Denuncia
Mesa Judicial: «Vidal mintió descaradamente»
Así lo declaró el diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau
El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (FdT), afirmó hoy que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal “mintió descaradamente” al explicar el caso de la mesa judicial bonaerense que se exhibe en un video sobre una reunión que en 2017 mantuvieron funcionarios bonaerenses, agentes de la AFI y empresarios de la construcción con el propósito de armar causas judiciales a sindicalistas.
Luego de más de 10 días sin dar explicaciones sobre el video hallado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que ya investiga la Justicia, la actual diputada porteña de Juntos por el Cambio señaló en La Nación+ que en su gobierno “no hubo ni mesa judicial ni causas armadas”.
«Vidal mintió descaradamente. Le recomendaría que se busque mejores asesores y abogados, porque si va a decir lo que acaba de decir públicamente va a quedar muy comprometida. En una declaración uno puede mentir o incluso negarse a declarar pero siempre son indicios que te van en contra, más allá de lo que diga el Código Penal”, señaló Moreau en declaraciones a El Destape Radio.
Vidal negó la existencia de una mesa judicial, en relación a un video difundido la semana pasada, en el cual se exhibía una reunión que mantuvieron en 2017 funcionarios de su gobierno, agentes de la AFI, el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción de la capital bonaerense.
En ese encuentro, celebrado en la sede porteña del Banco Provincia, el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, le manifestaba a los presentes que le gustaría contar con una «Gestapo» (la policía política del nazismo) para perseguir y accionar contra los gremios.
Ese registro fue hallado en las instalaciones de la AFI, y en función de su contenido, la interventora del organismo, Cristina Caamaño decidió presentar una denuncia ante la justicia federal de La Plata.

«¿Por qué digo que miente? Porque no son otros los que están siendo investigados. Es ella (Vidal) y sus colaboradores. Si bien es cierto que un mafioso puede ser peligroso, uno que maneja el aparato del estado es cien veces más peligroso”, subrayó.
Y arremetió: “El problema de Vidal es que se dedicó a llevar un plan sistemático de persecución a sindicalistas. Ella asumió como política para acosar a los sindicatos, lo expresa uno de los participantes de la reunión diciendo que le habría gustado tener una Gestapo”.
En ese sentido, el legislador consideró: “Me parece que esa declaración la expone más de lo que ya está expuesta y demuestra claramente que miente a troche y moche”.
Con respecto a la labor parlamentaria tras crearse una subcomisión de investigación del caso, Moreau adelantó: “Vamos a citar a (al procurador bonaerense Julio) Conte Grand a la comisión, también a los empresarios que participaron de la reunión para el martes y así a tantos otros”.
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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