La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales informó hoy la recolección de testimonios de ciudadanos y organizaciones de Perú que denuncian «asesinatos con francotiradores, desaparición de personas, compra millonaria de armamento represivo y presencia de grupos radicales de derecha», en el marco de la represión que se vive en ese país desde hace dos meses.

«Hemos recogido numerosos testimonios de familiares de víctimas y víctimas de la represión. Han atestiguado asesinatos en la región de Apurímac, Andahuaylas y Abancay (sur de Perú)», dijo el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Marino, integrante de la delegación.

La Misión, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, finalizó ayer su «primer día de actividad» en territorio peruano y brindó detalles a través de un video publicado en sus redes.

«Testimonios de estudiantes que sufrieron el ingreso de la Policía con tanquetas a la Universidad de San Marcos y detenciones masivas, entre ellas mujeres estudiantes que han sido golpeadas por policías varones», agregó Marino.

Por su parte, el delegado nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Maximiliano Maita, indicó que la región de Puno -también en el sur peruano- «carga con 54 de los muertos» por la represión y que existe «una terrible situación» denunciada por la Asociación de Mujeres Campesinas del Perú.

«Han denunciado asesinatos con francotiradores, han asesinado a un médico brigadista de salud. Han sido acusadas por garantizar de manera comunitaria las acciones de protesta y les han elaborado causas como grupo criminales», resaltó Maita.

Asimismo, la integrante de la asociación Xumek Lorena Merino remarcó: «Un manifestante sufrió un disparo en la frente y luego habría sido traslado al departamento de bomberos y al día de hoy se desconoce su cuerpo y los familiares no han tenido noticias».

A su vez, el referente de Liberpueblo Fernando Almejun señaló que hay organismos de derechos humanos que «manifestaron su preocupación» por la adquisición por parte del Gobierno de «20 mil gases lacrimógenos y la compra millonaria de armamento» para enfrentar protestas en el sur del país.

«Existen también grupos de derecha radicales que operan en Lima, que atentan contra la vida de manifestantes», agregó.

El dirigente social Juan Grabois, quien integra la Misión, afirmó en declaraciones a radio AM 530 que «la gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte» y señaló que «si hay terrorismo» en el país se trata de «terrorismo de Estado».

«El pueblo masivamente se moviliza. Las fuerzas represivas identifican cualquier protesta social como terrorismo y por eso hay más de mil quinientos encausados», dijo Grabois y aseguró que «los muertos son todos de un solo lado, por lo que es evidente que si hay terrorismo, es terrorismo de Estado».

En esa línea, sostuvo que el objetivo principal de la Misión es «aportar a que cese la represión contra los campesinos, los pueblos originarios y la juventud en Perú».

«La gente tiene temor a que haya una represión muy fuerte. Manifestaban una alegría muy enorme de que vayamos a los territorios y nos han pedido que participemos como una columna de paz», señaló y manifestó que «seguramente iremos adelante para ponerle un poco el cuerpo y mostrar la solidaridad internacional».

La delegación arribó el martes por la noche a Perú y comenzó a «recolectar información» que obtendrán de mantener un «contacto directo con las víctimas» de la represión ordenada por la presidenta peruana, Dina Boluarte.

El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras el cese del exmandatario Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre dejó unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas.