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Perú: denuncian asesinatos y desapariciones tras las protestas
Así lo señaló la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales de Argentina.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales informó hoy la recolección de testimonios de ciudadanos y organizaciones de Perú que denuncian «asesinatos con francotiradores, desaparición de personas, compra millonaria de armamento represivo y presencia de grupos radicales de derecha», en el marco de la represión que se vive en ese país desde hace dos meses.
«Hemos recogido numerosos testimonios de familiares de víctimas y víctimas de la represión. Han atestiguado asesinatos en la región de Apurímac, Andahuaylas y Abancay (sur de Perú)», dijo el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Marino, integrante de la delegación.
La Misión, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, finalizó ayer su «primer día de actividad» en territorio peruano y brindó detalles a través de un video publicado en sus redes.
«Testimonios de estudiantes que sufrieron el ingreso de la Policía con tanquetas a la Universidad de San Marcos y detenciones masivas, entre ellas mujeres estudiantes que han sido golpeadas por policías varones», agregó Marino.
Por su parte, el delegado nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Maximiliano Maita, indicó que la región de Puno -también en el sur peruano- «carga con 54 de los muertos» por la represión y que existe «una terrible situación» denunciada por la Asociación de Mujeres Campesinas del Perú.
«Han denunciado asesinatos con francotiradores, han asesinado a un médico brigadista de salud. Han sido acusadas por garantizar de manera comunitaria las acciones de protesta y les han elaborado causas como grupo criminales», resaltó Maita.
Asimismo, la integrante de la asociación Xumek Lorena Merino remarcó: «Un manifestante sufrió un disparo en la frente y luego habría sido traslado al departamento de bomberos y al día de hoy se desconoce su cuerpo y los familiares no han tenido noticias».
A su vez, el referente de Liberpueblo Fernando Almejun señaló que hay organismos de derechos humanos que «manifestaron su preocupación» por la adquisición por parte del Gobierno de «20 mil gases lacrimógenos y la compra millonaria de armamento» para enfrentar protestas en el sur del país.
«Existen también grupos de derecha radicales que operan en Lima, que atentan contra la vida de manifestantes», agregó.
El dirigente social Juan Grabois, quien integra la Misión, afirmó en declaraciones a radio AM 530 que «la gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte» y señaló que «si hay terrorismo» en el país se trata de «terrorismo de Estado».
«El pueblo masivamente se moviliza. Las fuerzas represivas identifican cualquier protesta social como terrorismo y por eso hay más de mil quinientos encausados», dijo Grabois y aseguró que «los muertos son todos de un solo lado, por lo que es evidente que si hay terrorismo, es terrorismo de Estado».
En esa línea, sostuvo que el objetivo principal de la Misión es «aportar a que cese la represión contra los campesinos, los pueblos originarios y la juventud en Perú».
«La gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte. Manifestaban una alegría muy enorme de que vayamos a los territorios y nos han pedido que participemos como una columna de paz», señaló y manifestó que «seguramente iremos adelante para ponerle un poco el cuerpo y mostrar la solidaridad internacional».
La delegación arribó el martes por la noche a Perú y comenzó a «recolectar información» que obtendrán de mantener un «contacto directo con las víctimas» de la represión ordenada por la presidenta peruana, Dina Boluarte.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
Investigación 🔎
Un sicario habló: el objetivo del ataque a Beller era “un argentino”
Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció su participación en el atentado del 17 de agosto pero dijo que no disparó y que la idea era darle «un susto» a la abogada, no matarla. Afirmó que quienes lo contrataron ahora lo quieren silenciar.
Uno de los presuntos sicarios identificados por la Fiscalía de Bolivia en el ataque contra la abogada Nadia Beller rompió el silencio y publicó un video en redes sociales en el que reveló que el verdadero objetivo de la operación no era la expareja de Fernando Cerimedo sino, según sus propias palabras, «una personalidad gaucha, argentina» cuyo nombre no precisó. La declaración agrega una nueva capa de opacidad a una causa que ya involucra a un asesor clave de la campaña de Javier Milei, una red de intermediarios en Cochabamba y posibles vínculos con estructuras del Estado boliviano.
«La intención no era rematarla»
Aldo Silva Peña, identificado por la Policía boliviana junto a E. D. J., alias «Don Fiti», como uno de los participantes directos del ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, grabó y difundió por su cuenta un video en el que admitió haber brindado «cierta logística» para el operativo, aunque negó haber sido quien disparó y también haber conducido la motocicleta utilizada en el hecho.
En su relato, Silva Peña sostuvo que «el objetivo principal no era matar a esa señora» y precisó que la consigna era pegarle un susto a Beller, robarle la cartera y retirarse. «La intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla», indicó, y aclaró que tampoco estaba previsto quitarle los teléfonos, aunque uno de los dispositivos terminó en manos de los atacantes, según consta en las actuaciones judiciales previas.
La versión de «Juancho» contrasta con la gravedad de las heridas que sufrió Beller: impactos de bala en el pecho, el costado y el brazo. La abogada sobrevivió fingiendo estar muerta y desde su internación en el Hospital Las Américas de Santa Cruz señaló a Cerimedo como el autor intelectual del ataque.
La cadena de mando: «Toño» y la Gobernación de Cochabamba
Uno de los elementos más relevantes del video es la descripción que Silva Peña hizo de la cadena de órdenes. Según afirmó, por encima de él había tres personas que «fueron los que pagaron y mandaron a hacer esto». Entre ellas mencionó a un hombre al que identificó como «Toño», quien lo habría contactado por teléfono y, según indicó, trabajaría en la Gobernación de Cochabamba. También nombró a «un tal Chino», a quien le atribuyó haber realizado tareas de seguimiento e inteligencia sobre Beller.
Silva Peña relató que fue enviado en dos oportunidades a Bulo Bulo, localidad del departamento de Cochabamba: la primera para recibir teléfonos e información sobre el caso y la segunda para buscar dinero y nuevas instrucciones. La mención de un vínculo con la Gobernación provincial abre una línea de investigación que los fiscales bolivianos deberán verificar, dado que hasta el momento las pesquisas se concentraron en el entorno inmediato de Cerimedo.
«Me quieren silenciar»
La decisión de hacer pública su versión antes de entregarse a la Justicia respondería, según el propio Silva Peña, al temor a ser eliminado. «Las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar», afirmó, y advirtió que esos individuos no quieren que hable ni con la Policía ni con los medios de comunicación. Dijo estar dispuesto a entregarse, pero exigió garantías previas para hacerlo.
La Fiscalía boliviana ya tiene detenidos con prisión preventiva a Paola A. V. A., pareja de Silva Peña, y a Roger A. C., identificado como quien habría provisto el arma. Además, los investigadores emitieron una orden de captura contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, cuya identidad no fue divulgada. El expediente contempla también a «Don Fiti» como partícipe directo, sin que hasta el cierre de esta edición se informara su detención.
Cerimedo, con segunda preventiva de 180 días
Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia bajo una segunda prisión preventiva de 180 días, dictada por la Justicia de Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio. El consultor político, figura clave en la construcción de la imagen digital de Milei y fundador de La Derecha Diario, se negó a declarar ante los fiscales en instancias previas del proceso; su defensa adoptó la estrategia del silencio. Las nuevas revelaciones de Silva Peña podrían reorientar la investigación hacia actores hasta ahora no identificados formalmente en el expediente.
Puntos clave
- Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció haber brindado logística en el ataque pero negó haber disparado o conducido la moto.
- Afirmó que el objetivo real era «una personalidad argentina» y que la consigna sobre Beller era darle un susto y robarle la cartera.
- Mencionó a «Toño», supuestamente vinculado a la Gobernación de Cochabamba, como uno de los tres mandantes del operativo.
- Dijo temer por su vida y exigió garantías antes de entregarse a las autoridades bolivianas.
- La Justicia boliviana mantiene a Cerimedo con una segunda prisión preventiva de 180 días por tentativa de feminicidio.
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