Judiciales ⚖️
«Suelten a Los Monos o matamos a todos los fiscales”
La nueva amenaza de la narcobanda a la Justicia rosarina se hizo este lunes a través de un llamado telefónico al 911. La voz de un hombre repitió la misma frase dos veces y luego cortó la comunicación.
La nueva amenaza de la narcobanda a la Justicia rosarina se hizo este lunes a través de un llamado telefónico al 911. La voz de un hombre repitió la misma frase dos veces y luego cortó la comunicación.
El Poder Judicial de Santa Fe recibió un nuevo mensaje mafioso en el que se amenaza con «matar a todos los fiscales» si no liberan «a los Cantero y a Los Monos», mientras se lleva adelante el juicio oral en Rosario al jefe de esa narcobanda por al menos 12 balaceras contra sedes judiciales y domicilios particulares de jueces.
«Suelten a los Cantero, suelten a Los Monos o vamos a matar a todos los fiscales”, fue el mensaje amenazante que dejó una voz anónima a la central de emergencias 911, lo que motivó un refuerzo en la custodia de los representantes del Ministerio Público Fiscal que participan de las pesquisas contra la narcobanda liderada por Ariel «Guille» Cantero.
Como consecuencia de ese llamado anónimo recibido el lunes último se inició una investigación judicial a cargo del fiscal del Flagrancia, Franco Carbone, quien dispuso distintas medidas de urgencia.
Una amenaza similar recibió también la central 911 en 2018, aunque en aquella ocasión estaba dirigida contra jueces de Rosario en vez de fiscales, por lo cual está siendo juzgado ahora el jefe de “Los Monos”.
El vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, dijo a Télam que la amenaza telefónica ocurrió “el lunes a la tarde con un llamado al 911” por parte de un hombre que repitió la misma frase en dos oportunidades, tras lo cual cortó la comunicación.
El vocero agregó que el fiscal Carbone “ordenó una serie de medidas para determinar la identidad” de la persona que llamó y recordó que la frase fue similar a un llamado realizado en 2018 también al 911, aunque en esa oportunidad el mensaje fue dirigido a los jueces que habían condenado a Cantero y otros cabecillas de la banda “Los Monos”.
De acuerdo a la investigación, aquella amenaza se hizo desde un teléfono celular sin chip, puesto que permite realizar llamadas de emergencia, como las dirigidas al 911.

El Ministerio de Seguridad provincial, que tiene a cargo el operativo en el Centro de Justicia Penal de Rosario en el que se realiza el juicio, reforzó desde el lunes la custodia del edificio y también la de los fiscales, dijeron fuentes oficiales.
«Guille» Cantero está siendo juzgado al igual que otros miembros de la misma narcobanda aunque no lo hacen de manera presencial, sino por videoconferencia desde la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple condena.
Carranza explicó que si bien la amenaza hace alusión a la familia Cantero, “no se descarta ninguna hipótesis” sobre el posible autor, “tanto de la banda que es investigada como de otras organizaciones criminales”.
Es que en otras ocasiones una banda enfrentada a “Los Monos”, liderada por Esteban Alvarado, buscó inculpar de delitos propios a la familia Cantero utilizando un cartel que había aparecido en asesinatos que decía: “Con la mafia no se jode”.
El 19 de agosto pasado, un día antes de que se iniciara el juicio a Cantero y otras seis personas por 12 hechos de balaceras a domicilios de magistrados y edificios judiciales, el Centro de Justicia Penal de Rosario fue baleado por desconocidos.
En la investigación de esos hechos, el fiscal Carbone pidió el allanamiento de la celda que “Guille” Cantero ocupa en el penal de Marcos Paz, donde se encontró un teléfono fijo a su disposición y se presume que pudo haber sido utilizado para planificar ese ataque.
Cantero está acusado en este juicio como presunto instigador de 7 de las 12 amenazas y balaceras a objetivos judiciales, todas ocurridas en 2018 luego de conocida la condena a la narcobanda que lideró, y que en su caso lo sentenció a 22 años de prisión.
Judiciales ⚖️
Casación otorgó a De Vido prisión domiciliaria por riesgo cardiaco
La decisión de la Casación no implica libertad, sino el traslado del lugar de cumplimiento de la pena: De Vido continuará condenado y bajo control judicial, aunque desde su domicilio particular.
De Vido deja Ezeiza: la Casación ordenó su prisión domiciliaria por riesgo cardíaco
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el exministro de Planificación Julio De Vido abandone la cárcel de Ezeiza y cumpla su condena por la tragedia de Once en detención domiciliaria. La decisión, adoptada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, revirtió el fallo previo del Tribunal Oral Federal que había rechazado idéntico pedido.
Un cuadro clínico que la justicia no pudo ignorar
El detonante del beneficio fue el infarto que De Vido sufrió el 1° de abril de 2026, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent. Los informes médicos presentados ante la Casación alertaron sobre un «alto riesgo cardiovascular».
A esas afecciones se suman otras patologías preexistentes: diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, un cuadro que, a juicio del tribunal, hace incompatible el encierro carcelario con las condiciones de salud del exfuncionario.
De Vido tiene 76 años y cumple condena por el delito de fraude al Estado como partícipe necesario de la tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas e hirió a casi 800.
La Casación revirtió al Tribunal Oral
El camino no fue sencillo. Antes de la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exfuncionario. La Cámara de Casación, integrada para este caso por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, anuló ese fallo y estableció el cumplimiento de la condena en el domicilio del exministro. Al mismo tiempo, le encomendó al juez de ejecución penal que mantenga un control periódico sobre De Vido durante el resto de la pena.
La causa Once estableció responsabilidades en la gestión de los contratos ferroviarios con la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), cuya falta de mantenimiento fue determinante en el siniestro. Su condena como partícipe necesario lo convirtió en uno de los exfuncionarios de más alto rango en ser condenado efectivamente a prisión.
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