Seis militantes fueron detenidas y trasladadas a un penal federal luego de participar de una protesta frente a la vivienda del diputado José Luis Espert (LLA), a quien acusan de promover discursos violentos contra manifestantes. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana e incluyeron la colocación de un pasacalle y el vertido de residuos —presuntamente excremento— en la vereda del domicilio del legislador en el norte del conurbano bonaerense.

La causa fue asumida por el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó allanamientos y la detención e incomunicación de seis personas, entre ellas la militante Eva Mieri, exconcejal y dirigente de La Cámpora, y Alesia Abaigar, vinculada a movimientos sociales.

Los abogados defensores aseguran que los hechos imputados “como mucho constituyen una contravención” y cuestionan la utilización del fuero federal, que en principio sólo interviene en delitos como el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas.

Denuncias por persecución y criminalización

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con referentes políticos y organizaciones de derechos humanos, denunció una escalada de persecución judicial y política contra la protesta social. En un comunicado, el organismo remarcó que “allanamientos violentos, personas esposadas y detenidas por un escrache es una desproporción que sólo puede explicarse como castigo político”.

La abogada defensora y referentes como Diego Molea y Juan Grabois cuestionaron la actuación del Poder Judicial y señalaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como “la responsable política de la avanzada represiva”.

“Esta causa revela cómo el aparato penal se pone al servicio del disciplinamiento social y la criminalización de la militancia”, afirmó el abogado de Eva Mieri. Grabois, por su parte, sostuvo en redes sociales que “el Estado está siendo usado para perseguir por protestas irrelevantes”, y calificó de “pusilánime” al diputado Espert por recurrir a la justicia federal ante un hecho menor.

Bullrich y Espert, en el centro de la polémica

La figura de José Luis Espert quedó en el centro de la escena desde que, semanas atrás, propuso públicamente aplicar “cárcel o bala” contra quienes participen de protestas que interrumpan la libre circulación. La frase provocó un fuerte repudio y fue señalada como un llamado explícito a la violencia estatal.

Ahora, con la judicialización del escrache frente a su domicilio, sectores opositores consideran que el diputado libertario estaría usando el aparato judicial y mediático para perseguir a militantes opositores, lo que califican como un peligroso antecedente.

Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que se trata de un hecho delictivo. La propia Patricia Bullrich respaldó el accionar policial y judicial y justificó la intervención del fuero federal por tratarse de un “ataque coordinado contra una figura del Congreso”.

La defensa pide libertad y fin de la incomunicación

Los abogados de las detenidas reclamaron la inmediata libertad de las militantes y la revisión de la competencia federal de la causa. En paralelo, exigieron que se levante la incomunicación de las detenidas, algunas de las cuales aún no fueron indagadas.

Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), la diputada Myriam Bregman afirmó que “quienes protestan son detenidas, mientras los policías que hirieron a mi compañero Matías Aufieri siguen impunes”. En la conferencia de prensa realizada en Tribunales, familiares y referentes denunciaron que “el Estado está utilizando el Código Penal para silenciar la disidencia”.