Por Ian Werbin

La familia de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que murió asfixiada y de manera traumática el pasado 10 de abril en una comisaría de la localidad bonaerense de Derqui, negó que la víctima se haya suicidado, denunció «terribles irregularidades» en el accionar de los agentes policiales que estaban de turno al momento en la dependencia, y pidió que la fiscalía interviniente actúe «como corresponde» ya que no hay detenidos ni sospechosos por el hecho.

En tanto, fuentes judiciales aseguraron que se esperan los informes médicos de la fallecida y señalaron que por el momento no se evalúa detener a los policías que se encontraban en la comisaría 5a. de Pilar al momento de la muerte de Sofía (39).

Por su parte, la sobrina de la víctima, Vanesa (36), afirmó a Télam que quiere «saber la verdad, limpiar el nombre de mi tía y que se esclarezca su muerte».

Según contó la mujer, su tía había estudiado el profesorado de Literatura, vivía en la zona de Villa Rosa, a unos kilómetros de Derqui, en una casa de la que compartía el terreno junto a su hermana y tenía planeado comenzar la carrera de enfermería el 17 de abril último.

«Se había comprado todos los elementos para arrancar a estudiar. Estaba muy entusiasmada, tenía varios planes a futuro», comentó la sobrina de Sofía.

Vanesa señaló que la «pesadilla» comenzó la tarde del 8 de abril, cuando Sofía fue detenida por un supuesto «robo por escalamiento» en la mencionada localidad, el cual consideró «muy extraño».

«Uno de los policías se presentó en su casa y nos informó que la habían detenido porque la encontraron perdida. Unos momentos después, otro nos dijo que había sido por un robo. Realmente no sabemos por qué la privaron de su libertad, dieron muchas versiones confusas y contradictorias», recordó.

Al respecto, Vanesa sostuvo que su tía no tenía antecedentes penales y que durante los tres días que pasó alojada en la Comisaría 5ta. de Derqui nunca la dejaron comunicarse con su familia.

«Hasta el domingo, toda la familia intentó contactarse con ella, pero nunca le permitieron un llamado desde la comisaría. Ella estaba en su derecho de tener una llamada», reclamó.

Sin embargo, el martes siguiente a su detención, personal de Gendarmería Nacional (GNA) se presentó en el domicilio de la hermana de Sofía Fernández para informarle que «estaba sin vida en su celda» y que la causa de su defunción había sido «una muerte súbita».

Dicha versión fue luego descartada por la autopsia, que indicó que Sofía había fallecido producto de una «asfixia por estrangulamiento», lo cual sugirió a los pesquisas que el deceso había sido «traumático».

En cuanto a la hipótesis de que Fernández se haya suicidado, su sobrina Vanesa lo negó rotundamente.

«Sabemos dos cosas: que ella estaba sola en la celda y que tampoco tenía intenciones de matarse. Ahora no nos dicen más nada a nosotros. Solo nos dicen que están investigando», señaló en referencia al fiscal que interviene en la causa, Gonzalo Agüero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar.

Por otro lado, en un comunicado difundido por la red social Facebook, familiares de Sofía catalogaron el hecho como «terriblemente irregular», a la vez que pidieron que «se separe de sus funciones a todos los efectivos policiales de la comisaría 5ta.» y que «se cambie la fiscalía» que investiga lo sucedido.

«Desde la fiscalía, en vez de mostrarle a la familia testimonios, los datos de la autopsia o información relevante de la investigación, sólo los interrogan para conocer ´la historia de vida´, haciendo preguntas personales sobre qué hacía y cómo vivía», publicaron allegados a la víctima, quienes crearon un grupo en la mencionada red social bajo el nombre «Justicia por Sofi Fernández».

Desde esa plataforma, los familiares de la mujer trans, junto a agrupaciones feministas, realizaron una manifestación frente a la sede de la UFI 4 de Pilar, emplazada en la avenida Tucumán al 500 del mencionado partido del norte del conurbano bonaerense, para reclamar que se acelere la investigación.

Allí, alrededor de 50 personas reclamaron con carteles y banderas por la «agilización de la causa» y la «inmediata entrega de los expedientes a la familia».

Este caso guarda algunas similitudes con el de Mauricio Castillo (42), quien murió ahorcado el pasado 16 de abril en una comisaría del partido bonaerense de La Matanza en la que estaba detenido por tentativa de robo.

El mencionado hecho tuvo lugar en la comisaría de Lomas del Mirador, en la misma seccional en la que en 2008 fue detenido y torturado Luciano Arruga, el joven que desapareció en enero del año siguiente, tras volver a ser apresado en esa misma jurisdicción, y finalmente fue hallado muerto en 2014.

De acuerdo con los voceros judiciales, Castillo estaba «en tránsito» en la comisaría 4ta.de La Matanza Oeste, situada en la calle Quintana 3249, de Lomas del Mirador, luego de haber sido apresado por personal del Destacamento Policial, con asiento a unas 15 cuadras de distancia, sobre avenida General San Martín.

Hasta ese momento, en el que se iniciaba el sumario policial y se le daba intervención a la fiscal de Instrucción de turno en La Matanza, Andrea Palín, Castillo era el único detenido en la seccional.

Poco después, el apresado fue encontrado muerto en la celda, presuntamente ahorcado con un buzo tipo campera con el que los funcionarios policiales refirieron que se habría colgado del cuello.

Ante esta situación intervino la fiscal de Homicidios de La Matanza, Karina Licalzi, quien inició actuaciones por «averiguación de causales de muerte», a la espera de los resultados de la autopsia.

A su vez, la muerte de Castillo derivó al día siguiente en una protesta en reclamo de justicia frente a la comisaría, donde estuvo presente la fiscal Licalzi y se produjeron incidentes, a raíz de lo cual se inició otra causa penal a cargo de la fiscalía de Instrucción de Analía Córdoba.

Según las fuentes, el informe preliminar de los médicos forenses que estableció que Castillo sufrió una «muerte traumática por asfixia por ahorcamiento» y que no tenía otras lesiones.