El 19 de octubre arranca en Ginebra el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner trabaja para que el organismo trate allí el pedido de revisión de su condena y la suspensión de la inhabilitación que le impide ser candidata en 2027. El 29 de septiembre, sus abogados presentaron una adenda a la comunicación individual radicada en julio, con hechos nuevos y una prueba que, según la defensa, contradice un fundamento central del fallo de Vialidad.

La expresidenta lleva ante un organismo internacional una causa que nació y se resolvió en los tribunales federales de Comodoro Py. Fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y la Corte Suprema confirmó esa sentencia el 10 de junio de 2025 con apenas tres integrantes. Desde entonces cumple prisión domiciliaria en San José 1111.

Qué presentó la defensa

El equipo legal está integrado por Carlos Alberto Beraldi, defensor de la expresidenta en la Argentina, el abogado brasileño Rafael Valim y el jurista español Javier Borrego. El 29 de julio registraron ante el Comité una comunicación individual contra el Estado argentino en la que denunciaron que durante el proceso se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según explicó Valim, la adenda informa «tres hechos sobrevenidos de especial relevancia»: actos de intimidación posteriores a la presentación ante el Comité, una nueva prueba surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos y la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de la expresidenta, que la defensa considera una violación del artículo 17 del Pacto.

La prueba nueva es un informe económico financiero de la consultora brasileña Specs sobre los desembolsos de la llamada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de obras viales entre 2009 y 2015. Según sus conclusiones, ese circuito movió unos 2.200 millones de dólares en 367 obras, y las empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían percibido cerca de 18,66 millones, el 0,85% del total examinado. Para la defensa, esos números desarman el relato del direccionamiento masivo de fondos que sostuvo la condena.

Los abogados pidieron tres medidas: la suspensión de la inhabilitación perpetua, cambios en el régimen de prisión domiciliaria, que incluyen el retiro de la tobillera electrónica y el fin de las restricciones de visitas, y la recomposición de la Corte Suprema, de la que dijeron que es «imposible que funcione con tres miembros».

Los plazos en Ginebra

La sesión se extenderá hasta el 6 de noviembre. Antes del plenario, un Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, integrado por cinco de los 18 expertos del Comité, revisa los expedientes y define cuáles llegan a consideración del cuerpo completo. Los propios abogados aclararon que una decisión sobre las medidas provisionales podría salir «en cuestión de meses», mientras que la resolución de fondo podría demorar años. El Comité vuelve a reunirse en marzo.

El antecedente que invoca la defensa es el de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, con el dirigente brasileño preso y fuera de la carrera presidencial, el Comité pidió medidas para preservar sus derechos políticos. Brasil no las acató, y en 2022 el organismo emitió un dictamen sobre las violaciones examinadas en ese caso.

La Corte ya se cerró

Según publicó la prensa local, en la Corte Suprema consideran que una eventual resolución del Comité no puede alterar la condena firme. La defensa responde con el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, que da jerarquía constitucional al Pacto y a su Protocolo Facultativo. El mismo tribunal que confirmó la condena con tres jueces se anticipa a desconocer lo que pueda decir un organismo de derechos humanos.

Un peronismo que espera

La ofensiva internacional se cruza con la discusión electoral. El 28 de septiembre, Máximo Kirchner sostuvo en una entrevista que su madre tiene voluntad de competir y que «sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad». Según esos mismos reportes, el kirchnerismo evalúa además una fórmula con dirigentes como Sergio Uñac, Gerardo Zamora o Sergio Massa, en un esquema que depende también de la eventual eliminación de las PASO.

Axel Kicillof, en tanto, conserva su propio proyecto para 2027. Entre sus dirigentes circula una definición de la etapa: «Este año es un año de acumulación política».

Mientras tanto, la expresidenta sigue sometida a otros procesos en Comodoro Py: el juicio oral de la causa Cuadernos está en curso y el de Los Sauces tiene previsto comenzar el 23 de octubre.

Lo que tenés que saber:

• La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó el 29 de septiembre una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
• El Comité sesiona en Ginebra del 19 de octubre al 6 de noviembre; antes, un grupo de cinco expertos define qué casos llegan al plenario.
• La defensa pide suspender la inhabilitación perpetua, cambiar el régimen de detención y recomponer una Corte que funciona con tres jueces.
• Un informe sobre la Fuente 14 indica que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los fondos examinados.
• En la Corte sostienen que una resolución del Comité no puede modificar la condena firme.