Judiciales ⚖️
La estrategia del Mundial: cómo el oficialismo intenta enterrar la causa Adorni bajo la fiebre futbolera
El jefe de Gabinete confirmó que presentará su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del 15 de junio, cuatro días después del inicio del Mundial 2026. La demora sistemática y la coincidencia de fechas alimentan las sospechas sobre una estrategia deliberada para enterrar el escándalo bajo la fiebre futbolera.
Adorni presentará su declaración jurada ante la OA antes del 15 de junio, con el Mundial ya en marcha
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ultimó los detalles de la declaración jurada patrimonial que presentará ante la Oficina Anticorrupción (OA) en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Aún sin fecha exacta, el ministro coordinador comprometió que la presentación no superará el lunes 15 de junio. La fecha elegida no parece inocente: cae apenas cuatro días después del arranque del Mundial 2026, previsto para el jueves 11, y consolida una estrategia que en los pasillos de Balcarce 50 ya se reconoce en voz baja: usar la euforia deportiva para licuar el impacto de una presentación que podría reavivar las llamas de un escándalo que lleva meses sacudiendo al Gobierno.
La información fue confirmada hoy por la Agencia NA, que precisó que en el entorno del funcionario se limitan a señalar que la presentación ocurrirá antes de mediados de mes, sin precisar el día exacto.
La demora tiene historia: una postergación calculada
La situación no es nueva. Desde hace semanas, el entorno de Adorni fue corriendo los plazos en forma sistemática. Primero se habló de una presentación para fines de mayo. Luego, el propio presidente Javier Milei anticipó que su jefe de Gabinete tenía la declaración «lista», pero el anuncio no se tradujo en acción. Más tarde, el entorno del funcionario aclaró que la presentación sería entre un viernes y el lunes siguiente, para finalmente desplazar el horizonte al 15 de junio.
Desde la Jefatura de Gabinete respondieron a las presiones con una posición defensiva: el funcionario no se dejará «correr» ni por la senadora Patricia Bullrich ni por ningún otro actor externo. «No se dejará correr por la exministra de Seguridad», remarcaron fuentes internas, en referencia a la presión que la senadora ejerció públicamente tras presentar su propia declaración patrimonial el 19 de mayo. Bullrich llegó a pronunciarse desde Mendoza con una frase que sonó más a advertencia que a respaldo: «Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla».
La anticipación de la senadora fue, en sí misma, una señal política de alto voltaje. Con el plazo formal para los funcionarios fijado en el 31 de julio, Bullrich optó por adelantarse y presionar públicamente por una definición. El gesto abrió una nueva grieta en el núcleo duro del poder libertario: la senadora comenzó a posicionarse como la «mileísta coherente», aquella dispuesta a diferenciarse cuando el resto del bloque guarda silencio.
Interna y escándalo: el coctel que Adorni intenta sobrevivir
La situación judicial de Adorni no puede leerse de manera aislada. El estallido del escándalo tiene un origen preciso: en marzo de 2026, se difundió que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a bordo del avión presidencial que trasladó a Javier Milei y su comitiva a Nueva York para la denominada «Argentina Week», el mayor road show de inversiones del oficialismo. Según precisó Infobae, Angeletti se subió al avión oficial gracias a la cercanía de Adorni con Karina Milei, que «tiene gestos con Manuel que no tiene con nadie», según reconoció entonces una fuente oficial. El propio Adorni intentó minimizar el episodio en una entrevista con ese mismo medio: «Vengo cinco días a deslomarme», dijo para justificar la presencia de su esposa.
Lo que siguió fue una avalancha. Legisladores de la oposición pidieron informes sobre quién financió el traslado de Angeletti y si su presencia implicaba un conflicto de intereses. La vicepresidenta Victoria Villarruel también reclamó públicamente la presentación de la declaración jurada. La interna se agudizó cuando trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo y Karina Milei habían entrado en una disputa que copó la agenda de la Casa Rosada durante semanas. Esa pelea interna, paradójicamente, sirvió para descomprimir el impacto mediático de la causa judicial sobre Adorni: mientras los dos sectores más poderosos del Gobierno se disparaban entre sí, el jefe de Gabinete quedó en un segundo plano.
El cerco judicial: lo que la declaración jurada debe explicar
La investigación que instruye el juez Ariel Lijo, con la colaboración del fiscal Gerardo Pollicita, ya acumuló un caudal de pruebas que hace de la declaración jurada una pieza crucial. El patrimonio bajo sospecha supera los 840.000 dólares e incluye rubros que el funcionario no ha logrado justificar: las refacciones de lujo en su propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde el contratista Matías Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares íntegramente en efectivo y sin factura; la ingeniería de deudas con dos jubiladas para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, escriturado en **230.000 dólares; y una serie de viajes al exterior con gastos en moneda extranjera que superan los 27.000 dólares, según el informe especial publicado por este medio en mayo de 2026.
El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, el peritaje de los dispositivos del contratista Tabar y del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario cuya productora ImHouse es investigada por contratos irregulares con la Televisión Pública. También se investiga el uso del avión presidencial para trasladar a Angeletti a Nueva York, un recurso del Estado destinado estrictamente a funciones gubernamentales.
Fuentes judiciales que pidieron reserva de identidad indicaron a este medio que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y que la declaración jurada será un elemento central para determinar si el patrimonio declarado guarda coherencia con los gastos documentados.
El Mundial como refugio político
La apuesta oficial al fútbol como anestesia política tiene antecedentes en la historia argentina, pero pocas veces se ejerció con una transparencia tan desconcertante. En la Casa Rosada admiten de forma reservada que el inicio del campeonato, con la Selección Argentina conducida por Lionel Scaloni debutando el 16 de junio, generará un cambio radical en la agenda pública. La estrategia es simple: que la presentación de la declaración jurada de Adorni quede sepultada bajo el ruido del primer pitazo.
Sin embargo, la suerte de esa estrategia depende, en buena medida, del desempeño deportivo del equipo nacional. Si Argentina avanza en el torneo, la fiebre mundialista podría sostener la cortina por semanas. Si la Selección tropieza en fase de grupos, el foco mediático volverá con rapidez sobre la Jefatura de Gabinete y sobre una declaración jurada que, cualquiera sea su contenido, deberá responder por cifras que el funcionario aún no ha logrado explicar.
Milei ratificó su respaldo al funcionario y lo definió como «un hombre honesto». Pero el cerco judicial no se detiene por los elogios presidenciales. Y la pregunta que recorre los tribunales de Comodoro Py sigue en pie: ¿puede una declaración jurada cerrar una causa que ya acumula testimonios de contratistas, peritajes de celulares y secretos fiscales levantados?
Puntos clave
- Adorni comprometió presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción antes del 15 de junio, cuatro días después del inicio del Mundial 2026.
- La demora es sistemática: el funcionario y su entorno postergaron el plazo en múltiples oportunidades desde fines de mayo.
- El patrimonio investigado supera los 840.000 dólares e incluye 245.000 dólares en efectivo pagados a un contratista sin factura y gastos en el exterior no justificados.
- La senadora Patricia Bullrich presionó públicamente a Adorni y presentó su propia declaración el 19 de mayo, marcando distancia dentro del bloque oficialista.
- El escándalo se originó en marzo de 2026, cuando se confirmó que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York.
Energía
El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas
Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.
El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.
El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.
Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado
Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.
El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.
El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado
En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.
Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.
Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica
Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.
No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.
Una red envejecida y sin obligación de inversión
El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.
La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.
La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA
La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.
El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.
Puntos clave
- El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
- La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
- Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
- Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
- La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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