Lawfare
Comodoro Py custodiado: quiénes revisan la condena a Cristina
Sentencia en vivo. Dudas sobre la imparcialidad de
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se preparan para decidir este miércoles si confirman o revocan la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo que marcará el rumbo del caso Vialidad.
La audiencia, prevista para las 11 de la mañana, está en el centro de la atención nacional en medio de una fuerte custodia policial en los tribunales de Comodoro Py y una clase abierta en rechazo al “lawfare”, organizada por dirigentes y grupos afines a Fernández de Kirchner.
Vínculos y denuncias: los jueces y su relación con Mauricio Macri
El fallo de Casación está envuelto en controversia debido a las conexiones de sus jueces con el ex presidente Mauricio Macri, quien impulsó el caso Vialidad a través de sus funcionarios en 2016.
Según las fuentes Hornos y Borinsky visitaron a Macri en múltiples ocasiones en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, sin informar a sus colegas en la magistratura.
Hornos explicó que mantenía una “relación social” con el ex mandatario, aunque este vínculo generó pedidos de renuncia entre sus pares.
Las reuniones de Borinsky con Macri se habrían repetido en al menos 16 oportunidades. Aunque el juez defendió su relación con el ex presidente bajo el argumento de que se trataban de encuentros de “tenis y reuniones sociales”, medios afines al kirchnerismo lo acusan de falta de transparencia en sus decisiones judiciales, que frecuentemente habrían favorecido los intereses del macrismo. Recientemente, su nombre sonó como posible candidato de Javier Milei para la Procuración General de la Nación, un cargo que requiere del apoyo del Senado.
Cristina y su acusación de “lawfare”
Fernández de Kirchner cuestionó abiertamente a los camaristas y señaló que la sentencia en su contra forma parte de un proceso de persecución política.
En su cuenta de Twitter, la ex presidenta se refirió a Hornos, Borinsky y Barroetaveña como “Los copitos de Comodoro Py”, en alusión al grupo de personas acusadas de intentar asesinarla. “Si no me mataron, tengo que estar presa”, expresó, refiriéndose a un artículo publicado por el diario Clarín con el titular “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.
Denuncias y recusaciones previas contra los jueces de Casación
La imparcialidad de los jueces de Casación en este caso ha sido cuestionada en numerosas ocasiones.
El juez Hornos, además de su vinculación con Macri, enfrenta una denuncia de violencia de género por parte de su ex pareja, quien lo acusó de abuso y amenazas.
Este antecedente llevó a los abogados de Fernández de Kirchner a pedir su recusación en la causa Vialidad, aduciendo que Hornos carecía de la formación y las garantías de imparcialidad necesarias para evaluar el caso. A pesar de estos planteos, sus colegas decidieron mantenerlo en el tribunal.
Por su parte, Barroetaveña, designado en Casación por Macri en 2018, fue cuestionado recientemente tras una controvertida decisión en la causa Cuadernos, en la que votó a favor de excluir del proceso judicial a Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente.
La Cámara de Casación argumentó que Calcaterra solo hizo “aportes de campaña irregulares” y no pagó sobornos. Este fallo generó críticas de legisladores de la oposición y de organismos de la sociedad civil que denunciaron un “blindaje” a Calcaterra y su conexión con el macrismo.
Los orígenes de la causa Vialidad
El caso Vialidad nació en 2016, cuando el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ordenó una auditoría sobre las obras adjudicadas a la empresa de Báez en Santa Cruz. La investigación, centrada en supuestas irregularidades y sobreprecios en 51 obras públicas, fue impulsada desde el inicio con un sesgo político, según denuncian dirigentes del kirchnerismo. Durante el juicio, el ingeniero Justo Pastor Romero, uno de los auditores de Vialidad, aseguró: “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia”. Aun así, la causa avanzó y derivó en la condena a Fernández de Kirchner.
El fallo de este miércoles en Casación no pondrá fin al caso, ya que cualquiera sea el resultado, la sentencia deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el proceso ya cumplió su objetivo: servir como una herramienta de proscripción política para Fernández de Kirchner, quien deberá esperar la decisión de la Corte para determinar si podrá participar en futuras elecciones.
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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