La diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, solicitó al Gobierno que explique en forma “urgente” las razones por las cuales el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) destinó “ilegalmente” 1.500 millones de pesos a ARSAT, mediante una transferencia realizada en “forma directa”.

La legisladora presentó un proyecto de resolución donde pide que la Jefatura de Gabinete detalle los fundamentos de esta operación, que calificó de irregular y contraria a disposiciones oficiales.

Transferencia directa bajo cuestionamiento

A través de su proyecto, Stolbizer cuestionó la Resolución 541/2024, firmada por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, en la que se destinó 1.500 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) a ARSAT sin procesos de licitación o justificación adecuada.

“Carece de razonabilidad y también de legalidad”, afirmó la diputada en referencia a la resolución.

Posibles implicancias legales y perjuicio fiscal

Stolbizer añadió que la medida se realizó en abierta contravención a las disposiciones del nuevo gobierno, y argumentó que “la resolución carece de legalidad a la luz de todas las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno y por tanto estaría viciada de nulidad absoluta e insalvable, no pudiendo producir efectos e implicando además la responsabilidad personal del autor frente al perjuicio fiscal”.

Asimismo, la diputada subrayó que la asignación de recursos públicos sin cumplir con las competencias y los mandatos legales representa una desviación de las normativas actuales, contraviniendo la orden del presidente Javier Milei.

Violación del Decreto de Necesidad y Urgencia

Stolbizer mencionó que el decreto 70/23, en su artículo 50, prohíbe al Estado Nacional dar beneficios especiales a empresas en las que sea accionista. La resolución de ENACOM, según Stolbizer, “violenta” lo dispuesto en dicho artículo, que establece que el Estado no puede otorgar ventajas en la contratación, compra de bienes y servicios, o en cualquier relación jurídica a su favor.

La legisladora exige saber cuál fue la autoridad superior que autorizó esta transferencia, señalando una falta de transparencia en el proceso.

Solicitud de informes adicionales

La diputada también pidió explicaciones sobre si existió un dictamen jurídico y cuáles funcionarios participaron en la resolución. A su vez, solicitó que se informe si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue consultada, dado que el beneficio otorgado a ARSAT podría representar un trato discriminatorio contra el sector privado. Finalmente, Stolbizer preguntó: “¿Cuál ha sido la opinión del Ministerio de Economía que debió haberse obtenido como previa, atento lo dispuesto en el Art.2 del Decreto 215/2024 para el dictado de cualquier instrucción al ente fiduciario del FFSU?”.

La diputada espera una pronta respuesta del Poder Ejecutivo y exige que se respete la legalidad en las transferencias de fondos públicos, instando a que se aclaren los motivos de esta polémica medida y sus posibles implicancias en el uso de los recursos estatales.