El Gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles en la eliminación del Fondo Fiduciario del Programa PROCREAR, un sistema de créditos accesibles que desde 2012 permitió que miles de argentinos lograran acceder a su primera vivienda. La medida, confirmada mediante el Decreto 1018/2024, también habilita una nueva herramienta de financiamiento: las “hipotecas divisibles”, una iniciativa que permite subdividir deudas hipotecarias en unidades independientes, especialmente para proyectos inmobiliarios.

Según el Boletín Oficial, el decreto establece que el Fondo Fiduciario creado en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner queda disuelto, delegando en el Ministerio de Economía la responsabilidad de liquidación y administración de los bienes asociados al programa. La cartera liderada por Luis Caputo manejará los activos y pasivos pendientes, asegurando que las obligaciones dinerarias se cubran con los créditos otorgados y los fondos obtenidos de la venta de bienes.

El impacto del PROCREAR en la sociedad

Desde su creación, el PROCREAR se destacó como una política pública que buscaba facilitar el acceso a la vivienda para miles de familias argentinas. En sus inicios, el programa ofrecía créditos a tasa cero y financiamiento a largo plazo, de hasta 30 años, para la compra y construcción de viviendas, así como para la instalación de redes de servicios básicos como gas natural.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, entre 2012 y 2015, se construyeron alrededor de 120 mil viviendas gracias al PROCREAR, distribuidas entre créditos individuales y desarrollos urbanísticos. A partir de 2021, el PROCREAR II habilitó 65 mil nuevos créditos para la construcción de viviendas y avanzó con el 83% de las obras, destacándose como un motor de inclusión, dinamismo económico y planificación territorial en diversas regiones del país.

El PROCREAR también incluía un catálogo de prototipos de vivienda accesible, cuyos modelos podían ser seleccionados gratuitamente por los beneficiarios. Esta iniciativa no sólo ofrecía soluciones habitacionales, sino que impulsaba el empleo, la integración y el arraigo de comunidades en ciudades y pueblos con necesidades habitacionales.

Hipotecas divisibles: ¿una solución o un problema?

En paralelo a la eliminación del PROCREAR, el Decreto 1018/2024 introdujo la figura de las hipotecas divisibles. Estas hipotecas permiten que la deuda de un inmueble se fraccione, asignando a cada unidad su parte correspondiente de la hipoteca original. Esta herramienta, de uso común en desarrollos inmobiliarios, facilita la venta de unidades sin necesidad de liquidar toda la deuda hipotecaria de la propiedad.

La medida busca incentivar la inversión privada y reactivar la economía mediante el acceso al crédito hipotecario. Sin embargo, el contexto económico actual, con tasas elevadas y restricciones salariales, plantea un serio desafío para los potenciales beneficiarios, quienes enfrentarán cuotas altas en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Críticas a la medida y el fin de una política inclusiva

La disolución del PROCREAR marca un quiebre en las políticas de vivienda inclusiva que permitían el acceso de familias de clase media y baja a una solución habitacional. Además, las hipotecas divisibles suponen un cambio que prioriza el desarrollo inmobiliario privado, con poca consideración hacia quienes tienen menos posibilidades de afrontar las condiciones actuales del mercado.

Luciano Scatolini, ex secretario de Desarrollo Territorial, resaltó el valor del PROCREAR no sólo como un medio para acceder a la vivienda, sino como un pilar para el crecimiento y la cohesión social: “No sólo daba respuestas en un contexto de necesidad de acceso a la vivienda, o de mejorarlas o ampliarlas, sino también como fuente de trabajo, inclusión, planificación urbana, el dinamismo de pueblos y ciudades donde es necesario arraigar a su población garantizándole el derecho a la vivienda”.

Sin el PROCREAR, muchas familias tendrán dificultades para tener acceso al financiamiento para una vivienda propia, mientras, el Gobierno orienta sus políticas a proyectos que, según analistas, favorecerán al mercado inmobiliario y la especulación financiera en lugar de asegurar el acceso universal a la vivienda.