DDHH
Estela de Carlotto contra Milei: “No sirve para dirigir un país”
La referenta de Abuelas criticó al mandatario por su gestión económica, el ataque a derechos humanos y su discurso “homofóbico” en Davos, en un contexto de pobreza récord e indigencia. “El pueblo debe resistir el «desmantelamiento de la Argentina”, sostuvo.
Estela de Carlotto, referenta histórica de Abuelas de Plaza de Mayo, reconocida internacionalmente por su lucha por los derechos humanos, cuestionó con dureza la capacidad de Javier Milei para gobernar: «No sirve para dirigir un país como la Argentina. Está nombrado por el pueblo, no es un Dios».
En una entrevista con Radio 10, vinculó las políticas del oficialismo con un «plan maléfico» que incluye el cierre de fábricas, hospitales como el Laura Bonaparte y recortes presupuestarios en universidades. «Están vendiendo el país al mejor postor», alertó, y llamó a la ciudadanía a manifestarse «sin violencia, pero con presencia» .
La líder de Abuelas vinculó esta coyuntura con el avance sobre políticas de memoria: el cierre temporal del Centro Cultural Haroldo Conti en la ex-ESMA y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, que afectan la búsqueda de nietos apropiados. «Cada encuentro [de nietos] es un triunfo contra el olvido», recordó, en alusión a la restitución de la nieta 139 en enero de 2025.
El contexto socioeconómico: pobreza récord y ajuste fiscal
Las declaraciones de Carlotto se enmarcan en un escenario de crisis aguda: la inflación superó el 200% anual en 2024, la pobreza alcanzó al 53% de la población y el PBI cayó un 4% tras el ajuste fiscal conocido como «la motosierra» . Milei defendió estas medidas en Davos como parte de un «ejemplo mundial de responsabilidad fiscal», aunque economistas como Ernesto Talvi advirtieron sobre los riesgos de consolidar un plan sin consensos políticos.
Carlotto denunció que el gobierno prioriza «reprimir» antes que dialogar, en referencia a los más de 30.000 despidos en el sector público y las protestas reprimidas. «La gente tiene miedo, pero el pueblo es soberano», insistió, mientras el oficialismo impulsa una reforma migratoria restrictiva y la derogación de la Ley Micaela.
Derechos humanos en la mira: entre el negacionismo y la restitución
El gobierno de Milei y Villarruel cuestionó abiertamente el número de 30.000 desaparecidos —reemplazándolo por la cifra de 8.753— y promovió una «memoria completa» que, según Carlotto, «reinstala la teoría de los dos demonios» . Esto se reflejó en el spot oficial del 24 de marzo de 2024, donde equiparó víctimas del terrorismo de Estado con exguerrilleros, generando rechazo en organismos internacionales.
Paradójicamente, durante su gestión se lograron dos restituciones de nietos (138 y 139), aunque Carlotto advirtió que «faltan 300» y criticó la falta de apoyo estatal: «Nos niegan tiempo y recursos para buscarlos».
La respuesta oficial: deslegitimación y batalla cultural
Victoria Villarruel, vicepresidenta y aliada estratégica de Milei, respondió a Carlotto en redes: «A vos no te votó nadie. Respetá al pueblo que les dijo no» . Esta retórica, amplificada por el vocero Manuel Adorni, apuntó a desacreditar a los organismos de derechos humanos, asociándolos con el «kirchnerismo fracasado» .
Milei, por su parte, profundizó su cruzada contra la «ideología woke» en Davos, vinculando el feminismo y la diversidad de género con la «pedofilia» y el «abuso infantil» . Un discurso que, para analistas como Guillermo Calvo, busca consolidar una base electoral ultraconservadora en un contexto de debilidad parlamentaria.
Puntos clave de las críticas de Carlotto a Milei:
- Críticas a la gestión: Carlotto tildó a Milei de «incapaz» y denunció un plan de «venta del país» con cierres de fábricas y recortes sociales.
- Crisis económica: Inflación del 200%, pobreza récord (53%) y caída del PBI (-4%) marcaron el primer año de gobierno.
- Derechos humanos: Avances en restituciones de nietos contrastaron con el cierre de espacios de memoria y el negacionismo oficial.
- Respuesta oficial: Villarruel y Adorni deslegitimaron a Carlotto, mientras Milei promovía en Davos su cruzada contra el «wokismo».
- Llamado a la acción: Carlotto instó a resistir «sin violencia» y mantener viva la lucha por la memoria y la justicia social.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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