Lawfare
Dalbón calificó de “tomada de pelo” el fallo contra Cristina y lanza campaña internacional por su absolución
El abogado de la ex presidenta confirmó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e impulsa una ofensiva global bajo el lema “Cristina Libre”, inspirada en la experiencia de Lula Da Silva. Acusa a la Corte Suprema de emitir una sentencia “ilegal, inconstitucional y arbitraria”.
Presentación ante la CIDH y estrategia internacional
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el fallo que ratificó su condena en la Causa Vialidad. En esa causa, la expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la obra pública durante su gestión.
Dalbón anticipó que esa acción judicial será acompañada por una campaña de carácter internacional bajo el lema “Cristina Libre”. La iniciativa, según explicó, se inspira en la estrategia que se desplegó en Brasil durante la detención del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, cuando también fue víctima de una sentencia cuestionada y finalmente anulada.
“Vamos a hacer todas las presentaciones que correspondan. Las irregularidades saltan a la vista. Hasta un estudiante de derecho las detectaría”, sostuvo el letrado en diálogo con Radio Splendid.
Críticas a la Corte y acusaciones de “condena política”
Dalbón arremetió contra la Corte Suprema por confirmar la sentencia sin, según afirmó, haber revisado a fondo el expediente judicial. “La Corte ni siquiera pidió la causa. Se la sacaron de encima rápidamente y no tocaron el fondo de la cuestión. ¿Qué les costaba mirar la causa?”, se preguntó.
El abogado insistió en que la sentencia tiene un claro sesgo político. “No hay nadie que tenga duda de que fue una condena política y no jurídica. Nadie duda de las irregularidades que marcaron la sentencia. Es una tomada de pelo”, aseguró.
La Causa Vialidad, iniciada hace más de una década, apunta contra Cristina Kirchner por supuestas maniobras de direccionamiento en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo fue ratificado por la Corte Suprema el pasado 11 de junio, y dejó firme la inhabilitación perpetua de la expresidenta.
Dalbón se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica
Dalbón expresó que confía en que la CIDH avanzará con una recomendación que obligue al Estado argentino a anular el fallo. “En virtud del Pacto de San José de Costa Rica, la CIDH seguramente va a recomendar la anulación del juicio”, afirmó, y añadió que desde 2020 “las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos son vinculantes”.
El letrado ya había hecho presentaciones ante organismos internacionales en defensa de Cristina Kirchner, aunque esta vez parece apuntar a una campaña más articulada, con proyección internacional, destinada a presionar públicamente al sistema judicial argentino.
El proceso contra Lula Da Silva, del cual se toma el modelo, fue anulado por la Corte Suprema de Brasil en 2021, al declarar la parcialidad del juez Sérgio Moro, quien luego se convirtió en ministro del entonces presidente Jair Bolsonaro. Esa anulación le permitió a Lula postularse y ser elegido nuevamente presidente en 2022.
Contexto político y repercusiones
La reactivación del caso judicial contra Cristina Kirchner se produce en un contexto de fuerte tensión política, marcado por los intentos del oficialismo de Javier Milei por acorralar judicial y políticamente a referentes del peronismo.
En paralelo, referentes del kirchnerismo apuntan a una estrategia de persecución mediática, judicial y política, bajo la lógica del lawfare, que ya fue denunciada por organismos internacionales como el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD).
Mientras tanto, sectores del oficialismo celebraron la decisión de la Corte como un acto de “reafirmación institucional”. Desde el entorno de la expresidenta, en cambio, afirman que se trata de “una maniobra para proscribirla”.
La ofensiva judicial y mediática que rodea a Cristina Kirchner sigue generando tensión institucional en el país. Con el relanzamiento de la campaña “Cristina Libre” y la presentación ante la CIDH, el kirchnerismo busca internacionalizar el reclamo y reposicionar a la ex mandataria en el escenario público, mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su enfrentamiento con el peronismo. El desenlace judicial de este nuevo capítulo todavía está por escribirse, pero promete escalar en los próximos meses.
Puntos clave
- Dalbón confirmó que presentarán el caso ante la CIDH.
- Impulsan la campaña internacional “Cristina Libre”, basada en el modelo de Lula.
- Acusan a la Corte de dictar un fallo “ilegal, inconstitucional y arbitrario”.
- El abogado se ampara en el Pacto de San José de Costa Rica.
- El kirchnerismo sostiene que se trata de un caso de lawfare.
Investigación 🔎
Randazzo declaró en la causa Cuadernos: no recibió órdenes de Cristina y desmarcó su gestión de Jaime y Schiavi
El exministro de Interior y Transporte compareció este martes ante el Tribunal Oral Federal N°7 como testigo en el juicio oral por la Causa Cuadernos. Destacó su propia gestión, sostuvo que siempre contó con el apoyo de la expresidenta y afirmó desconocer la dinámica de las administraciones anteriores en el área de Transporte, donde sus antecesores Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi son juzgados como imputados.
Florencio Randazzo se presentó este martes 18 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOCF 7) para declarar como testigo en el juicio oral de la Causa Cuadernos, el expediente que investiga el presunto cobro sistemático de sobornos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su declaración, esperada con expectativa por las partes, terminó siendo un relato de gestión propia y de distancia prudente respecto de todo lo que ocurrió antes de que él asumiera el control del área de Transporte en 2012.
El dato más relevante de la jornada fue político y jurídico a la vez: Randazzo no aportó ningún elemento que pudiera perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner, y sí reivindicó explícitamente el respaldo que recibió de la entonces presidenta para llevar adelante su gestión. «Siempre tuve libertad para llevar adelante la gestión y cuestiones vinculadas a darle transparencia. Siempre me sentí apoyado por la presidenta de la nación, en todo», declaró ante el tribunal.
Al concluir su interrogatorio, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, le devolvió un «Gracias, Florencio» que sintetizó la lectura de la defensa sobre el testimonio.
Distancia con Jaime, Schiavi y Baratta
Los antecesores de Randazzo en el área de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, se sientan en el banquillo de los imputados como parte de la presunta asociación ilícita que, según la acusación fiscal, lideró Cristina Kirchner para recaudar retornos de empresarios contratistas. La fiscalía sostiene que esos retornos equivalían al 5% de los subsidios públicos otorgados a empresas del sector.
Randazzo se desmarcó con precisión quirúrgica de ese esquema. Aseguró que no tuvo relación con Jaime, con Schiavi, ni con Roberto Baratta, la mano derecha del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, otro de los imputados centrales del proceso. «Jamás me mencionaron a Roberto Baratta», sostuvo. Al ser consultado sobre la gestión anterior, dijo sin ambigüedades: «No sé antes porque no estuve». Y sobre el reemplazo de Jaime por Schiavi en la Secretaría de Transporte, respondió: «No tengo por qué saber por qué lo reemplazaron».
Sobre De Vido, con quien compartió gabinete hasta que el área de Transporte pasó a depender de su cartera en 2012, Randazzo afirmó: «Nunca tuve ningún problema». Lo mismo dijo de José López y de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner cuya fortuna oculta se convirtió en uno de los ejes de la investigación.
El kirchnerismo llegó después de la tragedia de Once
La cronología importa para entender el alcance del testimonio. Randazzo ingresó al gabinete de Cristina Kirchner en 2007 como ministro del Interior. Recién en 2012, tras la tragedia de Once, que costó la vida a 51 personas y dejó al descubierto el nivel de degradación del sistema ferroviario bajo las gestiones de Jaime y Schiavi, la expresidenta decidió transferir el área de Transporte a su cartera.
Fue, paradójicamente, la catástrofe producida bajo la gestión de quienes hoy son sus copreocesados en el mismo juicio, la que habilitó a Randazzo a hacerse cargo de un área que debió sanear. El exministro lo recordó con tono casi histórico: «Los ferrocarriles explican parte de la tragedia argentina. Si uno quiere mirar la tragedia argentina, es solamente observar qué fue pasando en materia ferroviaria».
Esa distancia temporal y funcional fue el escudo que Randazzo utilizó en el estrado para deslindarse de la trama que investiga el TOCF 7.
Reuniones con empresarios y el contexto del juicio
El exministro admitió haber participado de reuniones con empresarios del sector, algunas de más de 40 personas, en las que estuvieron presentes, entre otros, Gabriel Romero y Aldo Benito Roggio, dos de los empresarios que también son juzgados en este proceso. La acusación sostiene que ambos pactaron el pago de retornos con los exsecretarios de Transporte. Randazzo no vinculó esas reuniones con ninguna irregularidad.
Su declaración tuvo, según las crónicas del debate, un tono electoral que se coló en varios pasajes: habló de «años y años de desinversión», de un servicio «desmejorado» y de una «falta de compromiso» en gestiones anteriores. También señaló a la dirigencia sindical como «parte del problema». Más allá del juicio oral, Randazzo tiene una historia política con Cristina Kirchner marcada por el quiebre: en 2015 quiso competir por la presidencia y la expresidenta se inclinó por Daniel Scioli; en 2017 se presentó como candidato a senador por fuera del kirchnerismo y obtuvo apenas el 5% de los votos.
El contexto del juicio y la audiencia anterior
La audiencia de este martes se inscribe en una etapa de testimoniales que el TOCF 7 viene desarrollando con ritmo sostenido. En la audiencia del jueves 13 de agosto declaró Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y exsubsecretario de Transporte Aerocomercial durante el gobierno de Néstor Kirchner. Cirielli relató haber visto cambios llamativos en el nivel de vida del exsecretario Ricardo Jaime y refirió versiones de su secretaria sobre bolsos con dinero que se trasladaban a la Casa Rosada. El propio Cirielli aclaró que esas afirmaciones eran «deducciones» y que nunca fue testigo directo del contenido de los bolsos ni de las reuniones.
La Causa Cuadernos lleva años en los tribunales y ha acumulado una serie de impugnaciones sobre la validez de sus pruebas centrales: los cuadernos del remisero Oscar Centeno, cuya autenticidad fue cuestionada por peritajes que detectaron irregularidades. Cristina Kirchner ha sostenido reiteradamente que el expediente es parte de un proceso de lawfare orquestado desde el denominado «Partido judicial» de Comodoro Py, y su defensa trabaja en planteos de nulidad que aún tramitan en instancias superiores.
Puntos clave
- Randazzo declaró como testigo ante el TOCF 7 en el juicio oral de la Causa Cuadernos y no aportó elementos que perjudiquen a Cristina Kirchner.
- Afirmó haber tenido «siempre el apoyo» de la entonces presidenta durante su gestión al frente del Ministerio de Interior y Transporte.
- Se desmarcó de sus antecesores Jaime y Schiavi, imputados en el mismo proceso, sosteniendo que desconocía la dinámica de las gestiones anteriores.
- Negó haber tenido vínculos con Roberto Baratta, José López y Daniel Muñoz, figuras clave del esquema investigado.
- La Causa Cuadernos acumula cuestionamientos sobre la autenticidad de sus pruebas centrales, mientras la defensa de CFK impulsa planteos de nulidad.
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