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Gran abrazo a Zivals: el próximo sábado se planta la cultura contra la demolición

Con la consigna “Frenemos la demolición”, una convocatoria difundida en Instagram pide rodear Zivals el sábado 31 de octubre, a las 17, en Callao y Corrientes. La histórica disquería y librería, abierta desde 1971, integra la lista de inmuebles a expropiar para la Línea F del subte, mientras su familia propietaria sostiene que hay alternativas técnicas sin demolición.

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El Gobierno porteño ni siquiera dice que necesite expropiar para empezar la obra de la Línea F, pero el edificio de Zivals sigue en la lista de inmuebles a demoler. Por eso, el sábado 31 de octubre, a las 17, vecinos, lectores y amantes de la música están convocados a abrazar la esquina de Callao y Corrientes.

La convocatoria, difundida en Instagram por la cuenta descalzo.nico bajo el lema “Frenemos la demolición | Gran abrazo a Zivals”, se apoya en un reclamo que la familia propietaria de la librería y disquería sostiene desde hace semanas contra la expropiación del inmueble, prevista en el proyecto de la futura Línea F del subte que impulsa el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La consigna agrega la etiqueta #ZivalsNoSeVa y pide a los asistentes que lleven a sus familias y amigos.

Una consigna que no enfrenta al subte con la cultura

El texto de la convocatoria evita el falso dilema entre transporte y patrimonio. “Zivals y el subte no son opuestos: los dos son parte de la identidad porteña”, sostiene. Y precisa la demanda: “Queremos la Línea F y queremos que Zivals siga en su esquina. Existen alternativas técnicas para hacer la estación en otro lugar”. El reclamo no es contra el subte, es contra la decisión de llevárselo puesto.

Alternativas sin respuesta y una oferta rechazada

Como publicó El Argentino el 8 de octubre, Fernando Laviz, referente de Zivals, difundió una Carta Abierta en la que afirmó que se trata de “una obra pública que eligió hacerse sobre Zivals”, teniendo otras opciones. Entre ellas, la familia mencionó el proyecto Estación Tucumán 2×1 y el uso del Pasaje Discépolo para los accesos, propuestas que hasta entonces no habían recibido respuesta oficial. También rechazó la fórmula de “coexistencia” que planteó la Ciudad, porque implicaría un cierre de al menos tres años que, advirtió, rompería el vínculo con su comunidad: “El hábito de la esquina, en tres años, deja de ser hábito”.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, defendió que la esquina de Corrientes y Callao es la que mejor resuelve la combinación con la Línea B, sin escaleras, y señaló que trasladar la estación a Callao y Tucumán exigiría un túnel de 200 metros. Sin embargo, aclaró que la obra puede comenzar por el túnel sin esperar las expropiaciones. Si las expropiaciones no son condición para arrancar, la urgencia por tirar abajo un sitio cultural queda sin explicación a la vista.

El propio dueño de Zivals contó que durante la pandemia recibió una oferta de 6 millones de dólares por la propiedad y no la aceptó, un dato que refuerza el argumento de la Carta Abierta: “Si esto fuera un negocio, ya lo habríamos negociado”. Según advirtió el gerente general, Alfredo Suhring, la dirección Callao 373 integra la lista de 12 parcelas que el Gobierno porteño decidió expropiar.

Una Línea F entre demoras y acusaciones

Macri presumió en redes sociales que la Ciudad ya licitó “la primera en 25 años”, pero el proyecto acumula cuestionamientos. El legislador porteño Emmanuel Ferrario denunció en julio que la apertura de sobres de la licitación se postergó por tercera vez y recordó que, en junio, ya habían pasado 475 días desde el anuncio de la obra. Según consignó un medio local, mientras tanto el Gobierno avanzó con el financiamiento mediante endeudamiento y con la expropiación de los inmuebles necesarios.

El exvicepresidente Amado Boudou fue más lejos en su programa de Somos Radio AM 530, donde acusó a la administración porteña de usar la excusa de la estación para un “negocio inmobiliario”. Se trata de una acusación política que, hasta ahora, no está comprobada.

Por ahora, la decisión final depende del tratamiento legislativo del proyecto de expropiación y de cómo responda el Gobierno porteño a las alternativas técnicas presentadas. El sábado, la esquina de Callao y Corrientes será el escenario de una pregunta simple: si una ciudad puede construir un subte sin demoler la cultura que tiene arriba.

Lo que tenés que saber:

  • El sábado 31 de octubre, a las 17, se convoca a un abrazo a Zivals en Callao y Corrientes bajo el lema “Frenemos la demolición”.
  • El proyecto de la Línea F prevé una estación en esa esquina, lo que implica expropiar el edificio donde funciona Zivals desde 1971.
  • Zivals propuso alternativas (Estación Tucumán 2×1 y accesos por el Pasaje Discépolo) y rechaza la coexistencia por una interrupción de al menos tres años.
  • El ministro Pablo Bereciartua dijo que llevar la estación a Callao y Tucumán exigiría un túnel de 200 metros, y aclaró que la obra puede empezar sin las expropiaciones.
  • La convocatoria reclama la Línea F y la permanencia de Zivals: “no son opuestos”.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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