Judiciales ⚖️
Solicitada de intelectuales: «No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner»
Taty Almeida, Raúl Zaffaroni, Teresa Parodi, Eduardo Barcesat, Rosa Bru, Carlos Heller, Víctor Hugo Morales y Jorge Elbaum son algunos de los firmantes.
Un grupo de intelectuales, dirigentes y funcionarios advirtió hoy en una solicitada que el juicio que investiga supuestos direccionamientos en la obra pública de Santa Cruz busca «proscribir» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y «ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades».

Texto completo de la solicitada en rechazo al lawfare contra Cristina Kirchner
No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner
La persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos. La instancia oral del juicio sobre la causa mediáticamente denominada como “Vialidad Nacional” ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades.
Una causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el ex funcionario del gobierno de la Alianza Cambiemos, Javier Iguacel, quién hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior. Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos.
En las últimas horas sumaron a su andar canallesco las denuncias contra Máximo Kirchner. Demostrando la pretensión última de esta alianza mediática judicial que pasa no sólo por la cancelación de los dirigentes populares sino de la experiencia misma que significó el Kirchnerismo en este siglo, al igual que trataron de hacerlo con el peronismo en el anterior.
Por medio de un procedimiento judicial reñido con las más elementales reglas de procedimiento se procura el objetivo de la proscripción política de Cristina Kirchner. Quienes pretenden consumar la infamia -jueces, grandes medios de comunicación y políticos que se preparan para tomar ventaja de ese involucramiento del poder judicial en la vida política- deben saber que de lograrlo habrán infligido un duro golpe al proceso democrático de más larga duración en la historia argentina. La estrategia de lawfare que vienen desplegando los sectores de poder locales y regionales hoy se centra en la figura política más relevante del campo nacional y popular, pero hace años se despliega sobre un conjunto de dirigentes perseguidos, en algunos casos encarcelados y bajo una condena mediática que busca su cancelación.
Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial. En un proceso que lleva años sin que se comprobara de manera alguna la existencia de actos de corrupción atribuibles a la actual Vicepresidenta de la República, se ha montado hoy un espectáculo mediático dirigido a preparar el clima favorable a la proscripción. De manera que la historia argentina vuelve a encontrarse con la obsesión proscriptiva, con la intervención ilegal de factores de poder extraños a cualquier concepción republicana.
Lamentablemente, nada novedoso en nuestra historia y nuestra región, cambian las formalidades, pero la estrategia es la misma; lo sufrió el pueblo argentino con los dieciocho años de proscripción de Juan Domingo Perón y lo sufren los hermanos brasileros con la entronización de Jair Bolsonaro a partir de la condena y proscripción del compañero Lula Da Silva.
Firmas
Taty Almeida, Raúl Zaffaroni, Teresa Parodi, Eduardo Barcesat, Rosa Bru, Carlos Heller, Víctor Hugo Morales, , Rubén Dri, Francisco “Paco” Olveira, Dora Barrancos, Jorge Aleman , Ricardo Aronskind, Edgardo Mocca, María Seone, Ricardo Forster, Atilio Boron, Nora Ungaro, Rodolfo Carrizo, Mario Miguel Volpe, Eduardo de la Serna, Carlos Gómez, Víctor Santa María, Adriana Varela, Maria Lorena Berthet, Lucrecia Cardoso, Eduardo Gonet, Marina Olmi, Luisa Kuliok, Rita Cortese, Abelardo Vitale, Liliana Herrero, Vicente Zito Lema, Dolores Solá, Horacio Bouchoux, Jean Pierre Noher, Florencia Saintout, Daniel Gollan, Claudia Bernazza, Jorge Rachid, Diana Conti, Hugo Yasqui, Araceli Bellotta, Amado Boudou, Corpacci Lucia, Dulce Granados, Karina Arellano Mónica Macha, Silvia Rojkes, Sabino Vaca Narvaja, Estela Díaz, Eric Calcagno, Ana Negrete, Yanina Lamberti, Cristina Caamaño, Carlos Raimundi, Lorena Pokoik, Daniel Catalano, Eva Mieri, Mara Brawer, Nicolas Kreplak, Patricia Vaca Narvaja, Julieta Calmels, María Reigada, Beto Pianelli, Martín Sabbatella, Roberto Salvarezza, Eduardo Dvorkin, Andrea Varela, Ernesto Villanueva, Elizabeth Theiler Alfredo Alfonso, Alejandra Zinni, Arnaldo Medina, Maria Cristina Corzo, Walter F. Panessi, María Beatriz Gentile, Juan Pablo Olsson, Ayelen Sidun, Marcos Actis, Ricardo Manetti, Mariel Ciafardo, Américo Cristófalo, Graciela Morgade, Jaime Sorin, Gabriel Suárez Fossaceca, Federico Montero, Ana Arias, Diego de Charras, Eduardo Rinesi, María Pia López, Daniel Escribano, Santiago Fraschina, Giannattasio Alicia, Aurelio B. R. Narvaja, Néstor Artiñano, Larisa Kejval, Javier Gortari, Alicia Entel, Felix Requejo, Carolina Mera, Laura Itchart, Alberto Kornblihtt, Adriana Cristina Serquis, Alejandro Kaufman, Sandra Carli, Rocco Carbone, Paula Biglieri, Gloria Perello, Roberto Follari, Beatriz Alem, Gabriel Lazo, Nerio Neirotti, Silvina Rivilli, Glenn Postolski, Flavio Rapisardi, Yamile Socolovsky, Saúl Feldman, María Isabel Bertolotto, Nora Merlin, Sebastian Palma, Christian Weber, Graciela Falbo, Guillermo Wierzba, Kelly Olmos, Stella Escobar, Emilio Taddei, Gustavo Bulla, Pablo Hernandez, Gustavo Forte, Ramón Burgos, Ana Cafiero, Enrique Masllorens, Alejandra García Vargas, Paula Klachko, Liliana Hendel, Jorge Luis Bernetti, Hernán Brienza, Elizabet Vega Gron, Conrado Geiger, Alejandro Pont Lezica, Roberto Caballero, Jorge Pardés, Juan Alonso, Emanuel Rodriguez, Hugo Paredero, Felicitas Bonavitta, Martín Piqué, María Sucarrat, Luis Zarranz, Gianni Buono, Artemio López, Carlos Barragán, Nora Lafon, Diego Kenis, Horacio Piazza, Telma Luzzani, Jorge Elbaum
Educación
Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla
Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.
El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.
La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».
Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.
La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.
La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.
El argumento fiscal versus el mandato constitucional
La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.
Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.
En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.
Una táctica judicial que se vuelve patrón
El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.
La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Puntos clave
- El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
- Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
- La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
- El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
- Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.
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