Gremiales
El Gobierno despidió 15 trabajadores de Intercargo por reclamar
La protesta dejó más de 1.500 pasajeros atrapados en los aviones durante varias horas.
En un contundente accionar, el Gobierno despidió a 15 empleados de la empresa estatal Intercargo que el día de ayer impulsaron una medida de fuerza, provocando cancelaciones y demoras en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. El paro afectó a más de mil pasajeros, muchos de ellos retenidos dentro de los aviones durante horas, e impactó en los vuelos de aerolíneas como Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.
«No vamos a permitir estos mecanismos de extorsión»
El ministro de Economía, Tomás Caputo, respaldó la decisión de la empresa estatal y comunicó desde su cuenta en la red social X: “Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo ”. Caputo sostuvo que en la “Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, haciendo referencia a los métodos utilizados por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sindicato al que pertenecen los trabajadores despedidos.
En la misma línea, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, criticó fuertemente a los organizadores de la protesta, argumentando que “el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”. En su mensaje, Mogetta denunció la medida de fuerza, calificándola como una “tortura” que los pasajeros sufrieron al quedar retenidos en las aeronaves durante más de tres horas.
Responsabilidad sindical y denuncias penales
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Transporte, Intercargo se despidió con causa a los empleados que, al abandonar sus obligaciones en medio de la sorpresiva asamblea convocada por APA, “paralizaron la operación” en Aeroparque. El documento detalla que “los despidos alcanzaron a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros”, todos responsables de la falta de traslado de pasajeros. Esto habría causado que más de 1,500 personas, incluidos niños, ancianos y personas con movilidad reducida, quedaran retenidas dentro de los aviones en condiciones incómodas y riesgosas.
Frente a la gravedad de los hechos, la empresa Intercargo presentó una denuncia penal contra el sindicato APA, acusándolo de “privación ilegítima de la libertad de los pasajeros”. La Secretaría de Transporte confirmará que descontará las horas no trabajadas a los empleados involucrados y reforzará los protocolos de control interno.
Movilizaciones y refuerzos de seguridad en los aeropuertos
Tras los despidos, miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico comenzaron a movilizarse tanto en Ezeiza como en Aeroparque, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de interrupciones en el servicio aéreo. Ante esta situación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegó un cuerpo de Infantería y un escuadrón antipiquetes en Aeroparque con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del aeropuerto y evitar que se repitan situaciones similares.
El conflicto gremial en Intercargo, una empresa que cumple una función esencial en el sistema aeroportuario del país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho a la protesta en los servicios esenciales y los límites de las sindicales en momentos de alta demanda.
Gremiales
Gremios y organizaciones marchan contra el fallo de la Corte que “abre” el territorio a extranjeros
Un fallo de la Corte Suprema habilitó la venta ilimitada de tierras a extranjeros e impidió que ex combatientes de Malvinas demanden contra el DNU 70/23. Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales, mientras la oposición busca el quórum para derogar el decreto que la izquierda y las CTA califican de inconstitucional.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia habilitó la venta ilimitada de tierras a ciudadanos extranjeros, dejando sin efecto las restricciones que imponía la Ley de Tierras, y desató una respuesta inmediata de gremios, organizaciones sociales y agrupaciones ambientalistas que se movilizaron este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión del máximo tribunal.
La marcha, que partió a las 16 horas, reunió a las dos centrales de la CTA, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y decenas de organizaciones que, además de repudiar el fallo judicial, exigieron la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, al que califican de «inconstitucional». El DNU, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, desreguló amplios sectores de la economía argentina, incluyendo aspectos vinculados al mercado de tierras y la propiedad rural.
Una decisión que habilita la extranjerización
El secretario general de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, fue uno de los primeros en marcar la gravedad de la resolución. «El fallo es grave porque, además de habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, invalidó el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto», sostuvo. La advertencia pone sobre la mesa una paradoja que sacudió el debate público: quienes arriesgaron la vida por defender el territorio nacional quedan excluidos de los mecanismos judiciales para protegerlo.
«Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra», graficó Godoy. Y convocó a la movilización hacia Tribunales, a la que definió como «esa cueva de la injusticia que está covalidando semejantes escenarios de entrega».
La oposición busca quórum para derogar el DNU
El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y articuló la disputa callejera con la batalla legislativa. «Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos», explicó: la continuidad de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y, en tercer lugar, la derogación del DNU 70/23. «Lo que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras», precisó Yasky.
La dificultad para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados expone la fragmentación de la oposición y la capacidad del oficialismo de La Libertad Avanza para bloquear iniciativas parlamentarias que contradigan la hoja de ruta desreguladora del Ejecutivo. En ese contexto, el fallo judicial llega a actuar como un sustituto de lo que la coalición gobernante no logró imponer por vías legislativas.
Bregman apunta al corazón político del fallo
La diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue la voz más directa al cuestionar los resortes políticos detrás de la sentencia. «La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país», afirmó. Y fue más lejos: «La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo», sentenció.
La lectura de Bregman conecta el fallo con un patrón que la oposición viene denunciando: la utilización del Poder Judicial para avanzar con reformas que el Ejecutivo no logra consolidar en el Parlamento. En ese esquema, la Corte no resuelve un litigio; define una política.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema emitió un fallo que habilita la venta ilimitada de tierras a extranjeros y deja sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.
- El fallo también anuló la legitimidad de los ex combatientes de Malvinas para demandar judicialmente contra el DNU 70/23.
- Gremios, organizaciones sociales y ambientalistas marcharon este martes hacia Tribunales para rechazar la decisión judicial.
- La oposición busca reunir quórum en Diputados para derogar el DNU 70/23, que también incluye disposiciones vinculadas a la extranjerización de tierras.
- La diputada Myriam Bregman cuestionó que la Corte haya actuado para resolver lo que el oficialismo no pudo imponer en el Congreso.
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