La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, celebró este martes el apoyo que recibió por parte de una veintena de expresidentes de Iberoamérica, a 48 horas de ser juzgada en el «Caso Golpe II»,en el que se la acusa por su autoproclamación como presidenta en diciembre de 2019.

«Agradezco a los ex presidentes de Iberoamérica su pronunciamiento en defensa de los valores democráticos ante el linchamiento fiscal y judicial del que soy víctima por instrucciones del MAS.», tuiteó la expresidente de facto..

Exmandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) pidieron al relator de la ONU visitar a Áñez en el penal de Miraflores e informar sobre los «abusos de poder» en su contra.

«Pedimos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien ha anunciado su visita a Bolivia, conocer del caso de la exgobernante, conversar con ella, e informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra», detalla el comunicado de IDEA.

Además, recordaron que en una pasada declaración de marzo de 2021, manifestaron que la detención de Añez bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración «resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho» y que posteriormente expresaron preocupación por «la judicialización de la política o guerra jurídica».

Entre algunos de los exmandatarios que firman la carta se encuentran el exgobernante boliviano Carlos Mesa (2003-2005), el exjefe de Estado colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), el exmandatario argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el expresidente español José María Aznar (1996-2004).

Áñez será juzgada por su proclamación irregular como titular del Senado y posteriormente como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en 2019.

La exmandataria de facto está con prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, y desde su ingreso al penal de Miraflores ella misma y su familia denunciaron maltratos, desatención a su salud y hasta un intento de suicidio.

En octubre de 2021, la defensa de Áñez sufrió un revés cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares porque consideró que el Estado boliviano velaban por la salud de la detenida.