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«Suelten a Los Monos o matamos a todos los fiscales”

La nueva amenaza de la narcobanda a la Justicia rosarina se hizo este lunes a través de un llamado telefónico al 911. La voz de un hombre repitió la misma frase dos veces y luego cortó la comunicación.

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La nueva amenaza de la narcobanda a la Justicia rosarina se hizo este lunes a través de un llamado telefónico al 911. La voz de un hombre repitió la misma frase dos veces y luego cortó la comunicación.

El Poder Judicial de Santa Fe recibió un nuevo mensaje mafioso en el que se amenaza con «matar a todos los fiscales» si no liberan «a los Cantero y a Los Monos», mientras se lleva adelante el juicio oral en Rosario al jefe de esa narcobanda por al menos 12 balaceras contra sedes judiciales y domicilios particulares de jueces.

«Suelten a los Cantero, suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales”, fue el mensaje amenazante que dejó una voz anónima a la central de emergencias 911, lo que motivó un refuerzo en la custodia de los representantes del Ministerio Público Fiscal que participan de las pesquisas contra la narcobanda liderada por Ariel «Guille» Cantero.

Como consecuencia de ese llamado anónimo recibido el lunes último se inició una investigación judicial a cargo del fiscal del Flagrancia, Franco Carbone, quien dispuso distintas medidas de urgencia.

Una amenaza similar recibió también la central 911 en 2018, aunque en aquella ocasión estaba dirigida contra jueces de Rosario en vez de fiscales, por lo cual está siendo juzgado ahora el jefe de “Los Monos”.

El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, dijo a Télam que la amenaza telefónica ocurrió “el lunes a la tarde con un llamado al 911” por parte de un hombre que repitió la misma frase en dos oportunidades, tras lo cual cortó la comunicación.

El vocero agregó que el fiscal Carbone “ordenó una serie de medidas para determinar la identidad” de la persona que llamó y recordó que la frase fue similar a un llamado realizado en 2018 también al 911, aunque en esa oportunidad el mensaje fue dirigido a los jueces que habían condenado a Cantero y otros cabecillas de la banda “Los Monos”.

De acuerdo a la investigación, aquella amenaza se hizo desde un teléfono celular sin chip, puesto que permite realizar llamadas de emergencia, como las dirigidas al 911.

El Ministerio de Seguridad provincial, que tiene a cargo el operativo en el Centro de Justicia Penal de Rosario en el que se realiza el juicio, reforzó desde el lunes la custodia del edificio y también la de los fiscales, dijeron fuentes oficiales.

«Guille» Cantero está siendo juzgado al igual que otros miembros de la misma narcobanda aunque no lo hacen de manera presencial, sino por videoconferencia desde la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple condena.

Carranza explicó que si bien la amenaza hace alusión a la familia Cantero, “no se descarta ninguna hipótesis” sobre el posible autor, “tanto de la banda que es investigada como de otras organizaciones criminales”.

Es que en otras ocasiones una banda enfrentada a “Los Monos”, liderada por Esteban Alvarado, buscó inculpar de delitos propios a la familia Cantero utilizando un cartel que había aparecido en asesinatos que decía: “Con la mafia no se jode”.

El 19 de agosto pasado, un día antes de que se iniciara el juicio a Cantero y otras seis personas por 12 hechos de balaceras a domicilios de magistrados y edificios judiciales, el Centro de Justicia Penal de Rosario fue baleado por desconocidos.

En la investigación de esos hechos, el fiscal Carbone pidió el allanamiento de la celda que “Guille” Cantero ocupa en el penal de Marcos Paz, donde se encontró un teléfono fijo a su disposición y se presume que pudo haber sido utilizado para planificar ese ataque.

Cantero está acusado en este juicio como presunto instigador de 7 de las 12 amenazas y balaceras a objetivos judiciales, todas ocurridas en 2018 luego de conocida la condena a la narcobanda que lideró, y que en su caso lo sentenció a 22 años de prisión.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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