante problemas motrices, psicopedagogía ante dificultades de aprendizaje, anticonvulsivos ante episodios convulsivos. «Cuando uno diagnostica por sintomatología, a veces puede no ser exacto«, explicó Báez.
La confirmación hoy depende de la secuenciación de ADN. «La secuenciación cuesta entre u$s1.000 y u$s2.000, dependiendo del tamaño de la secuencia a analizar. Para muchas familias es caro», señaló la investigadora. El acceso a un diagnóstico preciso queda así condicionado por la capacidad de pago de cada familia.
Cómo funciona el análisis
El eje del proyecto es la búsqueda de biomarcadores en sangre asociados a fallas en los receptores NMDA, proteínas clave en la comunicación entre neuronas y en la plasticidad cerebral, que también están presentes en otras partes del cuerpo. «Vimos en ratas que a nivel del sistema nervioso central hay ciertas cosas que cambian cuando estos receptores NMDA fallan. Ahora vemos que en la sangre por ahí también fallan de la misma manera y podemos ver las mismas cosas», detalló Báez.
La prueba requeriría una muestra de apenas 5 mililitros de sangre. Aunque la presencia de estas proteínas en el torrente sanguíneo es mucho menor que en el cerebro, el equipo busca confirmar si su medición permite detectar y diagnosticar el trastorno. En esta etapa, el objetivo es establecer los valores normales en personas sanas para luego compararlos con muestras de niños con alguna condición del neurodesarrollo.
«Estamos sacando muestras de personas voluntarias, pero atrás de eso hay un proceso ético que se tiene que evaluar y el cual tiene que estar rigurosamente controlado», aclaró Martina Piñeiro, estudiante de Medicina e integrante del equipo.
Sin atajos: los plazos y el foco en la infancia
Báez fue prudente con los tiempos. «Estaría buenísimo poder dar esperanza e ir más rápido, pero no. Estamos lejos porque lo queremos hacer bien para que llegue lo mejor posible a la gente que lo necesita», sostuvo, y relató: «Es terrible cuando una familia nos escribe y nos dice ‘te presto a mi hijo para que lo metas en este ensayo'».
La investigadora explicó por qué el test apunta a los chicos y no a los adultos: el sistema nervioso activa mecanismos compensatorios cuando algo falla en su desarrollo, de modo que muchas personas con retrasos madurativos en la infancia llegan a la adultez sin signos evidentes. Por eso, la detección temprana es la ventana en la que el análisis puede cambiar el rumbo de un tratamiento.
Poner plata del sueldo para sostener el laboratorio
El costado más crudo del proyecto es financiero. «Tenemos mucha menos plata. Seguimos trabajando y colaboramos con gente de afuera, pero se está haciendo muy difícil porque la cantidad de dinero que teníamos para trabajar pasó a ser muy poca», describió Báez. Y fue más allá: «Muchos estamos poniendo plata de nuestro sueldo para mantener algunas cosas del laboratorio. Los insumos son muy caros».
La científica recurrió a un término que ya forma parte del vocabulario de la comunidad académica: «Llamamos ‘cientificidio’ porque mucha gente cerró su laboratorio o algunos juntaron laboratorios para trabajar entre dos como si fuera uno solo». Que investigadores del Conicet financien con su salario los insumos de un proyecto de salud infantil retrata el nivel de abandono del Estado nacional sobre el sistema científico.
«Los problemas de un país los tiene que resolver el país y no gente de afuera. Si no podemos preguntarnos las cosas ni contestarlas, ¿quién lo hará por nosotros?», planteó Báez. La pregunta conecta con una discusión de fondo sobre soberanía científica: sin financiamiento público, el conocimiento que necesita la salud argentina depende de voluntades individuales o de la cooperación externa.
La otra fuga: los jóvenes que miran al exterior
El ajuste también pone en riesgo a la próxima generación de investigadores. Lucía Moreno, estudiante de Biotecnología e integrante del equipo, admitió que evalúa continuar su carrera fuera del país. «Es muy gratificante todo lo que se puede llegar a lograr, pero la situación de hoy en día también hace cuestionárselo más a fondo e intentar pensar si se puede subsistir y de qué forma«, dijo. Cada joven formada en la universidad pública que se va es una inversión del país que termina aprovechada por otros.
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