Denuncia
Vialidad: piden absolución de Fatala
La semana próxima comienza el alegato de Cristina.
El juicio en la «causa Vialidad» por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz concluyó esta semana con reclamos de absolución para 2 de los 13 acusados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala y se reanudará el lunes próximo con el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final los próximos lunes y martes ante el Tribunal Federal Oral 2 y en la tercera audiencia destinada a su defensa, el viernes 23, se prevé que la Vicepresidenta haga uso de la palabra a través de la plataforma virtual Zoom, confirmaron a Télam fuentes de su entorno.
En tanto, la defensa del exsubsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo, Abel Fatala, reclamó hoy su absolución y cuestionó a la fiscalía del juicio por la causa Vialidad por omitir realizar una «descripción precisa» de los hechos en base a los cuales pidió una condena a 4 años de prisión.
Además, en su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado de Fatala, Lucio Simonetti, remarcó que su cliente no era, como dijo la fiscalía, un «hombre de confianza» del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
La exposición de la defensa de Fatala comenzó a las 9.30 de manera presencial y concluyó poco antes del mediodía, en un alegato que fue seguido en la sala de audiencias por los jueces del TOF y de manera virtual por las restantes partes.
La defensa de Fatala sostuvo que «no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones».
El abogado del exfuncionario consideró que la fiscalía en su alegato no hizo «una descripción precisa de qué fue lo que Abel Fatala no habría cumplido» y además afirmó que la Subsecretaría de Obras Públicas no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad.
«La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios», dijo además.
El abogado dijo también que «no había ningún tipo de norma que establezca cómo debía realizarse dicho control» y reclamó la absolución.
En base al cronograma elaborado por el TOF2, el lunes próximo se iniciará el alegato de la defensa de la Vicepresidenta, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para el próximo viernes, la expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de su derecho a defensa ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El pedido de condena de los fiscales desencadenó los días siguientes manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta en los alrededores de su departamento del barrio porteño de Recoleta, hasta que el 1 de septiembre en medio de una de esas concentraciones Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla gatillando un arma a la altura de su rostro.
El atentado falló porque la bala no salió y ahora el autor material y su novia Brenda Uliarte fueron procesados con prisión preventiva como coautores de intento de homicidio calificado.
En cuanto al juicio, el lunes y martes pasado, la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido reclamó su absolución, cuestionó la acusación de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y argumentó que un Gobierno elegido por el voto popular no puede ser considerado una «asociación ilícita», como postuló la acusación.
Por otro lado, la defensa del exministro de Planificación recusó al integrante del Tribunal Giménez Uriburu por haber interrumpido su alegato para dar una explicación vinculada a las razones por las que en una de las audiencias exhibió un mate con el logo del equipo de fútbol amateur «Liverpool».
Este equipo que integraba el juez junto al fiscal Luciani disputó partidos en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.
La defensa de Cristina Fernández recusó al juez y al fiscal pero el planteo fue rechazado y ahora está pendiente de resolución un recurso de queja en la Cámara Federal de Casación.
La defensa de De Vido, por su parte, recusó esta semana a Giménez Uriburu por supuesto temor de parcialidad, algo que está pendiente de resolución.
De Vido tiene un pedido de diez años de prisión por parte de la fiscalía en el juicio en el que se debaten supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz a empresas del también acusado Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
Los alegatos de las defensas comenzaron el lunes 5 de septiembre pasado y durante la primera semana pidieron la absolución los abogados de tres ex funcionarios de Vialidad provincial y nacional que trabajaban en Santa Cruz, Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
-
DDHH7 díasDemocracia ¿en riesgo?: Corte de EEUU le dio luz verde a Trump para revisar la ciudadanía de los votantes
-
Buenos Aires2 díasLuján 2026: peregrinaron 2,7 millones de fieles, muy por encima del año pasado
-
Buenos Aires5 díasCaminata a Luján 2026: todo lo que tenés que llevar (y lo que no) para llegar sano a la Basílica
-
Misiones1 díaPassalacqua va a la Justicia para defender el suelo misionero
-
Fútbol & Goles!4 díasPlatense dio el golpe ante Estudiantes y quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina
-
Espectáculos 🎭7 díasMasterChef Celebrity 2026: a qué hora empieza hoy, quiénes participan y cómo verlo en vivo
-
Judiciales ⚖️7 díasCaso D’Agostino: la violación denunciada sigue sin imputación tras cinco meses
-
Goles! ⚽5 díasCristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal y advirtió: “A su debido tiempo contaré la verdad”
