La Fiscalía General brasileña denunció a otras 152 personas por su implicación en los actos golpistas del pasado 8 de enero, cuando cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro atacaron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, según informaron hoy medios locales.

Los imputados fueron detenidos en el campamento bolsonarista ubicado frente al Cuartel General del Ejército de la capital brasileña y se encuentran recluidos en unidades del sistema penitenciario del Distrito Federal, informó el Ministerio Público, según consignó el portal de noticias G1.

Los sospechosos están acusados de los delitos de asociación delictiva -con pena de uno a tres años de prisión- y de incitar la animadversión entre las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales, con penas de tres a seis meses de cárcel.

La Fiscalía solicitó considerar los delitos por separado y que, con ello, se sumen las posibles penas.

Además, pidió que los implicados sean condenados al pago de una indemnización mínima “al menos por el daño moral colectivo evidenciado por la comisión de los delitos imputados”.

Las denuncias están firmadas por el subprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos, coordinador del grupo estratégico a cargo de la investigación de actos golpistas.

Con estas nuevas acusaciones, el Ministerio Público ya reportó al Supremo Tribunal Federal (STF) 653 sospechosos vinculados al asalto a las sedes de los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- en Brasilia.

El alto tribunal deberá ahora decidir si acepta las denuncias e imputa formalmente a los acusados.

Desde los actos golpistas de enero, la Policía Federal ha puesto en marcha cuatro etapas de la denominada Operación Lesa Patria, con detenciones y órdenes de búsqueda y captura contra otros sospechosos de integrar, estimular o financiar «acciones terroristas», reportó el diario Folha de Sao Paulo.

Unas 1.800 personas fueron detenidas por los ataques; un tercio de ellas siguen en prisión y el resto responderá a los correspondientes procesos en libertad.

Las investigaciones ahora apuntan a quienes financiaron el movimiento golpista, que se estructuró en campamentos montados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia después de las elecciones de octubre, en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva se impuso a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos.

Hasta hoy, Bolsonaro no reconoció explícitamente su derrota en las urnas y el 30 de diciembre pasado, dos días antes de la investidura de Lula, viajó a Estados Unidos, donde permanece y sin fecha concreta de vuelta.

El exmandatario figura entre las numerosas personas investigadas por la Justicia, que intenta determinar si su desconocimiento de los resultados electorales ayudó a promover el intento golpista.