Judiciales ⚖️
Jueces calificaron de «sistemático, clandestino y criminal» el plan del macrismo
El ex juez Ballestero confirmó que renunció porque «la situación familiar» y su salud se vieron comprometidas por la persecución que padeció. Por su parte la Dra. Forns convocó a la marcha del 1F por la democratización del Poder Judicial.
El exintegrante de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero afirmó que durante el Gobierno de Mauricio Macri «se montó un plan sistemático, clandestino y criminal» de espionaje ilegal, y la jueza y secretaria de Justicia Legítima, Martina Forns, calificó como «muy duro y descarnado ver cómo operaban» las mesas judiciales constituidas por las administraciones de Cambiemos en Nación y provincia de Buenos Aires para perseguir sindicalistas y empresarios.
De esta forma, ambos letrados con trayectoria en el Poder Judicial se refirieron a las características que tuvo la persecución judicial que se orquestó durante los gobiernos de Cambiemos, mientras avanzan distintas causas sobre espionaje ilegal que se siguen en distintos ámbitos de la Justicia Federal.
«Nunca vi algo parecido a la mesa judicial nacional y la provincial en la democracia. Eran dos cosas que funcionaban interconectadas. Hubo un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país. Bueno, eso es lo que pasó cuando se juzgó a los miembros de la Junta Militar. Si se empieza a ver, esto es más o menos lo mismo», afirmó Ballestero en relación a las causas de espionaje ilegal que involucran a exfuncionarios del gobierno de Cambiemos.
El ex juez sostuvo que las denuncias de la mesa judicial macrista fueron parte de «un plan sistemático de violación de todas las garantías constitucionales» que buscaba «garantizar la impunidad». Además, el excamarista recordó la persecución desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense que sufrió mientras se desempeñaba como camarista federal.
«Estamos tratando de determinar si me pidieron el Nosis a mí porque aparentemente en el juzgado número 1 de La Plata se investigó solo una de las cuatro hipótesis que hay de información ilegal. No sé para qué, si estaba todo en mi declaración jurada, nunca oculté nada. Estas cosas se usaban para apretar, o para carpetas o denunciar, pongamos todos los verbos o adjetivos que conocemos», afirmó.
En tanto, Ballestero enumeró a otras personas que fueron perseguidas durante el gobierno de Macri como «la doctora (María del Carmen) Falbo, la exprocuradora (Alejandra) Gils Carbó, la doctora (Gabriela) Boquín y el doctor (Eduardo) Freiler» y «cada persona que le hacía algo al Ejecutivo anterior que podía disgustarle».
«Fui juez 15 años, estuve diez como camarista, también fui fiscal. Uno como funcionario judicial tiene presiones. Me han puesto bombas, me han seguido, lo han hecho narcotraficantes a mis hijas, y no renuncié. Tenía otra edad y otra salud. Me han pedido juicio político y llenado de tapas de diarios. He hecho cosas que no han gustado», explicó sobre su renuncia en relación a que «la situación familiar» y su salud se vieron comprometidas por la persecución que padeció.
Y agregó que «una cosa son las presiones y otra es que también empiece la prensa». En tanto, recordó que la presentación judicial que hizo con el exjefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, en la causa por persecución a distintos dirigentes «escenifica perfectamente lo que estaban haciendo las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires».
«No lo puedo creer, no lo puedo entender. Se imaginan que yo he estudiado y he visto muchas cosas. He visto causas tremendas. Pero esto no, es inexplicable. Y ayer por televisión veo en una foto al prófugo que está en Uruguay (el operador judicial macrista Fabián Rodríguez Simón), a la exgobernadora (María Eugenia Vidal) y la denunciante de Pérez (Elisa Carrió) saliendo de la casa del procurador de la provincia (Julio Conte Grand). ¿Qué garantías podía tener mi cliente de que su expediente fuera por cauces normales?. Imposible que pudiera tener un juicio justo», afirmó.
La persecución a la jueza Forns
Por su parte, Forns evaluó como «muy duro y descarnado ver cómo operaban» las mesas judiciales constituidas por los gobiernos de Macri en Nación y Vidal en provincia de Buenos Aires para perseguir sindicalistas y empresarios durante esas gestiones.
«Es muy duro y descarnado ver cómo operaban, si bien ya lo sabíamos», dijo, la magistrada que se presentó como testigo en la causa sobre la mesa judicial a nivel nacional.
Forns recordó que «ya en lo que fue la investigación de la mesa (judicial) nacional conté no sólo todos los ataques personales recibidos (tras su fallo contrario al aumento de tarifas durante la gestión de Macri) sino también el mecanismo que utilizaban el poder hegemónico, y el Poder Judicial, que anticipaban sus resoluciones en la prensa».
En este sentido, añadió que «era muy llamativo que la prensa supiera de antemano lo que iba a resolver la Corte. O que adelantaran las denuncias que se iban a presentar en el Consejo de la Magistratura», ejemplificó. «Ahora entendemos y vemos descarnadamente, y seguimos viendo… porque hay muchas pruebas más, cómo era la manera en que operaban estas tres patas del lawfare», sostuvo.
Forns especificó que «la prensa que se autotitulaba periodismo de guerra, se dedicaba a manipular, a atacar, a escrachar. A mí siempre me escrachaban con Justicia Legítima, como si fuese una asociación ilícita, y no una organización civil con los papeles en regla. Y lo hacían porque no nos podían encontrar ninguna carpetita».
La magistrada convocó «a la gente proba del Poder Judicial a que no tengan miedo, a que salgan este 1 de febrero a marchar, porque es una gran oportunidad de mostrar un tema por el que nos quejamos siempre, que es el funcionamiento de este poder del Estado», dijo en referencia a la protesta organizada por diferentes organizaciones contra la Corte Suprema.
«Vamos a pedir la renuncia de los integrantes de la Corte, y aunque parece fuerte y van a decir que es un intento de golpe de Estado, la verdad es que estoy muy contenta con esta convocatoria porque tiene que ver con lo que pidió siempre Justicia Legítima, que es la democratización del Poder Judicial», afirmó. De esta forma se refirió a la convocatoria de diferentes organizaciones, a las 18 horas frente al Palacio de Tribunales, para el próximo 1 de febrero.
Forns añadió que algunos medios «hablan también de una contramarcha» pero sostuvo que «esto no es una demostración de fuerzas, es consecuencia del hartazgo y una manifestación de bronca donde se va a pedir el fin del lawfare».
Y remarcó: «Acá no hay contramarcha que valga. Ya se sabe quiénes son los que se oponen a la democratización del Poder Judicial. Son los que saben que habrá una marea muy alta, y están muy preocupados».
Investigación 🔎
Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión
El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.
El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.
El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.
Lo que encontró la Fiscalía
Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.
La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.
De la corrupción a la evasión
El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.
Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.
La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo
El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.
Lo que tenés que saber:
- Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
- Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
- La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
- Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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