Economía 💲
Modelo libertario en caída libre: 66% de insatisfacción y solo 39% de aprobación a Milei
La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés expone un panorama crítico para el gobierno libertario: dos tercios de los argentinos están insatisfechos con el rumbo del país, mientras la aprobación presidencial se desploma a su nivel más bajo desde diciembre de 2023.
⬛ La última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre sobre 1.003 adultos conectados a internet, desató una serie de señales de alerta para el oficialismo: el 66% de los argentinos declaró su insatisfacción con el rumbo del país, mientras apenas un 32% se mostró algo satisfecho.
La aprobación al gobierno de Javier Milei se sostiene en un frágil 39%, con un rechazo que trepó al 58%, tres puntos más que en julio, marcando el nivel más bajo desde que asumió. Con datos ya ponderados según el voto de 2023 y un margen de error de ±3,15 puntos, esta tendencia decreciente se replica en otros sondeos.
El derrumbe en múltiples mediciones
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella en septiembre se desplomó un 8,2% hasta 1,94 puntos, su mínimo histórico bajo Milei. Zuban-Córdoba arroja una imagen positiva del presidente de 39,5% frente a 59,6% negativa. D’Alessio IROL-Berensztein sitúa la desaprobación en 57%.
En el conurbano bonaerense, trinchera electoral del país, la cosecha es devastadora: el 7 de septiembre el oficialismo sufrió una derrota por 14 puntos (33% para La Libertad Avanza frente a 47% de Fuerza Patria). Según Tendencias Consultora, el 56% considera «muy probable» que la administración esté involucrada en actos de corrupción.
Este colapso no estalla de improviso; es la concreción de un desgaste gradual. En el segundo año de gestión, el entusiasmo por el ajuste radical empezó a chocar con los límites del día a día. En julio, la satisfacción rondaba el 40%; hoy se derrumba transversalmente en clases sociales, edades y regiones.
Los sectores más golpeados
La Universidad de San Andrés advierte que la insatisfacción golpea más duro entre mujeres (68%), sectores bajos (77%) y jóvenes menores de 27 años (71%), colectivos que en 2023 abrazaron la promesa del cambio, pero hoy miden el ajuste en sus bolsillos.
La caída del poder adquisitivo no es tema menor: los salarios reales bajaron un 15% acumulado, el PBI crece apenas 0,1% trimestral (INDEC), y aunque la pobreza cayó a 31,7% en el primer trimestre según el Ministerio de Capital Humano, su persistencia sigue siendo una losa política.
En comparación, Milei supera a Alberto Fernández en un estadio semejante (este tenía 26% de aprobación), pero está por debajo del Mauricio Macri al que solía citar como referente (46%). El sendero histórico que arroja la ESPOP evidencia cómo el «efecto recambio» pierde fuerza en el desgaste del poder.
Escándalos que erosionan el discurso
La narrativa de «libertad sin ataduras» resquebraja su esplendor ante una sucesión de escándalos que desnudan contradicciones. El «Libra-gate» —la criptomoneda promovida públicamente por Milei y que dejó a miles endeudados o sin nada— generó rechazo en el 71% de los encuestados, según la ESPOP.
Las filtraciones de audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sugiriendo coimas en compras de medicamentos, catapultaron a la corrupción a ocupar el 35% de las preocupaciones ciudadanas, desplazando por momentos la inflación que el Gobierno presume tener bajo control.
La brecha entre macro y bolsillo
El ajuste fiscal logró un superávit primario, un hito inédito en décadas, que le abrió la puerta a un préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares. Pero la ciudadanía lo ve como una medicina amarga: el 78% sostiene que «el dinero no alcanza», con salarios bajos (34%) y desempleo (31%) como principales fantasmas.
Casi la mitad (49%) afirma que su economía personal está peor que en 2024; un 50% ve al país deteriorado. El ICG evidencia una caída de 21,8% en solo dos meses, para reposarse en 1,94 puntos, por debajo del umbral de lo esperable.
Mientras tanto, el desgaste alcanza también a Karina Milei: su imagen negativa escala al 71% (ocho puntos más que el mes anterior), convirtiéndola en una figura de influencia que el 60% asocia con corrupción por nepotismo, según la ESPOP.
Debilidad en el Congreso y escenario electoral
En el terreno electoral, la debilidad institucional pesa. Con mayoría minoritaria, 16 de 17 iniciativas clave enviadas al Congreso fueron rechazadas desde abril, incluyendo vetos a leyes de discapacidad, recortes en salud y ajustes educativos.
Sin embargo, el núcleo duro mantiene lealtades: el 76% de la derecha y el 79% de sus votantes de 2023 siguen a Milei. Las satisfacciones más altas se concentran entre hombres (44%), boomers (42%) y clases medias bajas (45%). La intención de voto proyecta 34% para La Libertad Avanza frente a 29% del peronismo, pero el 21% de indecisos podría decidir el resultado.
Bloomberg Línea advirtió: «El descontento económico y la desconfianza en la dirigencia política dominan el clima social.»
El voto castigo
La oposición avanza con la consigna de castigo: el 57% planea votar «para sancionar» al oficialismo, según Zuban Córdoba, gesto de una bronca acumulada que va más allá de coyunturas pasajeras.
Milei, el economista que irrumpió como huracán antisistema, enfrenta ahora su prueba de gobierno: su inercia transformadora —que capturó un electorado hastiado— choca con una sociedad que ya no solo reclama visiones de progreso, sino soluciones tangibles que se sientan en el bolsillo, en la heladera, en la calle.
La historia argentina, marcada por liderazgos que se consumen en el fuego del ajuste sin redes —con aprobación de salud apenas en 19% y obras públicas en 21%—, advierte: si la motosierra sigue sin amortiguadores, el león podría terminar devorado por sus propios votantes.
Puntos clave:
• El 66% de los argentinos está insatisfecho con el rumbo del país y solo el 39% aprueba la gestión de Milei, según la ESPOP de UdeSA realizada entre el 15 y el 24 de septiembre
• El Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT cayó a 1,94 puntos, su mínimo histórico, mientras otras consultoras marcan desaprobaciones entre 57% y 59,6%
• La insatisfacción golpea más duro entre mujeres (68%), sectores bajos (77%) y jóvenes menores de 27 años (71%)
• El 78% de la población sostiene que «el dinero no alcanza» y el 49% afirma que su economía personal empeoró respecto a 2024
• El escándalo del «Libra-gate» genera rechazo en el 71% de los encuestados y el 56% considera probable que el gobierno esté involucrado en actos de corrupción
Judiciales ⚖️
La Justicia declaró inconstitucional la quita del 33% en las indemnizaciones de la reforma laboral
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fulminó el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral por vulnerar derechos constitucionales de los trabajadores que iniciaron juicio antes de la sanción de la norma. El fallo se suma a otro precedente similar de la Sala VI y abre una fractura en el fuero que anticipa un camino inevitable hacia la Corte Suprema.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (27.802) en el marco de la causa «Mendiguren, Maximiliano Hernán c/ Lavadero Torino S.A. s/ Despido». El tribunal determinó que la norma, al fijar un régimen de actualización diferenciado para los créditos laborales judicializados antes de la sanción de la ley, viola al menos tres artículos de la Constitución Nacional y el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis.
Una quita del 33% disfrazada de «piso mínimo»
El artículo 55 de la Ley 27.802, aprobada por el Congreso el 28 de febrero de 2026, establece para los créditos laborales ya judicializados un «piso mínimo» equivalente al 67% del valor que resultaría de actualizar el crédito por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual. En términos concretos, y en eso reside la clave del debate constitucional, los trabajadores que iniciaron reclamos judiciales antes de la reforma cobrarían, en la práctica, un 33% menos que quienes no recurrieron a la justicia, ya que estos últimos quedan amparados por el régimen general del artículo 54 de la misma ley.
El tribunal identificó tres ejes de inconstitucionalidad. El primero es la afectación al derecho de propiedad privada consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional: al licuar una porción del crédito en beneficio del empleador deudor que incumplió sus obligaciones, la norma opera como una confiscación encubierta. El segundo eje es la violación del principio de igualdad ante la ley del artículo 16, ya que impone un trato más gravoso precisamente a quienes ejercieron su derecho constitucional de acceso a la justicia. El tercero, y tal vez el más grave en términos simbólicos, es que la norma castiga el ejercicio del derecho a reclamar: quienes fueron a la Justicia cobran menos que quienes no lo hicieron.
«El artículo 55 de la ley 27.802 no supera el examen de constitucionalidad, pues vulnera, en el caso, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis», escribió el juez Catani en la sentencia. El fallo ordenó aplicar el mecanismo de actualización por IPC del artículo 54 y rechazó cualquier quita sobre rubros de naturaleza alimentaria, citando además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un fuero dividido y una batalla que va a la Corte
El fallo de la Sala I no es un caso aislado, pero tampoco representa una posición unánime del fuero. Previamente, la Sala VI de la misma Cámara había dictado una resolución en idéntico sentido, declarando también la inconstitucionalidad del artículo 55. En paralelo, el Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata sumó un pronunciamiento similar. Sin embargo, las Salas II y VIII de la Cámara Nacional del Trabajo sostuvieron la constitucionalidad de la misma norma, generando una contradicción interna en el fuero que vuelve inevitable la intervención de la Corte Suprema para unificar criterios.
La fractura judicial llega en un contexto de disputa permanente en torno a la Ley 27.802. El 30 de marzo de 2026, el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado N° 63, había hecho lugar a una cautelar de la CGT que suspendió la vigencia de 83 artículos de la ley. La Sala VIII de la Cámara revirtió esa medida el 23 de abril, reponiendo la plena operatividad de la norma. Pero la discusión de fondo, es decir si los artículos son o no constitucionales, permanece abierta. La declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 por la Sala I reaviva ese debate en el peor momento para el Gobierno, justo cuando el Ejecutivo intentaba consolidar la aplicación de la ley.
El caso concreto: un trabajador de lavadero y el COVID como punto de partida
La causa que motivó el fallo involucra a Maximiliano Hernán Mendiguren, quien trabajó para el Lavadero Torino S.A. y denunció un despido indirecto luego de que la empresa no le pagara íntegramente el sueldo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El tribunal comprobó, a partir de informes bancarios, que entre abril y septiembre de 2020 el trabajador solo recibió pagos parciales o montos correspondientes al Programa ATP, el subsidio estatal de ese período. La sentencia, más allá de la cuestión constitucional del artículo 55, delimitó el alcance de las indemnizaciones a los rubros con nexo causal directo en la falta de registro.
El caso ilustra con precisión el tipo de situaciones que la norma cuestionada afecta: trabajadores que iniciaron reclamos legítimos y que, por la sola circunstancia de haberlos judicializado antes de que se sancionara la Ley 27.802, cobrarían menos que si hubieran esperado o no hubieran reclamado en absoluto. Esa lógica, que en el papel aparece como una corrección técnica del sistema de actualización de créditos, en los hechos invierte el principio protectorio que la Constitución garantiza en favor del trabajador.
Puntos clave
- La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley 27.802, que imponía una quita del 33% en las indemnizaciones de los trabajadores que judicializaron sus reclamos antes de la reforma.
- El fallo detectó violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional y al principio protectorio del artículo 14 bis.
- La Sala VI de la misma Cámara ya había declarado la inconstitucionalidad en un caso previo; las Salas II y VIII sostuvieron la constitucionalidad, dividiendo el fuero.
- La causa de fondo sobre los 83 artículos impugnados por la CGT continúa abierta, con la Corte Suprema como destino probable del debate.
- El Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata también declaró la inconstitucionalidad del mismo artículo en una causa paralela.
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