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Denuncia

Vialidad: piden absolución de Fatala

La semana próxima comienza el alegato de Cristina.

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El juicio en la «causa Vialidad» por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz concluyó esta semana con reclamos de absolución para 2 de los 13 acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala y se reanudará el lunes próximo con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final los próximos lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, se prevé que la Vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom, confirmaron a Télam fuentes de su entorno.

En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó hoy su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una «descripción precisa» de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión.

Además, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado de Fatala, Lucio Simonetti, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un «hombre de confianza» del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

La exposición de la defensa de Fatala comenzó a las 9.30 de manera presencial y concluyó poco antes del mediodía, en un alegato que fue seguido en la sala de audiencias por los jueces del TOF y de manera virtual por las restantes partes.

La defensa de Fatala sostuvo que «no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones».

El abogado del exfuncionario consideró que la fiscalía en su alegato no hizo «una descripción precisa de qué fue lo que Abel Fatala no habría cumplido» y además afirmó que la Subsecretaría de Obras Públicas no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad.

«La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios», dijo además.

El abogado dijo también que «no había ningún tipo de norma que establezca cómo debía realizarse dicho control» y reclamó la absolución.

En base al cronograma elaborado por el TOF2, el lunes próximo se iniciará el alegato de la defensa de la Vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el próximo viernes, la expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El pedido de condena de los fiscales desencadenó los días siguientes manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta en los alrededores de su departamento del barrio porteño de Recoleta, hasta que el 1 de septiembre en medio de una de esas concentraciones Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla gatillando un arma a la altura de su rostro.

El atentado falló porque la bala no salió y ahora el autor material y su novia Brenda Uliarte fueron procesados con prisión preventiva como coautores de intento de homicidio calificado.

En cuanto al juicio, el lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una «asociación ilícita», como postuló la acusación.

Por otro lado, la defensa del exministro de Planificación recusó al integrante del Tribunal Giménez Uriburu por haber interrumpido su alegato para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las audiencias exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur «Liverpool».

Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La defensa de Cristina Fernández recusó al juez y al fiscal pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación.

La defensa de De Vido, por su parte, recusó esta semana a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución.

De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Los alegatos de las defensas comenzaron el lunes 5 de septiembre pasado y durante la primera semana pidieron la absolución los abogados de tres ex funcionarios de Vialidad provincial y nacional que trabajaban en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

Denuncia

Apelan el sobreseimiento de Milei en $LIBRA: 87 operaciones y llamadas antes del posteo

Un inversor damnificado, con el patrocinio de Juan Grabois, apeló en 40 páginas el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y otros nueve imputados, dispuesto por el juez Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Taiano sin que ninguno declarara en indagatoria.

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El Argentino Diario-Karina Milei y Javier Milei.
Cerraron $LIBRA sin indagar a nadie: la apelación expone lo que quedó sin investigar.

Los once investigados en la causa por el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA fueron sobreseídos sin haber sido citados nunca a declaración indagatoria, y ahora un inversor damnificado exige que esa decisión sea revocada para que la investigación por la presunta estafa continúe. El cierre del expediente llegó mientras quedaban medidas de prueba pendientes, según denuncia el apelante.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik contra la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado sobreseyó el viernes pasado al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Una apelación contra la «fundamentación aparente»

En el escrito, Marchetto sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en «contradicciones» y «confusiones», realizó una «valoración fragmentaria» de las pruebas y recurrió a una «fundamentación aparente» para justificar los sobreseimientos. Uno de los ejes del recurso es que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito, al concluir que los hechos investigados no encuadraban en ninguna figura penal cuando, según el recurrente, todavía había medidas pendientes para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal que pidió cerrar con diligencias en marcha

El damnificado también apuntó contra Taiano, a quien le reprochó demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y haber solicitado el cierre de la investigación mientras continuaban pendientes diligencias que la propia Fiscalía había ordenado. Para Marchetto, cuando la Fiscalía promueve la clausura antes de conocer el resultado de sus propias medidas, corresponde exigir «una explicación especialmente rigurosa» sobre por qué lo investigado perdió relevancia.

Las llamadas y las 87 operaciones previas al posteo

Entre las pruebas que considera relevantes, el apelante mencionó los registros de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli en los minutos previos a la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025, en la que el mandatario difundió el criptoactivo en la red social X. Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó tres llamadas al Presidente y recibió otra del mandatario antes de que se publicara el mensaje.

La apelación destaca además que, segundos antes de que Milei difundiera el código para adquirir $LIBRA, se registraron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales, por un volumen aproximado de 13,5 millones de dólares. Para Marchetto, estos elementos debieron analizarse de manera conjunta para determinar si existió coordinación entre los organizadores del lanzamiento, las operaciones financieras previas y la intervención del Presidente en la difusión. El recurso reclama además profundizar la investigación sobre el destino de los fondos y completar las pericias sobre dispositivos electrónicos de otros protagonistas del caso.

Un querellante excluido y una legitimación en disputa

Marchetto fue excluido como querellante por decisión de Martínez de Giorgi, algo que luego confirmó la Cámara Federal. Esa exclusión todavía está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el inversor presentó la apelación como «pretenso querellante», antes de que los sobreseimientos queden firmes. La admisibilidad del recurso depende de que se le reconozca legitimación para recurrir, una cuestión que todavía no está resuelta.

De prosperar el planteo, una instancia judicial superior podría revisar la decisión que benefició a Milei, a su hermana y a los otros nueve imputados. Tras el sobreseimiento, el Presidente adelantó que iniciará acciones legales contra la prensa.

Lo que tenés que saber

  • Los once sobreseídos en la causa $LIBRA, entre ellos Javier y Karina Milei, no fueron citados a indagatoria.
  • Juan Patricio Marchetto apeló con un recurso de 40 páginas patrocinado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik.
  • El recurso cuestiona la actuación del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Taiano, por pruebas pendientes y demoras.
  • Cita tres llamadas de Novelli a Milei y 87 operaciones por unos 13,5 millones de dólares antes del posteo del 14 de febrero de 2025.
  • La admisibilidad de la apelación depende de que Casación resuelva la situación procesal de Marchetto.
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