Gremiales
El Gobierno despidió 15 trabajadores de Intercargo por reclamar
La protesta dejó más de 1.500 pasajeros atrapados en los aviones durante varias horas.
En un contundente accionar, el Gobierno despidió a 15 empleados de la empresa estatal Intercargo que el día de ayer impulsaron una medida de fuerza, provocando cancelaciones y demoras en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. El paro afectó a más de mil pasajeros, muchos de ellos retenidos dentro de los aviones durante horas, e impactó en los vuelos de aerolíneas como Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.
«No vamos a permitir estos mecanismos de extorsión»
El ministro de Economía, Tomás Caputo, respaldó la decisión de la empresa estatal y comunicó desde su cuenta en la red social X: “Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo ”. Caputo sostuvo que en la “Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, haciendo referencia a los métodos utilizados por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sindicato al que pertenecen los trabajadores despedidos.
En la misma línea, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, criticó fuertemente a los organizadores de la protesta, argumentando que “el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”. En su mensaje, Mogetta denunció la medida de fuerza, calificándola como una “tortura” que los pasajeros sufrieron al quedar retenidos en las aeronaves durante más de tres horas.
Responsabilidad sindical y denuncias penales
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Transporte, Intercargo se despidió con causa a los empleados que, al abandonar sus obligaciones en medio de la sorpresiva asamblea convocada por APA, “paralizaron la operación” en Aeroparque. El documento detalla que “los despidos alcanzaron a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros”, todos responsables de la falta de traslado de pasajeros. Esto habría causado que más de 1,500 personas, incluidos niños, ancianos y personas con movilidad reducida, quedaran retenidas dentro de los aviones en condiciones incómodas y riesgosas.
Frente a la gravedad de los hechos, la empresa Intercargo presentó una denuncia penal contra el sindicato APA, acusándolo de “privación ilegítima de la libertad de los pasajeros”. La Secretaría de Transporte confirmará que descontará las horas no trabajadas a los empleados involucrados y reforzará los protocolos de control interno.
Movilizaciones y refuerzos de seguridad en los aeropuertos
Tras los despidos, miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico comenzaron a movilizarse tanto en Ezeiza como en Aeroparque, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de interrupciones en el servicio aéreo. Ante esta situación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegó un cuerpo de Infantería y un escuadrón antipiquetes en Aeroparque con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del aeropuerto y evitar que se repitan situaciones similares.
El conflicto gremial en Intercargo, una empresa que cumple una función esencial en el sistema aeroportuario del país, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el derecho a la protesta en los servicios esenciales y los límites de las sindicales en momentos de alta demanda.
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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