Judiciales ⚖️
La estrategia del Mundial: cómo el oficialismo intenta enterrar la causa Adorni bajo la fiebre futbolera
El jefe de Gabinete confirmó que presentará su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del 15 de junio, cuatro días después del inicio del Mundial 2026. La demora sistemática y la coincidencia de fechas alimentan las sospechas sobre una estrategia deliberada para enterrar el escándalo bajo la fiebre futbolera.
Adorni presentará su declaración jurada ante la OA antes del 15 de junio, con el Mundial ya en marcha
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ultimó los detalles de la declaración jurada patrimonial que presentará ante la Oficina Anticorrupción (OA) en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Aún sin fecha exacta, el ministro coordinador comprometió que la presentación no superará el lunes 15 de junio. La fecha elegida no parece inocente: cae apenas cuatro días después del arranque del Mundial 2026, previsto para el jueves 11, y consolida una estrategia que en los pasillos de Balcarce 50 ya se reconoce en voz baja: usar la euforia deportiva para licuar el impacto de una presentación que podría reavivar las llamas de un escándalo que lleva meses sacudiendo al Gobierno.
La información fue confirmada hoy por la Agencia NA, que precisó que en el entorno del funcionario se limitan a señalar que la presentación ocurrirá antes de mediados de mes, sin precisar el día exacto.
La demora tiene historia: una postergación calculada
La situación no es nueva. Desde hace semanas, el entorno de Adorni fue corriendo los plazos en forma sistemática. Primero se habló de una presentación para fines de mayo. Luego, el propio presidente Javier Milei anticipó que su jefe de Gabinete tenía la declaración «lista», pero el anuncio no se tradujo en acción. Más tarde, el entorno del funcionario aclaró que la presentación sería entre un viernes y el lunes siguiente, para finalmente desplazar el horizonte al 15 de junio.
Desde la Jefatura de Gabinete respondieron a las presiones con una posición defensiva: el funcionario no se dejará «correr» ni por la senadora Patricia Bullrich ni por ningún otro actor externo. «No se dejará correr por la exministra de Seguridad», remarcaron fuentes internas, en referencia a la presión que la senadora ejerció públicamente tras presentar su propia declaración patrimonial el 19 de mayo. Bullrich llegó a pronunciarse desde Mendoza con una frase que sonó más a advertencia que a respaldo: «Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla».
La anticipación de la senadora fue, en sí misma, una señal política de alto voltaje. Con el plazo formal para los funcionarios fijado en el 31 de julio, Bullrich optó por adelantarse y presionar públicamente por una definición. El gesto abrió una nueva grieta en el núcleo duro del poder libertario: la senadora comenzó a posicionarse como la «mileísta coherente», aquella dispuesta a diferenciarse cuando el resto del bloque guarda silencio.
Interna y escándalo: el coctel que Adorni intenta sobrevivir
La situación judicial de Adorni no puede leerse de manera aislada. El estallido del escándalo tiene un origen preciso: en marzo de 2026, se difundió que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a bordo del avión presidencial que trasladó a Javier Milei y su comitiva a Nueva York para la denominada «Argentina Week», el mayor road show de inversiones del oficialismo. Según precisó Infobae, Angeletti se subió al avión oficial gracias a la cercanía de Adorni con Karina Milei, que «tiene gestos con Manuel que no tiene con nadie», según reconoció entonces una fuente oficial. El propio Adorni intentó minimizar el episodio en una entrevista con ese mismo medio: «Vengo cinco días a deslomarme», dijo para justificar la presencia de su esposa.
Lo que siguió fue una avalancha. Legisladores de la oposición pidieron informes sobre quién financió el traslado de Angeletti y si su presencia implicaba un conflicto de intereses. La vicepresidenta Victoria Villarruel también reclamó públicamente la presentación de la declaración jurada. La interna se agudizó cuando trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo y Karina Milei habían entrado en una disputa que copó la agenda de la Casa Rosada durante semanas. Esa pelea interna, paradójicamente, sirvió para descomprimir el impacto mediático de la causa judicial sobre Adorni: mientras los dos sectores más poderosos del Gobierno se disparaban entre sí, el jefe de Gabinete quedó en un segundo plano.
El cerco judicial: lo que la declaración jurada debe explicar
La investigación que instruye el juez Ariel Lijo, con la colaboración del fiscal Gerardo Pollicita, ya acumuló un caudal de pruebas que hace de la declaración jurada una pieza crucial. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares e incluye rubros que el funcionario no ha logrado justificar: las refacciones de lujo en su propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el contratista Matías Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares íntegramente en efectivo y sin factura; la ingeniería de deudas con dos jubiladas para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, escriturado en **230.000 dólares; y una serie de viajes al exterior con gastos en moneda extranjera que superan los 27.000 dólares, según el informe especial publicado por este medio en mayo de 2026.
El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, el peritaje de los dispositivos del contratista Tabar y del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario cuya productora ImHouse es investigada por contratos irregulares con la Televisión Pública. También se investiga el uso del avión presidencial para trasladar a Angeletti a Nueva York, un recurso del Estado destinado estrictamente a funciones gubernamentales.
Fuentes judiciales que pidieron reserva de identidad indicaron a este medio que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y que la declaración jurada será un elemento central para determinar si el patrimonio declarado guarda coherencia con los gastos documentados.
El Mundial como refugio político
La apuesta oficial al fútbol como anestesia política tiene antecedentes en la historia argentina, pero pocas veces se ejerció con una transparencia tan desconcertante. En la Casa Rosada admiten de forma reservada que el inicio del campeonato, con la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni debutando el 16 de junio, generará un cambio radical en la agenda pública. La estrategia es simple: que la presentación de la declaración jurada de Adorni quede sepultada bajo el ruido del primer pitazo.
Sin embargo, la suerte de esa estrategia depende, en buena medida, del desempeño deportivo del equipo nacional. Si Argentina avanza en el torneo, la fiebre mundialista podría sostener la cortina por semanas. Si la Selección tropieza en fase de grupos, el foco mediático volverá con rapidez sobre la Jefatura de Gabinete y sobre una declaración jurada que, cualquiera sea su contenido, deberá responder por cifras que el funcionario aún no ha logrado explicar.
Milei ratificó su respaldo al funcionario y lo definió como «un hombre honesto». Pero el cerco judicial no se detiene por los elogios presidenciales. Y la pregunta que recorre los tribunales de Comodoro Py sigue en pie: ¿puede una declaración jurada cerrar una causa que ya acumula testimonios de contratistas, peritajes de celulares y secretos fiscales levantados?
Puntos clave
- Adorni comprometió presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes del 15 de junio, cuatro días después del inicio del Mundial 2026.
- La demora es sistemática: el funcionario y su entorno postergaron el plazo en múltiples oportunidades desde fines de mayo.
- El patrimonio investigado supera los 840.000 dólares e incluye 245.000 dólares en efectivo pagados a un contratista sin factura y gastos en el exterior no justificados.
- La senadora Patricia Bullrich presionó públicamente a Adorni y presentó su propia declaración el 19 de mayo, marcando distancia dentro del bloque oficialista.
- El escándalo se originó en marzo de 2026, cuando se confirmó que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York.
Investigación 🔎
Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.
El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.
De los medicamentos a los insumos: la misma estructura
Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.
La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.
Los empresarios y los engranajes internos
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.
«No se trató de irregularidades aisladas»
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.
La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».
Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».
Los audios que el Gobierno quiso enterrar
La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».
Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.
Lo que tenés que saber:
- El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
- Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
- Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
- Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
- El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.
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