Judiciales ⚖️
La policía acusada del doble homicidio de jubilados para pagar un viaje a Disney, sostiene su inocencia
Sonia Rebeca Soloaga (36), está acusada como presunta autora del doble asesinato de Alberto Antonio Chirico (71) y su esposa María Delia Speranza (63), ambos jubilados, cometido el 11 de junio de 2019. Otro policía porteño, Diego Pachilla, se enceuntra acusado de «encubrimiento doblemente agravado».
La mujer policía que comenzó a ser juzgada este miércoles bajo la acusación de haber torturado y asesinado a balazos en 2019 a un matrimonio del barrio porteño de Parque Avellaneda para robarle entre 70.000 y 80.000 dólares, con los que planeaba pagar un viaje a Disney para su hija, aseguró que es «totalmente inocente», que «jamás» entró a la casa de las víctimas y que no se hará «cargo de semejante locura».
El juicio, que se realiza a través de una plataforma virtual ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 porteño, se inició con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el que la principal imputada, Sonia Rebeca Soloaga (36), está acusada como presunta autora del doble asesinato de Alberto Antonio Chirico (71) y su esposa María Delia Speranza (63), ambos jubilados, cometido el 11 de junio de 2019 en su casa de la calle Eugenio Garzón 3581.
La imputación que enfrenta es por “robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa, reiterado en dos oportunidades, cometidos mediante arma de fuego y alevosía, y falsa denuncia», delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

Siguiendo el juicio desde una sala del Complejo Penitenciario Federal IV para mujeres de Ezeiza, Soloaga contó en su interrogatorio previo su situación personal y familiar, que en la Policía de la Ciudad quedó en “situación pasiva” y que trabaja en el sector “lavandería” del penal, donde además hace “cursos” y “actividad física”.
“Yo no me hago cargo de semejante locura, no me cabe en la cabeza cómo me pueden relacionar con algo así”.
Luego, anunció ante los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano que aceptaba declarar y allí se desligó del doble crimen: “Yo no me hago cargo de semejante locura, no me cabe en la cabeza cómo me pueden relacionar con algo así”.
En el primer tramo de su indagatoria, la acusada admitió haber hecho una falsa denuncia cuando aseguró que le habían robado su arma reglamentaria y 300.000 pesos durante un asalto en el barrio porteño de Flores, y tal como lo hizo en la instrucción, dijo que la verdad era que se había “olvidado” la pistola y el dinero cuando fue al baño de una estación de servicio.
“Con el tema de mi arma yo hice una denuncia que fue falsa, sí me hago cargo de eso, pero con respecto a lo que se me acusa soy totalmente inocente. Lo siento mucho por las personas que pasaron por esto pero yo no tengo nada que ver», manifestó. Tras asegurar que este episodio le cambió «la vida» a ella y a su hija de ahora 17 años, Soloaga dijo que «jamás» tocó «nada de nadie» ni entró a la casa de las víctimas.
“Los conocía como vecinos, de caminar en la cuadra. Si yo necesitaba ir al baño, iba a la panadería de la esquina, o al barcito que estaba sobre Mariano Acosta o agarraba mi auto y me iba a la estación de servicio”, agregó, negando de esa forma que los jubilados asesinados le permitían pasar al toilette de su casa y hasta le servían café, como contaron testigos en la causa. Sin embargo, luego admitió que un día Chirico le preguntó si le gustaba la música y hasta le entregó un pendrive con las canciones que estaba escuchando en su automóvil.
«La gente que en realidad hizo esto se está riendo de mí”, dijo Soloaga, para luego afirmar que el día del hecho ella no estuvo de servicio en la cuadra de las víctimas, sino en otra parada, que su pistola -nunca secuestrada-, “no fue” el arma homicida y que los residuos de pólvora hallados en su chaleco correspondían a una práctica de tiro que hizo días antes del hecho que le imputan.
Ante preguntas del fiscal de juicio, Oscar Ciruzzi, sobre el viaje a Disney que planeaba pagarle a su hija para su cumpleaños de 15 y que para los investigadores pudo ser el móvil del doble crimen, la acusada dijo que si bien no tenía una deuda con la agencia, sí tenía la idea de «pagar un viaje» con dinero que juntaba «haciendo adicionales».
“Me equivoque con lo del arma, porque tenía miedo de perder mi trabajo. Me costó mucho ser policía. Amaba ser policía. Pero yo soy inocente, no me hago cargo de eso. Nada más señor”, afirmó la imputada.
La causa también tiene como segundo imputado al entonces novio de Soloaga, el también policía porteño Diego Alberto Pachilla (37), quien está excarcelado y sólo se le atribuye la figura de «encubrimiento doblemente agravado», ante la sospecha de que la ayudó a deshacerse del arma o de acomodar su declaración en la falsa denuncia.
Asistido por sus abogados Christian Poletti y Hernán Vega, Pachilla prefirió no declarar hoy, pero en su interrogatorio previo afirmó que sigue manteniendo una relación con Soloaga, a quien visita en el penal, algo clave para su defensa porque intentarán conseguir su absolución planteando que no se puede imputar de encubrimiento a quien es pareja del autor de un delito.
Soloaga admitió este miércoles que después de un año de estar presa, Pachilla “apareció de la nada”, la empezó a llamar de vuelta y ahora lo anotó para las visitas de pareja “porque era más rápido para ingresar”. La hipótesis de la fiscal que instruyó la causa, Estela Andrades, leída en la audiencia, es que Soloaga aprovechó la relación de confianza que había forjado durante semanas con los jubilados por ser la policía de la cuadra para aquel día entrar a robarles los entre 70.000 y 80.000 dólares de sus ahorros.
Según la acusación, primero los torturó a golpes y culatazos y luego los ejecutó a cada uno con un tiro en la cabeza, usando un almohadón como silenciador. Para Andrades, el posible móvil del doble crimen fue la deuda que Soloaga tenía que saldar para poder pagar el viaje de su hija. El juicio pasó a un cuarto intermedio para su segunda jornada, para el próximo miércoles a las 9.30.
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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