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Perú: denuncian asesinatos y desapariciones tras las protestas
Así lo señaló la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales informó hoy la recolección de testimonios de ciudadanos y organizaciones de Perú que denuncian «asesinatos con francotiradores, desaparición de personas, compra millonaria de armamento represivo y presencia de grupos radicales de derecha», en el marco de la represión que se vive en ese país desde hace dos meses.
«Hemos recogido numerosos testimonios de familiares de víctimas y víctimas de la represión. Han atestiguado asesinatos en la región de Apurímac, Andahuaylas y Abancay (sur de Perú)», dijo el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Marino, integrante de la delegación.
La Misión, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, finalizó ayer su «primer día de actividad» en territorio peruano y brindó detalles a través de un video publicado en sus redes.
«Testimonios de estudiantes que sufrieron el ingreso de la Policía con tanquetas a la Universidad de San Marcos y detenciones masivas, entre ellas mujeres estudiantes que han sido golpeadas por policías varones», agregó Marino.
Por su parte, el delegado nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Maximiliano Maita, indicó que la región de Puno -también en el sur peruano- «carga con 54 de los muertos» por la represión y que existe «una terrible situación» denunciada por la Asociación de Mujeres Campesinas del Perú.
«Han denunciado asesinatos con francotiradores, han asesinado a un médico brigadista de salud. Han sido acusadas por garantizar de manera comunitaria las acciones de protesta y les han elaborado causas como grupo criminales», resaltó Maita.
Asimismo, la integrante de la asociación Xumek Lorena Merino remarcó: «Un manifestante sufrió un disparo en la frente y luego habría sido traslado al departamento de bomberos y al día de hoy se desconoce su cuerpo y los familiares no han tenido noticias».
A su vez, el referente de Liberpueblo Fernando Almejun señaló que hay organismos de derechos humanos que «manifestaron su preocupación» por la adquisición por parte del Gobierno de «20 mil gases lacrimógenos y la compra millonaria de armamento» para enfrentar protestas en el sur del país.
«Existen también grupos de derecha radicales que operan en Lima, que atentan contra la vida de manifestantes», agregó.
El dirigente social Juan Grabois, quien integra la Misión, afirmó en declaraciones a radio AM 530 que «la gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte» y señaló que «si hay terrorismo» en el país se trata de «terrorismo de Estado».
«El pueblo masivamente se moviliza. Las fuerzas represivas identifican cualquier protesta social como terrorismo y por eso hay más de mil quinientos encausados», dijo Grabois y aseguró que «los muertos son todos de un solo lado, por lo que es evidente que si hay terrorismo, es terrorismo de Estado».
En esa línea, sostuvo que el objetivo principal de la Misión es «aportar a que cese la represión contra los campesinos, los pueblos originarios y la juventud en Perú».
«La gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte. Manifestaban una alegría muy enorme de que vayamos a los territorios y nos han pedido que participemos como una columna de paz», señaló y manifestó que «seguramente iremos adelante para ponerle un poco el cuerpo y mostrar la solidaridad internacional».
La delegación arribó el martes por la noche a Perú y comenzó a «recolectar información» que obtendrán de mantener un «contacto directo con las víctimas» de la represión ordenada por la presidenta peruana, Dina Boluarte.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
América Latina
Un periodista asesinado a balazos expone el avance del narco en Costa Rica
Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado por dos hombres en moto sobre la ruta 32 y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos. Había denunciado amenazas de muerte y la Fiscalía incluyó sus denuncias entre las líneas de investigación.
Un periodista que denunciaba en redes sociales a abogados, empresarios y figuras de la política a quienes vinculaba con el narcotráfico fue asesinado a balazos en plena tarde, mientras conducía su camioneta.
El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, pasadas las 15, sobre la ruta 32, en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, unos 10 kilómetros al norte de San José. La víctima, Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, periodista y escritor, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon y huyeron. Los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron entre nueve y diez casquillos en la escena, y el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que se busca a los dos atacantes.
Las denuncias y las amenazas
Rodríguez había contado públicamente en abril que recibía amenazas de muerte tras difundir mensajes sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Después del homicidio se supo que había sido derivado a un programa de atención y protección para víctimas, pero no llegó a incorporarse.
El fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva para identificar a los autores materiales e intelectuales, y señaló que las denuncias que formuló el periodista forman parte de las líneas de investigación.
El repudio y un contexto que no es lineal
La presidenta Laura Fernández expresó “indignación y repudio” por el crimen, ordenó a los cuerpos policiales colaborar con la investigación y lo definió como “una mancha contra la libertad de expresión”. El Colegio de Periodistas de Costa Rica exigió una investigación rápida y exhaustiva y pidió máxima prioridad para el caso.
El cuadro tiene matices que la propia crónica local registra: Fernández había denunciado penalmente a Rodríguez en febrero por mencionar supuestos vínculos de ella con el narcotráfico, acusaciones que la mandataria rechazó, y el periodista figuraba como imputado en una causa penal propia, según informó la prensa local. Ninguna de esas circunstancias cambia lo central: un periodista fue ejecutado y el Estado debe esclarecer quién lo mató y por qué.
Un país que dejó de ser la excepción
Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, el tercer año más violento de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según el OIJ. En ese escenario, la reforma constitucional de 2025 permitió por primera vez extraditar a ciudadanos costarricenses, y entre los primeros casos figura el de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado detenido en junio de 2025 a pedido de la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de ayudar a narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cocaína.
Lo que tenés que saber
- El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.
- Dos hombres en motocicleta lo atacaron y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos.
- Había denunciado amenazas de muerte en abril y no llegó a incorporarse a un programa de protección.
- El fiscal general Carlo Díaz anunció una investigación exhaustiva e incluyó las denuncias del periodista entre las líneas de trabajo.
- Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
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