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★ El Gobierno nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mediante el decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y sus ministros. La norma formaliza cambios anticipados que otorgan nuevas competencias y responsabilidades al organismo que continuará bajo la dirección de Sergio Neiffert como secretario de Inteligencia, con Cristian Auguadra y Diego Kravetz en la conducción operativa.

Se trata de una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que apunta a «centralizar, modernizar y reordenar» el sistema de inteligencia mediante la redefinición de funciones, la creación de organismos y la ampliación de facultades que generaron rechazo en sectores opositores.

Estructura centralizada y nuevas agencias

El decreto ratifica a la SIDE como órgano superior y rector del sistema, integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia. Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE.

La ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) con la misión de «prevenir y detectar amenazas estratégicas internas». El decreto amplia el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.

La administración libertaria diferencia ciberseguridad, relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia que analiza amenazas en el ciberespacio. Para ello anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficiará de autoridad nacional en ciberseguridad.

Centralización presupuestaria y control de información

Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE, que coordina en las sombras el asesor presidencial Santiago Caputo. La secretaría concentrará la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia y la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere.

El decreto crea dos comunidades de intercambio de información. La Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) integra a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionando como ámbito permanente de coordinación y producción de inteligencia.

Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) incluye ministerios y organismos civiles, cuya función es aportar información estratégica sin realizar tareas de inteligencia.

Inteligencia militar: disolución y concentración

La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención declarada es evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.

Carácter encubierto y facultades polémicas

El artículo más controversial autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad, repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este punto generó el rechazo de un sector de la oposición que denunció la creación de una «policía secreta».

En la justificación del articulado, el Gobierno refuerza el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia. «Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional», subraya el texto oficial.

El decreto reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública. Sin embargo, la oposición cuestiona la efectividad de esta prohibición ante la falta de controles democráticos efectivos.

Designaciones y control parlamentario

La designación de los directores de los principales organismos contará con rango de secretario y deberá ser informada a la Comisión Bicameral del Congreso. El decreto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, como establece la Ley 26.122.

Entre los 17 objetivos formalizados para la SIDE se destacan la conducción del esfuerzo de Inteligencia Nacional y Contrainteligencia, la planificación y ejecución de las acciones del Ciclo de Producción de Inteligencia Nacional, la dirección del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados, el requerimiento de información a todo el sector público nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y la lucha contra el terrorismo coordinando acciones con organismos nacionales, provinciales y porteños.

El debate parlamentario por venir

La formalización de la reforma mediante el decreto 941/2025 traslada ahora el debate al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo. Dirigentes opositores como Leopoldo Moreau, Jorge Taiana, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón ya anunciaron que impulsarán el rechazo del decreto en ambas cámaras, proceso que requiere mayoría absoluta de los miembros presentes.

El PRO mantiene un silencio público sobre la reforma, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora coordinan acciones para auditar el alcance de los cambios. Esta posición será determinante para el destino parlamentario del DNU en un contexto de creciente polarización política y con antecedentes de espionaje ilegal en gobiernos anteriores.

Puntos clave

• El decreto 941/2025 centraliza funciones en la SIDE, que coordinará la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional.

• Autoriza a los organismos de inteligencia a aprehender personas en flagrancia y declara todas las actividades como «encubiertas».

• Se crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ex ASN) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, mientras el Centro Nacional de Ciberseguridad dependerá de Jefatura de Gabinete.

• La SIDE concentrará la aprobación de presupuestos de inteligencia, la supervisión de gastos reservados y podrá requerir información a todo el sector público.

• El decreto entra en vigencia con su publicación y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente según la Ley 26.122.