Chaco
Zdero bajo la lupa: investigan su rol en la gestión de Ayala en Resistencia
La Justicia Federal requiere información sobre las funciones del actual gobernador chaqueño cuando era mano derecha de la ex intendenta de Resistencia, condenada por fraude. El caso revela las turbias conexiones políticas que marcaron la administración municipal entre 2015 y 2019.
⬛ La figura del gobernador del Chaco, Leandro Zdero, quedó bajo el escrutinio judicial en el marco de la causa «Lavado II», que investiga presuntos actos de corrupción durante la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia. El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó formalmente a la jueza Zunilda Niremperger que requiera a la Municipalidad información detallada sobre los nombramientos y funciones específicas que desempeñó Zdero cuando era secretario de Gobierno y jefe de Gabinete de la ex intendenta.
La investigación judicial se centra en el presunto direccionamiento de contrataciones y sobreprecios que habría beneficiado de manera irregular a determinadas empresas, particularmente a PIMP S.A., favorecida en la licitación del servicio de recolección de residuos de Resistencia.
La condena que salpica al actual gobernador
Aída Ayala, quien también se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de «fraude en perjuicio de la administración pública». Aunque fue absuelta del cargo de lavado de activos, la sentencia confirmó irregularidades en su gestión municipal.
El vínculo político entre ambos dirigentes se forjó durante los años en que Zdero ocupó posiciones clave en la administración municipal de Resistencia, convirtiéndose en uno de los principales operadores políticos de Ayala antes de lanzarse a la carrera gubernamental.
Las ramificaciones de «Lavado II»
La causa judicial no solo involucra a Ayala, sino también a Jacinto Sampayo, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, como co-imputado principal. La investigación reveló un presunto esquema de favorecimiento empresarial que habría causado perjuicio económico al erario municipal.
Según el expediente judicial, la fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario en las decisiones administrativas que derivaron en las contrataciones irregulares. En este contexto, el rol de Zdero como secretario de Gobierno resulta central, ya que dicha función implica participación directa en la gestión administrativa y en la toma de decisiones gubernamentales.
La defensa y las versiones cruzadas
Zdero declaró como testigo en la causa, deslindándose de responsabilidad en las contrataciones investigadas. El gobernador afirmó no haber tenido «injerencia en el trámite de la licitación en cuestión», según consta en el expediente judicial.
Por su parte, la defensa de Ayala caracterizó el proceso como una «persecución política», negando las acusaciones y cuestionando la imparcialidad de la investigación. Sin embargo, la condena firme por fraude confirma la existencia de irregularidades durante su gestión municipal.
El contexto político actual
Esta investigación adquiere particular relevancia en el actual escenario político chaqueño, donde Zdero gobierna la provincia desde diciembre de 2023. Las revelaciones sobre su participación en la gestión municipal de Ayala plantean interrogantes sobre las prácticas de transparencia y probidad que caracterizarán su administración provincial.
La causa «Lavado II» expone las intrincadas redes de poder que operaron en la política chaqueña durante la última década, evidenciando cómo las conexiones personales y políticas pueden derivar en esquemas de corrupción que afectan el patrimonio público.
Puntos clave:
• La Justicia Federal investiga el rol de Zdero en presuntas irregularidades durante la gestión de Ayala
• Ayala fue condenada por fraude en perjuicio de la administración pública a tres años en suspenso
• La causa se centra en el presunto favorecimiento a la empresa PIMP S.A. en licitaciones municipales
• Zdero declaró como testigo deslindándose de responsabilidades en las contrataciones investigadas
• La investigación revela las conexiones políticas que marcaron la administración municipal de Resistencia
Chaco
Zdero y la mordaza prensa: un periodista preso siete horas por preguntar sobre la falta de agua
Fernando Ojeda, cronista de TV Local, fue detenido en Margarita Belén tras una consulta que incomodó al gobernador radical. La policía justificó el arresto con acusaciones de desorden, mientras el jefe de la fuerza y el juez de paz ensayaron versiones contradictorias.
Margarita Belén se convirtió en el escenario de un grave atropello a la libertad de expresión que sacudió a la provincia del Chaco. El periodista Fernando Ojeda, trabajador del medio TV Local, terminó detenido de forma arbitraria luego de intentar realizar una consulta al gobernador Leandro Zdero. El cronista permaneció privado de su libertad durante siete horas bajo una acusación de «promover desorden» que despertó el repudio inmediato de sus colegas y de organismos de prensa locales.
El incidente ocurrió durante una visita oficial del mandatario radical al Club San Martín. Según registros fílmicos que circularon con rapidez, Ojeda se acercó al gobernador para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable en la zona. Ante la pregunta, Zdero evitó dar una respuesta técnica o política y optó por descalificar al trabajador al tildarlo de militante kirchnerista antes de continuar su camino. Minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.
Versiones cruzadas y abusos de poder
La Policía del Chaco emitió un comunicado donde intentó justificar el arresto con el argumento de que el ciudadano buscó «violar el perímetro de seguridad» y que intentó fugarse. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una explicación distinta en contacto con los medios. Romero negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad de Zdero y afirmó que se debió a un supuesto «entredicho» e insultos hacia el personal de seguridad a cien metros del club.
El Juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, reconoció ante el portal Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud antes de ratificar el procedimiento. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó que no tuvo constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística, un dato que pone de manifiesto la precariedad legal del proceso.
El uso de figuras comodín contra la prensa
El caso generó una fuerte alerta en el arco periodístico regional debido al uso de figuras contravencionales que funcionan como herramientas de disciplinamiento. La creación de conceptos como la violación de perímetros para restringir el acceso de los trabajadores a los funcionarios públicos representa un antecedente peligroso para el ejercicio de la profesión en la provincia.
Finalmente, Pontón ordenó la libertad de Ojeda a la una de la madrugada al considerar que no existían motivos para mantener una prisión preventiva. La prensa local confirmó que el hecho despertó la solidaridad de diversos sectores que exigen garantías para que preguntar no sea motivo de detención en el Chaco de Zdero.
Puntos clave
- Un periodista de TV Local fue detenido siete horas en Margarita Belén.
- El gobernador Leandro Zdero lo calificó de «militante» ante una consulta sobre el agua.
- La policía y el juez de paz brindaron versiones contradictorias sobre el arresto.
- Denuncian el uso de figuras contravencionales para cercenar la libertad de prensa.
- El trabajador fue liberado durante la madrugada sin cargos claros.
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