El petróleo extraído no vuelve al lecho marino, y ningún fallo posterior puede revertir ese daño. Ese es uno de los argumentos centrales del pedido urgente que la Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar: frenar el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte antes de que las perforaciones previstas para 2027 conviertan la disputa por los recursos en un hecho consumado.

La Oficina del Presidente informó que el gobierno de Javier Milei solicitó medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. Según el comunicado oficial, la presentación busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental” y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por Londres agraven la disputa reconocida por las Naciones Unidas. En el escrito trabajaron la Cancillería que conduce Pablo Quirno, la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, la Consejería Legal Internacional del embajador Mario Oyarzábal y la Procuración del Tesoro que dirige Sebastián Amerio.

Del ultimátum a Hamburgo

La presentación es el segundo paso de la estrategia anunciada el 28 de septiembre, cuando la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó dos semanas para frenar las actividades vinculadas a Sea Lion. El plazo venció el lunes 12 de octubre. Londres rechazó el planteo y sostuvo que las actividades petroleras se rigen por la legislación de las islas y se desarrollan “en plena conformidad con el Derecho Internacional”.

El fundamento jurídico es el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que habilita a cualquiera de las partes a pedir medidas provisionales al Tribunal, con sede en Hamburgo, mientras se constituye el tribunal arbitral de cinco miembros que deberá resolver el fondo del asunto, un proceso que puede demorar años. Si el Tribunal decide dictar esas medidas, serán jurídicamente obligatorias para ambos Estados.

Los cuatro reclamos argentinos

Quirno detalló en su cuenta oficial de X el alcance de la solicitud. El primer pedido apunta directamente a Sea Lion: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte mediante ese proyecto. El segundo exige que Londres “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.

El tercero incorpora la dimensión ambiental: que el Reino Unido cese de impedir a la Argentina cumplir con los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, que obligan a los Estados a proteger el medio marino y a prevenir su contaminación. El cuarto busca bloquear el otorgamiento de nuevos permisos de explotación en la plataforma en disputa mientras dure el litigio.

“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, escribió el canciller. Los movimientos del propio proyecto petrolero, sin embargo, relativizan ese entusiasmo.

Sea Lion sigue sumando capital

El yacimiento, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, fue descubierto en 2010 por la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35 por ciento, y hoy lo opera la israelí Navitas Petroleum, dueña del 65 por ciento restante. A fines de 2025 ambas firmas tomaron la decisión final de inversión para la primera fase, que contempla once pozos submarinos conectados a un buque de producción y almacenamiento, perforaciones de desarrollo en 2027 y producción comercial durante el primer trimestre de 2028. Las licencias del área fueron renovadas el 22 de septiembre por otros cinco años.

El 7 de octubre, con el ultimátum argentino todavía en curso, Rockhopper anunció una inversión de 44 millones de dólares por su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1. Las empresas no dejaron de comprometer capital mientras corría el plazo que la Argentina le había dado a Londres. La Oficina del Presidente informó que Halliburton confirmó que sus filiales se abstendrían de prestar servicios a Sea Lion; Navitas admitió que trabaja para reemplazar a dos contratistas, pero aseguró que mantiene sus planes y que no espera un impacto material adverso sobre el proyecto.

Un camino que abrió la Fragata Libertad

El mecanismo no es nuevo para la diplomacia argentina. En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cancillería recurrió al mismo esquema (un arbitraje bajo el Anexo VII y un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal del Mar) para liberar a la Fragata ARA Libertad, retenida en el puerto ghanés de Tema a pedido del fondo buitre NML Capital. La solicitud se presentó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre el Tribunal ordenó a Ghana la liberación inmediata e incondicional del buque escuela. La herramienta que hoy exhibe el oficialismo libertario como un logro inédito fue utilizada con éxito por la gestión que sus funcionarios suelen descalificar.

Existe otro antecedente relevante: en abril de 2015, una sala especial del Tribunal ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación disputaban Ghana y Costa de Marfil, aunque permitió la continuidad de algunas operaciones ya existentes.

La competencia, el gran obstáculo

La discusión jurídica de fondo pasará por la competencia del Tribunal. La CONVEMAR permite resolver diferencias sobre la interpretación y aplicación de sus normas, pero no otorga jurisdicción para decidir cuestiones de soberanía territorial. Por eso la Argentina encuadró el reclamo en las obligaciones vinculadas con la explotación de recursos y la protección del medio marino, sin pedir un pronunciamiento sobre las islas. Para dictar medidas, los jueces deberán verificar una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y una situación de urgencia real. Aún no hay fecha fijada para las audiencias ni para una resolución.

El planteo se apoya además en las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de la Asamblea General de la ONU, que reconocieron la disputa de soberanía e instaron a ambos países a negociar y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales. Es el mismo sistema multilateral que el presidente Milei calificó de “organización inútil”, y al que ahora su propio gobierno recurre para sostener el reclamo argentino.

Quirno reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, y la Oficina del Presidente cerró su comunicado con la consigna “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”. La defensa de los recursos estratégicos no se agota en un escrito judicial: exige una política de Estado sostenida en el tiempo, más allá de la conveniencia política del momento.

Lo que tenés que saber:

• La Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
• La presentación llegó tras vencer el 12 de octubre el plazo de dos semanas que el Gobierno le había otorgado al Reino Unido.
• Los cuatro reclamos apuntan a Sea Lion, al uso de datos de exploración, a la protección ambiental y a la emisión de nuevas licencias.
• Rockhopper anunció el 7 de octubre una inversión de 44 millones de dólares y Navitas dice que no prevé un impacto material adverso.
• El mismo mecanismo permitió en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la liberación de la Fragata Libertad.