El Congreso de Ecuador debatía este domingo por segundo día consecutivo la posibilidad de destituir al presidente Guillermo Lasso (de derecha), acusado por un sector opositor de provocar «la conmoción interna» que dejan dos semanas de protestas indígenas con al menos cinco muertos.

Luego de casi ocho horas de deliberaciones ayer, en las que participaron 30 de los 137 diputados que componen el parlamento, la sesión virtual fue aplazada para hoy por la tarde, por lo que se presume que la sesión se extenderá hasta más allá de la medianoche.

La bancada de Unión por la Esperanza, afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), acusó a Lasso de la «grave crisis política y conmoción interna» que sacude al país desde el 13 de junio, con manifestaciones y bloqueos casi diarios.

En ausencia en la sesión del jefe de Estado, procedente de las finanzas y no de la política partidaria, el secretario jurídico Fabio Pozo asumió su defensa, consignó la agencia de noticias AFP.

Unos 14.000 indígenas protestan en Ecuador, indignados por el elevado costo de vida y la pobreza que castiga a sus territorios agrícolas.

En Quito, marchas claman por alivios como disminuir el costo de los combustibles y una moratoria de los créditos bancarios para los campesinos.

La ciudad despertó el domingo tranquila y a la expectativa del debate de destitución.

Aunque en su mayoría las protestas han sido pacíficas, las jornadas del jueves y viernes se tornaron violentas en la capital. Los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se avivaron con la represión policial.

La sede presidencial permanece bloqueada con vallas metálicas, alambres de cuchillas y uniformados. Uno de sus accesos advierte: «En caso de ingreso no autorizado se hará uso de la fuerza letal».

No obstante, Lasso ordenó anoche el fin del estado de excepción, bajo el cual impuso un toque de queda nocturno y militarizó la ciudad.

La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso.

Después de los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.

De ser aprobado, el poder lo asumirá el vicepresidente Alfredo Borrero, y se llamará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025).

Ecuador sufrió la salida abrupta de tres mandatarios entre 1997 y 2005 ante la presión social.

Al frente de las protestas, en las que han muerto cinco manifestantes y se cuentan cientos de heridos entre uniformados y aborígenes, está la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Lasso culpa del caos al presidente de esta organización, Leonidas Iza.

«Aquí no hay un luchador social, aquí hay un anarquista (…) que quiere derrocar un gobierno», aseveró el gobernante ayer en entrevista con CNN.

En paralelo cientos de manifestantes salen a las calles de Quito en rechazo a la rebelión indígena, con banderas blancas y en caravanas de automóviles.

«Estamos totalmente conscientes (…) estos días de lucha se ha generado desabastecimiento. Si el gobierno no se hubiera puesto tan necio, seguramente no hubiéramos estado tantos días aquí», declaró en un video Iza, con su tradicional poncho rojo y sombrero negro.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis, según cifras oficiales.

La industria petrolera, el principal rubro de exportación ecuatoriano, está produciendo al 54% de su capacidad, por la toma de pozos y los cortes de ruta, que el domingo llegaban a 19 de las 24 provincias.

Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares, que cerraron filas en torno de su gobierno.

Los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación se mostraron preocupados por la violencia institucional en Ecuador y exhortaron al representante ecuatoriano ante Naciones Unidas a colaborar en una investigación sobre las acciones realizadas por el Estado durante las protestas.

«Estamos particularmente preocupados por los actos de violencia por parte de fuerzas policiales y militares en contra de miembros del movimiento indígena del país», escribieron José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, y su par sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, en una carta dirigida a Emilio Rafael Izquierdo Miño, representante permanente ante la ONU.

Según el informe enviado por los Relatores Especiales a Izquierdo Miño, hasta el 19 de junio se habían reportado en total «86 presuntas detenciones arbitrarias, 61 personas heridas, 18 de ellas graves».

En el mismo sentido, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por dirigentes sociales argentinos relevó cinco muertes a manos de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, secuestros y planificación de atentados contra líderes sociales y violación al derecho de protesta en el país durante los 14 días que lleva la crisis.

La misión argentina dijo en su primer informe que recabó testimonios y realizó entrevistas ayer en la zona céntrica de Quito, entre otros lugares en La Casa de la Cultura, la Universidad Central y la zona del Parque El Arbolito.

El papa Francisco, en tanto, llamó al «diálogo» y a «la paz social». «Animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas», escribió en Twitter.