La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó hoy que no tiene intenciones de renunciar porque eso sería darle la razón a los «violentos” y volvió a reclamar al Congreso que atienda la demanda de adelantar las elecciones, en medio de la expectativa que genera la designación de un nuevo gabinete y de una jornada en la que el país recuperó algo de calma tras las violentas protestas de la semana pasada, aunque igualmente se registraron nuevas muertes.

«Si yo renuncio estaría dándoles la razón a estos violentos; creo que las personas en democracia tenemos que saber respetar y ser respetuosos de las leyes», remarcó Boluarte, quien mantiene su idea de que lo adecuado es convocar elecciones anticipadas.

En este punto, instó al parlamento unicameral a reconsiderar el proyecto de adelanto electoral, aunque admitió que es necesario aprobar antes una serie de «reformas políticas» encaminadas a perfilar un Congreso de la República que sea «respetable», según dijo, citada por la agencia de noticias Europa Press.

También la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y los gobernadores electos exigieron hoy al Legislativo una salida a la crisis a través de elecciones anticipadas.

“¡El Congreso de la República debe cumplir con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo, para que cese la violencia!”, señala un comunicado de la ANGR, difundido tras su asamblea, según el diario La República.

“Reiteramos nuestra posición que el adelanto de las elecciones se realice en 2023 y el recorte del mandato presidencial en el marco de la Constitución, en ese mismo plazo, como una salida efectiva a la crisis política”, señalaron los mandatarios regionales, que piden además “iniciar el debate de las reformas políticas necesarias”.

En sus declaraciones, Boluarte adelantó también que mañana concretará la recomposición del gabinete ministerial, que tendrá un «perfil político» y sensibilidad para atender a las necesidades de la población de Perú, reprodujo la emisora RPP.

Boluarte anunció este fin de semana la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, luego de que a fines de la semana pasada los ministros de Cultura y de Educación presentaran su dimisión ante la muerte de manifestantes en las protestas contra la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.

La jefa del Estado puso en valor el «coraje y valentía» de los miembros de su gabinete para afrontar una «situación difícil» a nivel político y social.

El arresto de Castillo -tras anunciar la disolución del parlamento y decretar un Gobierno de excepción- derivó en una serie de protestas a nivel nacional en las que la represión policial se cobró la vida de más de dos docenas de personas.

Entre las demandas de los manifestantes también aparece la salida de Boluarte de la Presidencia de Perú y la convocatoria de nuevas elecciones, pero el parlamento no logró el viernes la mayoría calificada que necesitaba para aprobar un adelanto electoral.

No trascendieron hoy nombres de posibles candidatos a permanecer y salir del gabinete, aun que la mandataria insistió en que mañana jurarán los nuevos funcionarios.

Para el lugar de Angulo, dijo que busca a alguien con conocimiento institucional pero que también sea «un poco más político para poder enfrentar» las protestas sociales «y tender los puentes de diálogo».

«Este Gobierno debe ser dialogante de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como (con) el Congreso», indicó al canal Panamericana, en su primera entrevista a un medio desde que juró el cargo.

Advirtió además que podría ser víctima de una «venganza política machista» por el hecho de ser la primera mujer que ostentar el cargo en la historia del país.

«Yo no soy de una elección diferente; me hicieron escuchar que si vacan (destituyen) a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte, es una venganza política machista», aseguró antes de añadir que no es «una traidora». «Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución», remató.

El 7 de este mes, antes de ser sometido a un nuevo juicio político, Castillo intentó cerrar el parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, y justificó su decisión en una obstrucción desde el Congreso para gobernar, además de ser tratado con racismo.

Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse, y la justicia dictó en sui contra 18 meses de prisión preventiva.

Las protestas, que incluyeron cortes de rutas y calles, marchas, ataques a dependencias públicas y hasta intentos de tomas de aeropuertos, dejaron ya 33 muertos, con las dos que se sumaron hoy.

Por un lado, la Defensoría del Pueblo aumentó de 20 a 22 la nómina comprobada de personas fallecidas en las manifestaciones o en enfrentamientos con policías o militares, o tras haber quedado heridas en esas circunstancias.

A esas personas deben sumarse otras cinco reportadas ayer por la Defensoría como muertas en accidentes u otras consecuencias de los bloqueos de rutas.

Y otras seis personas fallecieron esta madrugada en el departamento sureño Cusco, al accidentarse un ómnibus que debió tomar un camino alternativo debido al bloqueo de la ruta principal, según los diarios limeños Correo y La República.

El saldo de heridos está bien por encima de los 500, entre civiles y policías.

Las quejas por el accionar policial y militar –que dio paso a la renuncia de dos ministros y a la salida de Angulo- también tuvieron repercusiones internacionales.

Hoy se supo que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Perú desde mañana y hasta el jueves para verificar la situación humanitaria, “en cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos”, según anunció la canciller Ana Gervasi en un breve mensaje en la cuenta de Twitter de la Cancillería.

La misión también fue confirmada por la CIDH, que explicó que será “preparatoria” de una “visita de trabajo” que funcionarios del organismo harán “en enero de 2023”.

Y la Unión Europea exhortó al Ejecutivo de Boluarte a respetar los derechos humanos y condenó la muerte de manifestantes durante las protestas.

«La UE condena cualquier uso de la violencia y el uso excesivo de la fuerza, y está muy preocupada por los informes de que más de dos docenas de civiles han muerto hasta ahora, algunos de ellos con armas de fuego», señala un comunicado difundido en la cuenta Twitter de la delegación en Perú.

El leve descenso de la violencia en las manifestaciones permitió hoy la reapertura del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del país, donde centenares de turistas habían quedado varados.

Y el Ministerio de Transportes aseguró que mañana reiniciarán operaciones los aeropuertos de Juliaca y Ayacucho, mientras que el de Cusco retomó los servicios el viernes pasado.