El 2025 comenzó con una creciente preocupación entre las familias migrantes en Estados Unidos. Un decreto presidencial, impulsado por el gobierno de Donald Trump, pretende modificar uno de los principios fundamentales de la Constitución estadounidense: el derecho a la nacionalidad por nacimiento. Este derecho, garantizado desde la Decimocuarta Enmienda de 1868, fue la base para que generaciones de niños nacieran como ciudadanos estadounidenses, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, el nuevo decreto amenaza con privar a miles de bebés de esta ciudadanía.

A pesar de que un juez federal bloqueó temporalmente la orden por considerarla «inconstitucional», el daño causado por la incertidumbre ya afectó a las familias migrantes. Miles de niños podrían quedar en un limbo legal, sin nacionalidad ni acceso a los derechos fundamentales que otorga la ciudadanía.

La confusión y el miedo de las familias migrantes

Una de las principales voces de esta lucha es Mónica, una mujer venezolana embarazada que reside en Maryland. Mónica, que está bajo el programa de Protección Temporal (TPS) y solicitó asilo en EE. UU., teme que su hijo, que nacerá a mediados de 2025, no pueda obtener ningún tipo de nacionalidad. «Mi hijo va a ser apátrida», dijo con angustia. Como ella, muchas familias viven en la misma incertidumbre. El decreto de Trump establece que los niños nacidos en EE. UU. de padres en situación migratoria irregular o con visas temporales no podrían obtener la ciudadanía. Esto afectaría especialmente a aquellos cuyos países de origen no tienen representación diplomática en Estados Unidos, lo que les impide registrar a sus hijos en sus embajadas.

Este miedo se extiende a los solicitantes de asilo, que, además de enfrentar la posibilidad de que sus hijos no sean ciudadanos, no pueden regresar a sus países por temor a persecuciones. Mónica explicó que muchas familias en su situación no saben qué hacer. «No sabemos con claridad qué debemos hacer con esta orden ejecutiva», confesó.

Un decreto que desafía la Constitución

El gobierno de Trump sostiene que el decreto es necesario para evitar el abuso del derecho a la ciudadanía. Según el presidente, los padres que no son ciudadanos o residentes permanentes de EE. UU. no deben estar sujetos a su jurisdicción, lo que invalidaría la concesión de la ciudadanía a sus hijos. Sin embargo, este argumento fue rechazado por expertos legales, que señalan que la Decimocuarta Enmienda es clara al establecer que todas las personas nacidas en EE. UU. son ciudadanas, a excepción de los hijos de diplomáticos o de tropas extranjeras.

El bloque temporal de la orden ejecutiva por parte de un juez federal, quien calificó el decreto como «descaradamente inconstitucional», generó un respiro momentáneo. Sin embargo, el caso sigue sin resolución, y las demandas presentadas por varios estados y organizaciones de migrantes continúan su curso.

Las consecuencias de un decreto impreciso

Una de las mayores críticas al decreto es su falta de claridad. Según expertos, como Rupa Bhattacharyya, directora legal del Instituto de Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown (ICAP), la ambigüedad de los términos del decreto deja a muchas familias sin saber si sus hijos serán afectados. El decreto establece dos supuestos clave: la negación de ciudadanía a los niños nacidos de padres sin residencia legal o en estatus temporal, pero no define claramente a quiénes se aplica, lo que genera más incertidumbre.

Este vacío legal podría tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Incluso podría generar situaciones absurdas dentro de una misma familia, donde algunos niños serían ciudadanos y otros no. Maribel, otra mujer migrante que está demandando el decreto en Maryland, expresó su preocupación por su futuro hijo. «Temo que a mi hijo que va a nacer se le nieguen los derechos básicos de los que disfrutan mis otros hijos», afirmó, destacando las implicaciones que la falta de ciudadanía podría tener en el acceso a servicios esenciales como atención médica y educación.

Un futuro incierto

Aunque la implementación de la orden sigue suspendida, la situación continúa siendo incierta para miles de familias. Con más de un millón de casos de asilo pendientes, muchos migrantes viven atrapados entre las largas esperas y las políticas cada vez más restrictivas del gobierno de Trump. Según el informe más reciente, a finales de 2023 había más de un millón de casos de asilo pendientes, un número que sigue aumentando debido a la falta de personal y recursos en el Departamento de Inmigración.

Si finalmente se implementa, el decreto podría marcar el inicio de una era en la que nacen niños sin ciudadanía ni derechos, condenados a una vida sin acceso a los beneficios que ofrece la nacionalidad estadounidense.

Resumen:

• Un decreto de Trump busca eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento, afectando a los hijos de migrantes sin residencia permanente.
• La medida podría dejar a miles de niños sin nacionalidad, creando una generación de apátridas.
• Aunque un juez bloqueó temporalmente el decreto, la incertidumbre persiste entre las familias migrantes.
• Expertos consideran que el decreto es inconstitucional y genera confusión debido a su ambigüedad.
• La medida podría afectar negativamente el acceso de los niños a derechos básicos como educación y salud.