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Trump intensifica operaciones militares contra Venezuela bajo argumento “antinarcóticos”

El presidente estadounidense confirmó la muerte de tres presuntos narcotraficantes en aguas internacionales. Venezuela denuncia preparativos de «agresión militar» y despliega 25.000 efectivos en zonas fronterizas.

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⬛ El presidente Donald Trump anunció este lunes que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un segundo ataque cinético contra una embarcación presuntamente cargada con drogas proveniente de Venezuela. El operativo, según confirmó el mandatario a través de su plataforma Truth Social, resultó en la muerte de tres presuntos integrantes de carteles de narcotráfico sin registrar bajas estadounidenses.

«Si estás transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te estamos cazando!», advirtió Trump en su mensaje, donde calificó a los objetivos como «narcoterroristas extraordinariamente violentos» identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM).

Escalada de violencia en aguas internacionales

Este nuevo ataque se suma al operativo del 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha venezolana vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, con un saldo de 11 muertos. Aquella acción generó controversia internacional por el uso de fuerza letal en aguas internacionales y la ausencia de una justificación legal clara bajo el derecho marítimo internacional.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos militares en el Caribe como parte de lo que el Pentágono denomina una «ofensiva integral contra el narcotráfico». La administración Trump ha escalado su retórica, calificando directamente al régimen de Nicolás Maduro como un «cartel del narcotráfico» y acusándolo de facilitar sistemáticamente el tráfico de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Venezuela responde con despliegue militar

El presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos prepara una «agresión de carácter militar» contra su país y afirmó que Venezuela está «facultada por las leyes internacionales para responder» ante lo que considera violaciones a su soberanía. En paralelo, ordenó el despliegue inmediato de 25.000 efectivos militares en zonas fronterizas y convocó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana.

«No permitiremos que el imperialismo norteamericano convierta nuestras aguas en un teatro de operaciones militares», declaró Maduro durante un acto público en Caracas, según reprodujeron medios oficiales venezolanos.

Antecedentes de una tensión creciente

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela atraviesan su peor momento desde la ruptura diplomática de 2019. En julio, Washington designó como organización terrorista al denominado «Cártel de los Soles», estructura que según la inteligencia estadounidense opera desde las propias fuerzas armadas venezolanas para facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos.

El actual despliegue militar estadounidense en el Caribe evoca intervenciones históricas de Washington en la región, donde tradicionalmente ha ejercido presión geopolítica bajo argumentos de seguridad nacional. Sin embargo, la escalada actual presenta características inéditas por la naturaleza cinética de los ataques y su justificación exclusivamente antinarcóticos.

Puntos clave:

• Estados Unidos ejecutó su segundo ataque letal contra embarcaciones venezolanas en menos de dos semanas
• Venezuela desplegó 25.000 efectivos militares en respuesta a lo que considera preparativos de agresión
• La operación forma parte de un despliegue de más de 4.000 militares estadounidenses en el Caribe
• Las tensiones bilaterales alcanzan su pico más alto desde la ruptura diplomática de 2019
• El operativo se realizó en aguas internacionales sin coordinación con autoridades regionales

Geopolítica 🌎

Crisis electoral en Colombia: Petro rechazó el conteo y sembró la duda sobre el triunfo de la ultraderecha

El presidente saliente cuestionó el software de conteo y denunció 800.000 cédulas irregulares; minutos después, el candidato oficialista Iván Cepeda se sumó con señalamientos propios. El escrutinio judicial será el árbitro final antes del balotaje del 21 de junio.

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Petro rechazó el conteo de votos y sembró la duda sobre el triunfo de De la Espriella.

Petro desconoció el conteo de votos que posicionó a De la Espriella y denunció 800.000 cédulas irregulares

★ La primera vuelta presidencial de Colombia terminó con un resultado y con una crisis institucional que lo opaca. El presidente Gustavo Petro desconoció este domingo los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ubicaron al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, y anunció que solo reconocerá el escrutinio que realicen las comisiones presididas por jueces de la República.

Con prácticamente el total de las mesas escrutadas (apenas 10 pendientes de un total de 122.020), los datos de la Registraduría mostraban a De la Espriella con 10.360.449 votos (43,74%) y al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 9.687.724 sufragios (40,90%). La candidata conservadora Paloma Valencia llegó tercera con el 6,92% y el centrista Sergio Fajardo cuarto con el 4,26%. Ninguno superó el umbral del 50%, por lo que el balotaje entre De la Espriella y Cepeda quedó confirmado para el 21 de junio.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo»

Apenas conocidos los boletines que establecieron ese ordenamiento, Petro publicó en su cuenta de X un mensaje que sacudió el tablero político. «El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública», escribió el mandatario. Y fue más lejos: «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado».

Petro aseguró que en este momento coexisten «dos censos»: el oficial y el del software cuestionado, que contendría 800.000 personas adicionales. «Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados. Son existencia de sufragantes», afirmó, para concluir que los únicos resultados que reconocerá como vinculantes serán los que emitan «las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República». Esa declaración, calificada por analistas colombianos y medios locales como «sin precedentes en la historia política reciente del país», no tiene sin embargo validez jurídica: el preconteo es un proceso avalado por la Registraduría y respaldado por cientos de observadores internacionales, y sus datos son preliminares por diseño, dado que el escrutinio oficial corresponde en todos los casos a las comisiones judiciales.

Cepeda se sumó con señalamientos propios

Minutos después del posteo presidencial, el propio candidato oficialista Iván Cepeda se presentó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama de Bogotá y sumó sus cuestionamientos. «Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral, de cuántas se trata exactamente, en las cuales se ha presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas», dijo. El senador señaló además un desfase de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral que, sostuvo, «queremos que se aclare». En otro momento de su discurso reconoció implícitamente la magnitud del resultado en su contra: «Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia, somos la principal fuerza política», afirmó.

La Registraduría había congelado el código fuente días antes

El cuadro de las denuncias choca con las medidas de transparencia adoptadas por la propia Registraduría en los días previos a los comicios. El registrador nacional Hernán Penagos informó que el 28 y 29 de mayo, dos días antes de la elección, la entidad congeló y dejó bajo custodia el código fuente y los ejecutables de los programas utilizados para el preconteo, el escrutinio, la consolidación de resultados y la digitalización del formulario E-14. El procedimiento se realizó en presencia de representantes de las organizaciones políticas, los entes de control y los observadores internacionales.

Además, la Registraduría implementó un esquema de auditoría abierta que permitió a partidos, misiones electorales y expertos técnicos revisar el software en cada etapa del proceso. En total, 350.000 testigos electorales de distintas campañas y partidos fotografiaron los formularios de cada mesa al cierre de la votación. Las denuncias de Petro sobre modificaciones al algoritmo en la última semana, en ese contexto, no contaban al cierre de esta edición con ninguna prueba documental pública que las respaldara, tal como señaló la agencia colombiana Vanguardia.

Una crisis que llega antes del balotaje

La situación abre un frente de incertidumbre institucional de cara al 21 de junio. El escrutinio oficial, a cargo de las comisiones integradas por jueces de la República, es el proceso que establece los resultados con validez legal plena y el que determinará formalmente qué dos candidatos disputan la presidencia en segunda vuelta. Ese proceso, que se inicia tras el cierre del preconteo, es precisamente el que Petro dijo estar dispuesto a reconocer, lo que en la práctica significa que no impugnó el sistema en su conjunto, sino la validez del conteo preliminar de una firma privada.

La tensión, sin embargo, ya está instalada. La declaración del presidente en ejercicio cuestionando los resultados electorales en tiempo real generó una oleada de repudio político de candidatos y dirigentes de distintos espacios, mientras De la Espriella cerró su discurso ante sus seguidores sin referirse a los dichos de Petro y se proyectó directamente hacia la segunda vuelta. Colombia entra en las próximas tres semanas con una herida abierta sobre la legitimidad del proceso que deberá ser saldada, o profundizada, por el escrutinio judicial.

Puntos clave:

  • Gustavo Petro desconoció el preconteo de la Registraduría y denunció que el software fue modificado en tres ocasiones y contiene 800.000 cédulas que no figuran en el censo oficial.
  • Con casi el 100% de las mesas escrutadas: De la Espriella 43,74% y Cepeda 40,90%; ambos van al balotaje del 21 de junio.
  • Iván Cepeda se sumó a los cuestionamientos y habló de «votaciones atípicas» y un desfase de 885.000 personas en el censo.
  • La Registraduría había congelado el código fuente el 28-29 de mayo con presencia de partidos, entes de control y observadores internacionales.
  • Las afirmaciones de Petro no contaban, al cierre de esta edición, con pruebas documentales públicas que las respaldaran.
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