Judiciales ⚖️
Se suspendió la indagatoria a Leonidas Iza en Ecuador y pasó a la Corte Constitucional
El proceso contra Iza es impulsado por la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado y la audiencia de hoy no llegó siquiera a instalarse por cuestiones de procedimiento.
La audiencia en la que iba a iniciarse hoy un proceso penal contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, por paralizar un servicio público durante las recientes protestas contra el gobierno, fue declarada “fallida” y se envió el caso a la Corte Constitucional para que decida el mecanismo con el que seguir.
El proceso contra Iza es impulsado por la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado y la audiencia de hoy no llegó siquiera a instalarse por cuestiones de procedimiento.
La jueza del caso remitió una consulta a la Corte Constitucional para que evalúe las pruebas y defina si la misma magistrada puede seguir al frente del proceso.
El juicio se entabló en un tribunal de la localidad central de Latacunga, en cuya jurisdicción Iza -presente en la audiencia frustrada- fue detenido por 24 horas el 14 de junio, cuando al parecer participaba de un corte de ruta en medio de las manifestaciones nacionales por el alto costo de vida.
La Defensoría del Pueblo indicó a través de su cuenta de la red social Twitter que su delegación en Latacunga se encontraba en la audiencia de juzgamiento «para vigilar el debido proceso que sigue Fiscalía en contra de Leonidas Iza».
Raúl Ilaquiche, uno de los abogados del máximo dirigente campesino, señaló a la agencia de noticias AFP que la audiencia de juicio, que se desarrollaba a puerta cerrada, hubiera tomado «varios días» debido a la cantidad de testigos y pruebas de parte y parte.
Iza está acusado por un presunto delito de paralización de un servicio público, por lo que, según el Código Orgánico Integral Penal (Coip) de Ecuador, en caso de que sea declarado culpable, podría ser condenado de uno a tres años de prisión.
Carlos Poveda, otro de los abogados de Iza, manifestó a la prensa que una vez instalada la audiencia, la defensa impugnó la competencia de la jueza Paola Bedón porque fue quien ya instruyó la causa a raíz de la detención.
El letrado sostuvo que si bien el dirigente es acusado de cometer un delito flagrante, tienen constancia de que lo habían investigado antes de que fuera detenido -y posteriormente liberado-, mientras lideraba el paro nacional contra el Gobierno.
«Hemos pedido que se haga la consulta a la Corte Constitucional sobre un tema que es importante: creemos que la jueza que ya instruyó la causa por flagrancia no puede ser la jueza que resuelva. Hay contaminación probatoria», expresó Poveda.
De pasar esa solicitud, la Corte Constitucional tendrá hasta 45 días para pronunciarse, por lo que el juicio se suspenderá hasta entonces, dijo la jueza Bedón.
La magistrada había dispuesto el 15 de junio la inmediata liberación del líder indígena a cambio de medidas alternativas como presentarse de manera periódica ante las autoridades y prohibición de salir del país.
La Conaie había convocado a un «plantón de apoyo y solidaridad» al dirigente, a quien la organización identifica como un «acusado injustamente por el Gobierno para criminalizar la protesta social», informó el diario ecuatoriano El Comercio.
Unos 2.000 campesinos, según el área de Seguridad Ciudadana del municipio local, se concentraron en cercanías del tribunal, que estaba acordonado por vallas metálicas y policías, para expresar de manera pacífica su apoyo al jefe de la Conaie, que impulsó 18 días de fuertes protestas que dejaron seis muertos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles.
Poveda demandó además que se haga «un juicio justo» y dijo que han requerido asistencia penal internacional, de tal manera que las pericias se hagan con especialistas independientes, ya que se trata de un proceso impulsado desde el Estado, a través de Procuraduría y la Fiscalía.
Comunidad 👥
Un tema central para León XIV: discapacidad tendrá 24% menos fondos en 2027 que en 2023, advirtió Amnistía
La organización sumó la cifra en un mensaje en X, el día en que el Papa visitó el Cottolengo Don Orione, donde dijo que esas vidas “no son un peso para la sociedad”. Un análisis del Presupuesto 2027 ubica a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023.
Los recursos para las políticas de discapacidad serán en 2027 un 24% inferiores, en términos reales, a los de 2023, advirtió Amnistía Internacional Argentina en el marco de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.
La organización había difundido el 5 de noviembre una carta abierta al Papa, a pocos días de su llegada, y este lunes volvió a poner el foco en la discapacidad con un mensaje en la red social X, donde incluyó la cifra del 24%. En la carta le pidió que, en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad, haga un llamado a “garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica y “rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión”.
Garantizar derechos no es caridad
Amnistía sostuvo que garantizar los derechos de las personas con discapacidad “no constituye una concesión ni un acto de caridad: es una obligación del Estado”. El texto describió un contexto de “profunda preocupación” por la sostenibilidad de las prestaciones, con demoras en los pagos estatales, dificultades de financiamiento de las instituciones y polémicas por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Recordó además que la Conferencia Episcopal Argentina ya había advertido sobre la gravedad de la situación.
La organización reconoció los desafíos económicos del país, pero afirmó que “ninguna política económica puede desentenderse de sus consecuencias sobre los derechos humanos”. La carta abarcó también el trabajo (según Amnistía, una de cada cinco personas con empleo vivía en un hogar pobre en el primer semestre de 2026), la reforma laboral, los jubilados, el uso desproporcionado de la fuerza en protestas pacíficas, el hostigamiento a periodistas, la reducción de la edad de imputabilidad penal, los recortes en violencia de género y en la Educación Sexual Integral, y la situación de las personas LGBTI+ y migrantes.
Qué dice el Presupuesto 2027
El Gobierno envió al Congreso el 16 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un capítulo sobre discapacidad: proponía reemplazar el certificado por un criterio de “invalidez laboral” para acceder a las pensiones, volver incompatible la pensión con el empleo formal y eliminar la actualización mensual de los aranceles a los prestadores. En la negociación en Diputados, el oficialismo cedió en buena parte de esos puntos.
Un análisis publicado por la prensa local sobre el proyecto ubicó a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023 (aunque 5,4% por encima de 2026), con las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral 25,3% abajo. La estimación coincide con la advertencia de Amnistía y muestra que la brecha con 2023 sigue abierta.
Una ley que el Gobierno resistió
En agosto de 2025, Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad; el Congreso insistió y el Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su aplicación. El 22 de octubre, Diputados aprobó una nueva ley con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una negociación en la que el oficialismo aceptó cambios reclamados por la oposición. El Senado firmó dictamen sin modificaciones el miércoles 4 de noviembre y el oficialismo buscará sancionarla en la sesión del 19.
El Cottolengo, entre el embargo y el Papa
El 27 de octubre, el juez federal Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ordenó embargar $828.708.195 de las cuentas del Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo en insumos y medicamentos de marzo a junio de 2026. Dos días después, fuentes del oficialismo indicaron que se había aprobado el pago.
Ante los residentes, León XIV dijo que “sus vidas no son un peso para la sociedad: son una bendición” y que “el progreso de una nación también se mide por la acogida” que brinda a las personas con discapacidad. El Papa habló de bendición en Claypole y Amnistía le puso cifra a la distancia entre ese mensaje y los recursos que el Estado destina a la discapacidad.
Lo que tenés que saber:
- Amnistía Internacional advirtió que los recursos para discapacidad serán en 2027 un 24% inferiores, en términos reales, a los de 2023.
- La organización difundió una carta abierta a León XIV el 5 de noviembre y sumó la cifra en un mensaje en X el día de su visita al Cottolengo.
- Un análisis del Presupuesto 2027 ubica a la función discapacidad 24,4% por debajo de 2023.
- Diputados aprobó el 22 de octubre una nueva ley de Discapacidad con 237 votos; el Senado la votaría el 19 de noviembre.
- León XIV dijo en el Cottolengo que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad”.
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