Por Paula Giménez y Matías Caciabue

Bajo el liderazgo de María Corina Machado, desde “algún lugar de la clandestinidad”, con la venia de Joe Biden que se encuentra de salida de Casa Blanca de EEUU y sólo el reconocimiento oficial de Italia en Europa, se preparan las remanidas estrategias desplegadas durante al menos 20 años: discurso negador de la Quinta República, financiamiento espurio, presión política internacional y medidas coercitivas unilaterales, combinados con escenarios de violencia callejera y, tal como ocurrió en 2019, el montaje de una arquitectura institucional paralela, que, según demostró el tiempo, tenía como objetivo  apropiarse del patrimonio venezolano en el exterior.

Esta estrategia, aunque aún poco definida y carente de vigor, parece ser el eje central de las acciones actuales. Por ello, el pasado sábado, Edmundo González Urrutia inició un recorrido en busca de apoyo internacional, comenzando en Argentina, donde fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein. Posteriormente, visitó la Fundación Libertad. También fue recibido por el entramado de agrupaciones de venezolanos residentes en el país, lideradas por Elisa Trotta, quien fuera la “embajadora encargada” de Juan Guaidó durante el gobierno de Mauricio Macri. Estas agrupaciones organizaron una movilización frente a la Casa Rosada que ocupó aproximadamente el 20% de la Plaza de Mayo. Paralelamente, organizaciones argentinas, principalmente articuladas en el Capítulo Argentino de la Internacional Antifascista, realizaron intervenciones exigiendo respeto por la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio. “Venezuela se respeta, Nicolás Maduro presidente” fue la consigna desplegada que se leyó desde una toma aérea junto al monumento a Simón Bolívar, en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.

La gira de Edmundo González siguió por Montevideo, Uruguay, donde ocurrió el mismo repertorio. Luego de ser recibido por el saliente y derrotado Luis Lacalle Pou, fue saludado por un centenar de personas con banderas venezolanas. Este sostén, muy probablemente venza en marzo, cuando el sillón presidencial sea ocupado por Yamandú Orsi y el Frente Amplio.

El “gran logro” que se apuntó la ultraderecha opositora esta semana fue la reunión con el presidente saliente de Estados Unidos, Joseph Biden, publicada en las redes sociales de Maria Corina Machado con un mensaje falaz que afirma que “Esto representa el reconocimiento a la Soberanía Popular expresada a través de los votos de millones de venezolanos el 28 de julio de 2024, y a la gesta épica de un pueblo que decidió ser LIBRE”. Resta conocer cuál será la posición del presidente entrante, Donald Trump. Habría que tomar nota sobre la reciente declaración del senador republicano Bernie Moreno en Noticias Caracol, quien afirmó que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, trabajará con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, que va a tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero.

“EE.UU. no es quien elige quiénes son los líderes de estos países, tuvieron una elección, la gente dice que no fue justa, pero al final del día, los intereses de los Estados Unidos son detener el tráfico de drogas y que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país”.

Al parecer, hasta el momento, lo más cercano a Trump que ha logrado el “presidente” apócrifo, ha sido un encuentro con el asesor de seguridad nacional designado por Donald Trump, Mike Waltz.  En su cuenta de X, resaltó que conversaron sobre “las protestas cívicas convocada para el próximo 9 de enero”.

En una rueda de prensa improvisada tras su reunión con Javier Milei, Edmundo González Urrutia afirmó: “Por el medio que sea, voy a estar allá”, refiriéndose a su intención de llegar a Caracas. Aunque no detalló cómo ni cuándo, insinuó su propósito de colocarse la banda presidencial, desafiando la orden de captura en su contra y la recompensa de 100 mil dólares ofrecida por el gobierno venezolano por información sobre su paradero.

Luego, el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, comunicó que un conjunto de ex presidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) acompañaría a Edmundo González en su intento de cruzarse la banda presidencial.

Desde Buenos Aires, las declaraciones se orientaron a respaldar a quien consideran presidente electo, aunque evitaron comprometerse en torno al posible respaldo para un ingreso forzoso de González Urrutia en Venezuela.

En este contexto, la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Caracas, acusado de intentar ingresar al país de manera irregular, para desplegar un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha complicado aún más las ya tensas relaciones diplomáticas entre ambos países. Las inconsistencias en la coartada de Gallo, las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la apresurada denuncia por “traición a la patria” contra el exembajador Oscar Laborde —quien gestionó que a Gallo le llegara una carta de su madre— reflejan una creciente inquietud, al menos por parte de Patricia Bullrich, ante las posibles revelaciones que pudiera hacer el gendarme detenido.

De gobiernos paralelos y robo de activos públicos

El 28 de julio la opositora Plataforma de Unidad Democrática (PUD) publicó desde un sitio web paralelo al Consejo Nacional Electoral unos resultados que le daban la victoria a Edmundo González, basados en un conteo propio sobre las actas obtenidas por sus fiscales. Una documentación que se negó a presentar luego, tal como hicieron todos los demás partidos que se presentaron a elecciones, incluido el PSUV, ante la Justicia venezolana, cuando se realizaron las revisiones sobre el proceso.

Por esta razón se encuentra acusado en Venezuela de delitos de conspiración, usurpación de funciones, forjamiento de documentos,  desconocimiento a las instituciones del Estado e instigación a la desobediencia de las leyes, entre otros cargos, que pesan sobre él.

Tal como planea hacerlo Gonzalez Urrutia ahora, en 2019, Juan Guaidó se aventuró al montaje de un gobierno paralelo, luego de considerar fraudulentas y desconocer las elecciones de 2018. En aquél entonces, el plan fue  apuntalado política, militar y económicamente desde el exterior, principalmente por el gobierno de Donald Trump.

El autoproclamado presidente del que hoy casi nadie se acuerda, no sólo generó con el apoyo de la comunidad internacional un evento mediático para intentar bajo el disfraz del ingreso de ayuda humanitaria una incursión militar en Venezuela, sino que actuó en tándem con el gobierno estadounidense para apropiarse de los activos venezolanos en el exterior.

El 29 de enero de 2019, 6 días después de la autoproclamación, el Departamento de Estado estadounidense anunció la entrega  del control de bienes, activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias en Estados Unidos, a Juan Guaidó. Se confirmaba así la autoría del Plan: el trumpismo.

La disposición hacía mención específica de las cuentas del gobierno de Venezuela o del Banco Central venezolano alojadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, pero establecía que el cambio de control era aplicable para cuentas similares en cualquier banco que esté asegurado o respaldado por las autoridades estadounidenses.

En ese movimiento aplicaron otras medidas coercitivas unilaterales que funcionaron como un embargo petrolero en contra de PDVSA, la empresa estatal de Venezuela. Las mismas prohibían a la mayoría de las empresas con sede en Estados Unidos hacer negocios con Petróleos de Venezuela y disponían que cualquier dinero que fuera a PDVSA, incluido el de su subsidiaria estadounidense Citgo, sería movido a las cuentas a las que tiene acceso el gobierno que la Casa Blanca considera legítimo.

La estrategia estuvo acompañada en aquél entonces por la seducción de elementos militares, que derivó en un levantamiento, que no logró arrastrar al grueso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Además el gobierno paralelo, nombró su propio directorio en el Banco de Venezuela, que logró que se le negara al gobierno venezolano, disponer de los mil millones de dólares en oro, que la República Bolivariana tenía depositados en el Banco de Inglaterra, para afrontar los gastos de la Pandemia en 2020. Una situación similar ocurrió con la compañía Monómeros, una petroquímica del Estado venezolano radicada en Colombia, que Juan Guaidó logró controlar en 2019, nombrando un nuevo directorio, luego de que el gobierno de Iván Duque lo reconociera como presidente encargado. El Ministerio Público Fiscal venezolano estimó que este evento causó pérdidas aproximadas por 20 mil millones de dólares al Estado.

Guaidó tiene una veintena de causas abiertas en su contra por delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobiernos extranjeros, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir.

De acuerdo con un fallo de un Tribunal en Delaware en EEUU que daba curso a un embargo en favor de acreedores en marzo de 2023, Guaidó habría usado recursos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) “para financiarse, pagar sus gastos legales” y obligó además “a la compañía a aceptar sus términos de refinanciamiento”.

“Esperamos la colaboración internacional para que este sujeto responda ante la justicia para determinar todas las propiedades que pudieron ser adquiridas por los integrantes del Gobierno interino con el dinero robado a la nación”, había señalado el Fiscal Tareck William Saab. “Los que en algún momento creyeron en este sujeto y salieron a marchar, ven que les resultó un vulgar chorro del peor calibre, robando y secuestrando”, añadió.

En enero de 2023 en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional paralela instituida por la oposición, Guaidó reconoció que había gastado “sólo” 150 mil millones de dólares para el sostenimiento de su mandato alterno, sin mucho más respaldo que su propia palabra.

Tal como parece ocurrir con la actual estrategia de Edmundo González y Corina Machado para el montaje de un gobierno paralelo, la aventura política de Guaidó tuvo más reverberancia internacional que a nivel local, donde no tuvo poder político o institucional para realizar movimientos significativos.

Sí logró, en su momento, nombrar cuerpos diplomáticos paralelos y el reconocimiento de varias decenas de países de la comunidad internacional, apalancado políticamente por el Grupo de Lima y la OEA.

Pese a ello, en 2023, EEUU dejó de reconocer el gobierno paralelo de Guaidó. A partir de la pérdida de apoyo político en la región y el cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional venezolana en 2021, Guaidó dejó sin pena ni gloria su cargo de “Presidente encargado”. Hoy se encuentra refugiado en Miami.

Un intento con sabor a poco y clima interno que no acompaña

A nivel local, pese a la frustración de quienes ya dieron por perdida la batalla opositora, la vida de la mayoría de la población venezolana sigue su curso, bajo los designios de una economía que ha dado muestras de su capacidad de recuperarse aún bajo el efecto de medidas coercitivas unilaterales.

A fin de diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que  en 2024, el PBI de la República bolivariana creció un 6,2%, una cifra que contrasta con las de otras economías de la región, como Brasil (3,2%), México (1,4%) y Colombia (1,8%).  Para 2025, el organismo estimó un crecimiento del 3,1% para Venezuela, manteniéndola en el liderazgo regional, aún bajo  las sanciones económicas impuestas por Washington. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también proyectó para 2025 un crecimiento para la economía venezolana de 2,5%.

Pese al encuentro entre González y Biden y al llamado a fines de diciembre de Blinken en el que les brindó reconocimiento explícito y aliento la ventana que se abre hasta la asunción de Donald Trump, provoca un limbo que hace difícil saber qué ocurrirá.

De la Unión Europea, González aún espera sin éxito el reconocimiento pleno del bloque a su auto proclamada victoria del 28 de julio. Sólo Italia se ha unido a la propuesta de Estados Unidos de reconocer el gobierno paralelo. El parlamento europeo ha instado al bloque a extender las sanciones a funcionarios del gobierno venezolano, pero dicha medida no ha sido aprobada aún por el bloque.

En Latinoamérica sólo Costa Rica, Panamá, Ecuador -que probablemente cambie de gobierno en febrero-, Perú, Argentina y el saliente gobierno de Uruguay, son los países que han dado reconocimiento a la eventual autoproclamación de Edmundo González Urrutia. Aún con tensiones, el Plan “Guaidó 2.0” parece tener mucho menos actores involucrados. Es cierto que ni el mundo ni la región son los mismos que en 2019.