Región
En Cristo Redentor hay 2.700 camiones varados por nuevos requisitos de Chile
La Cancillería argentina solicitó a las autoridades chilenas que implementen las medidas necesarias para una pronta agilización y normalización de la circulación en los pasos fronterizos
Unos 2.700 camiones se encuentran varados del lado argentino en el paso Cristo Redentor con Chile, a causa de los nuevos requisitos que las autoridades trasandinas implementaron en los últimos días por la pandemia de coronavirus.
En este marco, hoy la Cancillería argentina solicitó a las autoridades chilenas la urgente implementación de medidas necesarias para una pronta normalización y agilización de la circulación de personas y cargas en los pasos fronterizos existentes entre ambos países.
El pedido se disparó a causa de las graves dificultades que afectan el normal funcionamiento de los Pasos Internacionales Sistema Cristo Redentor (Provincia de Mendoza), San Sebastián (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) e Integración Austral (Provincia de Santa Cruz).
Esta tarde, la Federación Argentina de Entidades del Autotransporte de Cargas (Fadeac) destaco la presentación hecha por la Cancillería. La cámara que nuclea a los transportistas exige que se modifiquen las medidas y los malos tratos que están sufriendo los choferes en la frontera del lado chileno, por las medidas sanitarias que han sido tomadas por las autoridades del Paso Fronterizo Los Libertadores.
Fuentes de Gendarmería explicaron que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado de 8 a 14, con el ingreso a la República Argentina receptivo al turismo de extranjeros que cumplan con los requisitos sanitarios de ingreso. En tanto, el ingreso a Chile solo esta permitido a ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en el país trasandino.
A su vez, para transporte internacional de cargas, el Paso Internacional se encuentra habilitado, pero los transportistas que se dirigen en sentido Argentina-Chile han suspendido el tránsito como reclamo a las medidas de control sanitario implementada en Los Libertadores.
“Destacamos la importancia de abordar este tipo de conflicto de manera conjunta con las autoridades responsables del transporte internacional de cargas. Es urgente encontrar una solución para un tema que provoca un importante perjuicio económico y social para las empresas y los choferes”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.
Cada día de detención de un camión en frontera representa un costo extra de US$700 diarios de acuerdo con datos del Departamento de Transporte Internacional de la Federación que nuclea a 43 cámaras de transporte de la Argentina, informaron desde la entidad.
El cuello de botella se generó a partir del cambio en la política de control sanitario por parte de las autoridades chilenas, que llevó a testear al 100% de los choferes en frontera, aun cuando sigue vigente la obligación de presentar un PCR hecho en origen para poder ingresar al vecino país.
“Destacamos que esta situación no sólo perjudica a empresas y choferes argentinos, sino también de otros países de la región que forman parte del ATIT (Aplicación del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre), y que el tema ya se está analizando en el ámbito del Consejo Empresarial de Transporte Internacional de Cargas del Mercosur”, sostuvo Silvia Sudol, titular del área Transporte Internacional de Fadeeac.
Elecciones
Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12
Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.
Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Qué cambia y cuándo
La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.
Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.
En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».
Una bandera que nació en la calle
La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.
La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.
El lobby empresario ya pide marcha atrás
La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».
Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.
El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica
La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.
Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.
Un balotaje abierto a nueve días de las urnas
La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.
El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.
El espejo argentino: 12 horas y banco de horas
El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.
La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.
Lo que tenés que saber:
- El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
- La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
- La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
- Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
- En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.
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