Amigos, productoras y TV Pública: la nueva veta de la investigación contra Adorni

★ El cerco judicial sobre el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estrechó este miércoles con nuevas medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. Según confirmaron fuentes judiciales, el magistrado ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, estrecho amigo del funcionario. La medida busca detectar irregularidades en las contrataciones de su productora, ImHouse, con la Televisión Pública, organismo que depende de la Secretaría de Comunicación y tiene como terminal jerárquica a la Jefatura de Gabinete.

La ruta de las dádivas en la TV Pública

La investigación intenta determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. La orden de Lijo alcanza no solo a los contactos de Grandio, sino también a las comunicaciones cruzadas con el presidente de la productora, Horacio Silva. Esta medida es la continuidad del procedimiento realizado semanas atrás, cuando el juez motorizó un oficio para que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ingresara a la TV Pública con el fin de recolectar documentación oficial sobre los contratos de ImHouse.

La sospecha de la justicia radica en la posible utilización de vínculos personales para el beneficio de terceros con fondos estatales, en un contexto donde el área de comunicación está bajo el mando directo de Adorni. Mientras el Gobierno nacional impulsa el cierre o vaciamiento de medios públicos, la productora del amigo del jefe de ministros logró cerrar acuerdos comerciales que hoy son objeto de pericias tecnológicas y auditorías documentales.

Hipotecas y herederos bajo sospecha

En una jornada de intensa actividad en los tribunales de Comodoro Py, también se produjo la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que aparecen como prestamistas de Adorni. Miano declaró en el marco de la investigación por la compra-venta de uno de los departamentos situados en el barrio porteño de Caballito. Este inmueble, según consta en el expediente por enriquecimiento ilícito, se escrituró por 230.000 dólares, de los cuales el funcionario solo habría aportado 30.000 dólares iniciales, financiando el resto mediante hipotecas con particulares.

Este testimonio resulta clave para contrastar la versión del oficialismo sobre el origen del patrimonio familiar. Cabe recordar que Adorni acumula deudas y gastos por más de 800.000 dólares, incluyendo refacciones de lujo con jacuzzi y cascada pagadas en efectivo. La declaración de Miano busca arrojar luz sobre la veracidad de esos préstamos otorgados por adultos mayores, una maniobra que la justicia analiza como una posible ingeniería para blanquear fondos no declarados mientras el funcionario ostenta el tercer lugar en la jerarquía del mando gubernamental.

Puntos clave:

• El juez Ariel Lijo ordenó el cruce de llamadas y mensajes del productor Marcelo Grandio.
• Se investigan contratos de la productora ImHouse con la Televisión Pública.
• La Justicia sospecha de dádivas y negociaciones incompatibles con el cargo de Adorni.
• Declaró Leandro Miano, hijo de una de las «prestamistas» de los departamentos de Caballito.
• El caso se suma a la investigación por un patrimonio injustificado de 840.000 dólares.