Los jueces de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se preparan para decidir este miércoles si confirman o revocan la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo que marcará el rumbo del caso Vialidad.

La audiencia, prevista para las 11 de la mañana, está en el centro de la atención nacional en medio de una fuerte custodia policial en los tribunales de Comodoro Py y una clase abierta en rechazo al “lawfare”, organizada por dirigentes y grupos afines a Fernández de Kirchner.

Vínculos y denuncias: los jueces y su relación con Mauricio Macri

El fallo de Casación está envuelto en controversia debido a las conexiones de sus jueces con el ex presidente Mauricio Macri, quien impulsó el caso Vialidad a través de sus funcionarios en 2016.

Según las fuentes Hornos y Borinsky visitaron a Macri en múltiples ocasiones en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, sin informar a sus colegas en la magistratura.

Hornos explicó que mantenía una “relación social” con el ex mandatario, aunque este vínculo generó pedidos de renuncia entre sus pares.

Las reuniones de Borinsky con Macri se habrían repetido en al menos 16 oportunidades. Aunque el juez defendió su relación con el ex presidente bajo el argumento de que se trataban de encuentros de “tenis y reuniones sociales”, medios afines al kirchnerismo lo acusan de falta de transparencia en sus decisiones judiciales, que frecuentemente habrían favorecido los intereses del macrismo. Recientemente, su nombre sonó como posible candidato de Javier Milei para la Procuración General de la Nación, un cargo que requiere del apoyo del Senado.

Cristina y su acusación de “lawfare”

Fernández de Kirchner cuestionó abiertamente a los camaristas y señaló que la sentencia en su contra forma parte de un proceso de persecución política.

En su cuenta de Twitter, la ex presidenta se refirió a Hornos, Borinsky y Barroetaveña como “Los copitos de Comodoro Py”, en alusión al grupo de personas acusadas de intentar asesinarla. “Si no me mataron, tengo que estar presa”, expresó, refiriéndose a un artículo publicado por el diario Clarín con el titular “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

Denuncias y recusaciones previas contra los jueces de Casación

La imparcialidad de los jueces de Casación en este caso ha sido cuestionada en numerosas ocasiones.

El juez Hornos, además de su vinculación con Macri, enfrenta una denuncia de violencia de género por parte de su ex pareja, quien lo acusó de abuso y amenazas.

Este antecedente llevó a los abogados de Fernández de Kirchner a pedir su recusación en la causa Vialidad, aduciendo que Hornos carecía de la formación y las garantías de imparcialidad necesarias para evaluar el caso. A pesar de estos planteos, sus colegas decidieron mantenerlo en el tribunal.

Por su parte, Barroetaveña, designado en Casación por Macri en 2018, fue cuestionado recientemente tras una controvertida decisión en la causa Cuadernos, en la que votó a favor de excluir del proceso judicial a Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente.

La Cámara de Casación argumentó que Calcaterra solo hizo “aportes de campaña irregulares” y no pagó sobornos. Este fallo generó críticas de legisladores de la oposición y de organismos de la sociedad civil que denunciaron un “blindaje” a Calcaterra y su conexión con el macrismo.

Los orígenes de la causa Vialidad

El caso Vialidad nació en 2016, cuando el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ordenó una auditoría sobre las obras adjudicadas a la empresa de Báez en Santa Cruz. La investigación, centrada en supuestas irregularidades y sobreprecios en 51 obras públicas, fue impulsada desde el inicio con un sesgo político, según denuncian dirigentes del kirchnerismo. Durante el juicio, el ingeniero Justo Pastor Romero, uno de los auditores de Vialidad, aseguró: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia”. Aun así, la causa avanzó y derivó en la condena a Fernández de Kirchner.

El fallo de este miércoles en Casación no pondrá fin al caso, ya que cualquiera sea el resultado, la sentencia deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el proceso ya cumplió su objetivo: servir como una herramienta de proscripción política para Fernández de Kirchner, quien deberá esperar la decisión de la Corte para determinar si podrá participar en futuras elecciones.