Lawfare
Dalbón calificó de “tomada de pelo” el fallo contra Cristina y lanza campaña internacional por su absolución
El abogado de la ex presidenta confirmó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e impulsa una ofensiva global bajo el lema “Cristina Libre”, inspirada en la experiencia de Lula Da Silva. Acusa a la Corte Suprema de emitir una sentencia “ilegal, inconstitucional y arbitraria”.
Presentación ante la CIDH y estrategia internacional
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el fallo que ratificó su condena en la Causa Vialidad. En esa causa, la expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la obra pública durante su gestión.
Dalbón anticipó que esa acción judicial será acompañada por una campaña de carácter internacional bajo el lema “Cristina Libre”. La iniciativa, según explicó, se inspira en la estrategia que se desplegó en Brasil durante la detención del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, cuando también fue víctima de una sentencia cuestionada y finalmente anulada.
“Vamos a hacer todas las presentaciones que correspondan. Las irregularidades saltan a la vista. Hasta un estudiante de derecho las detectaría”, sostuvo el letrado en diálogo con Radio Splendid.
Críticas a la Corte y acusaciones de “condena política”
Dalbón arremetió contra la Corte Suprema por confirmar la sentencia sin, según afirmó, haber revisado a fondo el expediente judicial. “La Corte ni siquiera pidió la causa. Se la sacaron de encima rápidamente y no tocaron el fondo de la cuestión. ¿Qué les costaba mirar la causa?”, se preguntó.
El abogado insistió en que la sentencia tiene un claro sesgo político. “No hay nadie que tenga duda de que fue una condena política y no jurídica. Nadie duda de las irregularidades que marcaron la sentencia. Es una tomada de pelo”, aseguró.
La Causa Vialidad, iniciada hace más de una década, apunta contra Cristina Kirchner por supuestas maniobras de direccionamiento en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo fue ratificado por la Corte Suprema el pasado 11 de junio, y dejó firme la inhabilitación perpetua de la expresidenta.
Dalbón se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica
Dalbón expresó que confía en que la CIDH avanzará con una recomendación que obligue al Estado argentino a anular el fallo. “En virtud del Pacto de San José de Costa Rica, la CIDH seguramente va a recomendar la anulación del juicio”, afirmó, y añadió que desde 2020 “las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos son vinculantes”.
El letrado ya había hecho presentaciones ante organismos internacionales en defensa de Cristina Kirchner, aunque esta vez parece apuntar a una campaña más articulada, con proyección internacional, destinada a presionar públicamente al sistema judicial argentino.
El proceso contra Lula Da Silva, del cual se toma el modelo, fue anulado por la Corte Suprema de Brasil en 2021, al declarar la parcialidad del juez Sérgio Moro, quien luego se convirtió en ministro del entonces presidente Jair Bolsonaro. Esa anulación le permitió a Lula postularse y ser elegido nuevamente presidente en 2022.
Contexto político y repercusiones
La reactivación del caso judicial contra Cristina Kirchner se produce en un contexto de fuerte tensión política, marcado por los intentos del oficialismo de Javier Milei por acorralar judicial y políticamente a referentes del peronismo.
En paralelo, referentes del kirchnerismo apuntan a una estrategia de persecución mediática, judicial y política, bajo la lógica del lawfare, que ya fue denunciada por organismos internacionales como el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD).
Mientras tanto, sectores del oficialismo celebraron la decisión de la Corte como un acto de “reafirmación institucional”. Desde el entorno de la expresidenta, en cambio, afirman que se trata de “una maniobra para proscribirla”.
La ofensiva judicial y mediática que rodea a Cristina Kirchner sigue generando tensión institucional en el país. Con el relanzamiento de la campaña “Cristina Libre” y la presentación ante la CIDH, el kirchnerismo busca internacionalizar el reclamo y reposicionar a la ex mandataria en el escenario público, mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su enfrentamiento con el peronismo. El desenlace judicial de este nuevo capítulo todavía está por escribirse, pero promete escalar en los próximos meses.
Puntos clave
- Dalbón confirmó que presentarán el caso ante la CIDH.
- Impulsan la campaña internacional “Cristina Libre”, basada en el modelo de Lula.
- Acusan a la Corte de dictar un fallo “ilegal, inconstitucional y arbitrario”.
- El abogado se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica.
- El kirchnerismo sostiene que se trata de un caso de lawfare.
Judiciales ⚖️
Taiano, el fiscal que no apeló por los Kirchner y pidió sobreseer a los Milei
En 2009 no recurrió el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito. El mismo día en que Cristina, presa por Vialidad, empezó a ser juzgada por Hotesur y Los Sauces, $Libra se cerró a su pedido sin indagatorias.
El mismo viernes, la Justicia federal mostró dos caras. Cristina Fernández de Kirchner, presa por la causa Vialidad, empezó a ser juzgada por Hotesur y Los Sauces, mientras Javier y Karina Milei quedaban sobreseídos en la causa $Libra sin haber sido nunca indagados. El pedido de cierre de $Libra llevó la firma de Eduardo Taiano, el mismo fiscal que en 2009 decidió no apelar el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito.
A pedido del fiscal federal Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, sobreseyó a los hermanos Milei y al resto de los investigados por el lanzamiento de la criptomoneda, al considerar que los hechos no encuadran en una figura legal.
2009: el sobreseimiento que no apeló
En diciembre de 2009, el juez Norberto Oyarbide sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ni Taiano ni el fiscal Guillermo Noailles, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, apelaron, y el sobreseimiento quedó firme. Por esa decisión, la UCR que presidía Ernesto Sanz impulsó un pedido de juicio político contra Taiano por incumplir sus deberes de funcionario público.
Vialidad y Hotesur: qué causa es cuál
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Hotesur y Los Sauces es otro expediente. El viernes, el Tribunal Oral Federal N° 5 empezó el juicio unificado por las dos causas, con la expresidenta y su hijo Máximo conectados de manera remota. Según el requerimiento fiscal leído en la primera audiencia, Cristina Kirchner habría organizado una asociación ilícita que, entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, habría sustraído fondos públicos y los habría lavado a través de la actividad inmobiliaria y hotelera de la familia.
Un expediente que ya estaba cerrado
Las causas contra Cristina Kirchner se inscriben en una persecución judicial que este medio caracteriza como lawfare. Hotesur y Los Sauces es el ejemplo más claro: el mismo Tribunal Oral Federal N° 5 que hoy la juzga la había sobreseído en noviembre de 2021 sin llegar a juicio, y fue la Cámara Federal de Casación Penal la que revocó esa decisión y reabrió el expediente.
$Libra: sin indagatorias y sin querellantes
En $Libra, el recorrido fue el inverso. El expediente se cerró sin que ningún imputado fuera llamado a indagatoria y después de que el juzgado apartara a los inversores que se habían presentado como querellantes, una exclusión que confirmó la Cámara Federal. Los inversores acudieron en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para volver a ser parte. Hoy no hay querellantes admitidos que puedan apelar el sobreseimiento, y el fiscal que podría hacerlo es el mismo que lo pidió.
Los vínculos con el Gobierno
El 15 de julio de este año, el Boletín Oficial publicó el Decreto 589/2026, firmado por Milei, que nombró a Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Según la prensa local, se trata de la esposa de Martínez de Giorgi; el decreto no menciona ese vínculo.
Del lado del fiscal, la Resolución 106/2024 de la Jefatura de Gabinete, del 22 de agosto de 2024, designó a Federico Nicolás Taiano, señalado en esos mismos reportes como hijo del fiscal, como titular de la Unidad Bienes Decomisados, que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El dato tiene un límite: según la Resolución 244/2026, publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto de 2026, su renuncia fue aceptada con efecto desde el 15 de abril de 2025, y hoy ya no ocupa ese cargo.
La doble vara
Ninguno de esos datos prueba por sí solo una decisión indebida. Pero el contraste es visible: para la expresidenta, la Justicia federal reabrió una causa cerrada y la sentó otra vez en el banquillo; para el Presidente, el expediente se cerró sin indagatorias, sin querellantes y con un juez cuya esposa, según esos reportes, fue designada por decreto del propio Milei tres meses antes del fallo.
Lo que tenés que saber:
- Taiano pidió el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en $Libra, que el juez Martínez de Giorgi dictó el viernes sin indagatorias.
- En 2009, Taiano no apeló el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito y la UCR pidió su juicio político.
- Cristina Kirchner está presa por Vialidad y el viernes empezó su juicio por Hotesur y Los Sauces, una causa que había sido cerrada en 2021.
- Los inversores apartados como querellantes fueron en queja ante Casación.
- Milei nombró por decreto en julio a una jueza identificada como esposa de Martínez de Giorgi.
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