Gremiales
#1F: Una multitud se agolpó frente al Palacio de Tribunales
Desde las 18 Plaza Lavalle fue testigo de la convocatoria contra la Corte Suprema, de la que participaron dirigentes y gremios de las grandes centrales de trabajadores, funcionarios, legisladores y referentes del arco político, social y judicial de la Argentina.
La marcha en reclamo por una «democratización de la justicia» se realizó este martes en intermediaciones del Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas.
De la convocatoria en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, participaron, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
También estuvieron presentes el dirigente social Luis D’Elia, y uno de los grandes organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla.
El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial «se transforme en un servicio de justicia» y no quede reducido a una «protección a intereses que no son los propios de los argentinos».

Algunas de las consignas que los manifestantes plantearon al corresponsal de El Argentino en el lugar:
- Salimos a las plazas de todo el país para que terminen con el Lawfare.
- Necesitamos una Corte con perspectiva de género y mirando a los sectores más vulnerable de la sociedad.
- Esta Corte se tiene que ir porque porque es corrupta y siempre le da la mano a la derecha.
- Necesitamos una Corte que vuelva a tomar como bandera el derecho a los derechos humanos.
- Queremos una Corte de deje de perseguir a los trabajadores y trabajadoras.
- Queremos una Corte sin ningún privilegio subordinada a los intereses soberanos de nuestro pueblo.
- Exigimos una Corte digna y soberana de nuestro país.
- La Corte se tiene que ir porque es ilegítima.
- Necesitamos que la Corte escuche al pueblo argentino sin amañar fallos a los secretos concentrados.
Asistiren a la convocatoria organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otras entidades.
Las tres principales consignas del acto -que se replicó también, en paralelo, en distintos puntos del país- son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.
El partido Frente Grande acompañó la manifestación frente al Palacio de Tribunales «con expectativas y esperanzas» de que se produzca un cambio en la Justicia argentina..
D’Elía sostuvo que «la Corte deja mucho que desear en términos de independencia y está subordinada a intereses que no tienen nada que ver con la justicia en la Argentina». Por ello, consideró que hoy «a las 8 de la noche la Corte Suprema tiene que presentar su renuncia e irse».
El sindicato docente Suteba también convocó a la manifestación por una «Justicia Independiente y Democrática» y anunciaron que marcharían desde las 16 desde el Obelisco al Palacio de Tribunales.
El diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que el máximo tribunal «tiene que rendirle cuentas a la sociedad» y por este motivo «es legítimo que la gente se exprese» en la movilización.
Por otro lado, dirigentes y referentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron la convocatoria y señalaron que se trata de una expresión que conlleva un mensaje de «gravedad institucional» a la escena política.
Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aclaró que el Gobierno «no toma postura» respecto a la movilización.
«El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organizan los sectores políticos de la sociedad. Las manifestaciones forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno», subrayó.
No obstante, la funcionaria aclaró que «la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza del Poder Judicial, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida».
Desregulación
Retiros voluntarios en el Estado: ATE denuncia presión y marcha a Olivos
El Decreto 1203/2026 alcanza a unos 20.000 empleados, según Sturzenegger, y a 21.187, según ATE; quien adhiera no podrá volver al Estado por ocho años y su cargo se elimina del presupuesto. El gremio habla de “despido extorsivo” y se moviliza el miércoles a la Quinta de Olivos.
Quien firme el retiro voluntario no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años y su cargo desaparecerá del presupuesto. Esa es la letra del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei busca reducir la planta estatal, y que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó como un “despido extorsivo”.
El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Crea un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada, con compensaciones económicas divididas en tres grupos de beneficiarios. Sturzenegger presentó la medida en su cuenta de X y estimó que unos 20.000 empleados están en condiciones de adherir; ATE, en cambio, elevó el universo alcanzado a 21.187 trabajadores.
Qué establece el decreto
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogarla por única vez, hasta 30 días corridos. El monto de la compensación depende de la edad y la antigüedad, con un máximo de hasta 25 sueldos. Los cargos de quienes se vayan serán eliminados del presupuesto y esas bajas no podrán usarse para justificar el ingreso de personal nuevo.
Quienes adhieran no podrán trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años bajo ninguna modalidad, con la excepción de la docencia en universidades nacionales; quien reingrese antes de tiempo deberá devolver parte de lo cobrado. Sturzenegger justificó esa cláusula en X: “Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración”. Y defendió el esquema con otra frase: “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”.
Anotarse no garantiza la salida. Según el decreto, cada ministerio puede rechazar una solicitud para asegurar la continuidad de los servicios, y alcanza con invocar esa causa como fundamento. La administración tiene 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, y si no contesta se entiende que la solicitud fue rechazada. La cláusula deja la última palabra en manos del Estado empleador: la adhesión depende menos de la voluntad del trabajador que de la decisión del ministerio.
Quedan excluidos, entre otros, quienes tengan un sumario abierto que pueda terminar en cesantía, un reclamo laboral contra el Estado del que no desistan o el trámite jubilatorio iniciado. Según ATE, quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberán renunciar a ese cargo para adherir.
“No es retiro voluntario”: la respuesta de ATE
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el régimen de plano. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, sostuvo en un comunicado del gremio.
El dirigente cuestionó el carácter voluntario del plan: “Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”. Denunció además que las expresiones de los funcionarios son “o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo”. Se trata de una denuncia del gremio cuyo contenido aún no se confirmó.
Aguiar recordó que en los años noventa también se presentaron los retiros como una oportunidad y que “los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. Y apuntó contra el ministro: “Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”.
El régimen se suma a una política de reducción de la planta que el propio Sturzenegger cifró en más de 77 mil empleados estatales desvinculados desde el inicio de la gestión libertaria.
La marcha a Olivos
ATE se movilizará el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”. Aguiar explicó por qué eligió ese destino: “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”.
La protesta incluye además un pliego de reclamos: la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos, el pluriempleo y el endeudamiento, la desvalorización de la carrera estatal, los despidos y la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos. Para el gremio, el retiro voluntario es una pieza más de un esquema de ajuste sobre el empleo público.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1203/2026, firmado por Milei, Santilli y Sturzenegger, creó un régimen de retiro voluntario para la Administración Pública Nacional centralizada.
- La inscripción va del 1 al 30 de noviembre, con una prórroga posible de hasta 30 días, y la compensación llega hasta 25 sueldos.
- Quienes adhieran no pueden volver al Estado durante ocho años y sus cargos se eliminan del presupuesto.
- Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados elegibles; ATE habla de 21.187 trabajadores alcanzados.
- ATE marcha el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta de Olivos.
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